El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso una multa de 250.000 reales ($us 50.000) a la coalición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por impulsar «propaganda electoral negativa» contra su rival Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2022.

«El TSE, por unanimidad, juzgó procedente la presentación de la Coalición pelo Brasil y Jair Bolsonaro contra la Coalición Brasil de la Esperanza y Luiz Inácio Lula da Silva, por incentivar la difusión de propaganda electoral negativa en internet», dice la resolución con fecha del 26 de abril, enviada este martes a la AFP.  

El fallo de la autoridad electoral incluye el pago «de una multa de R$ 250 mil» por parte de los denunciados. También determinó que «se abstengan de impulsar» los posteos que fueron objeto de la acción.

La coalición de Bolsonaro denunció que el bando de Lula hubiera promovido un video que a su entender violaba las normas del TSE.

El tribunal brasileño permite promover las candidaturas con contenidos proselitistas para conquistar votos, pero prohíbe divulgar contenidos negativos contra adversarios.

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Lula

El contenido denunciado tildaba al ultraderechista de «incompetente», «mentiroso» e «inhumano», e incluía imágenes del expresidente con expresiones polémicas.  

Por ejemplo, al minimizar el covid o decir que «es una gran mentira» que se pase hambre en Brasil, un país donde casi 64,2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, según datos oficiales.

La campaña se caracterizó por el fuego cruzado y la difusión de noticias falsas de ambos lados.

El entonces presidente Bolsonaro, en desventaja en las encuestas, incluso cuestionó sin pruebas la solidez del sistema electoral y anticipó un fraude. 

Por desinformar sobre el sistema de votación, el ultraderechista fue inhabilitado en 2023 por un periodo de ocho años.

Los candidatos dirimieron la elección en un balotaje en el que triunfó el izquierdista con el 50,9% de los votos, sobre el 49,1% de Bolsonaro. 

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llegó este martes a Israel para impulsar un acuerdo sobre una tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Blinken, que efectúa su séptima gira regional desde el inicio de la guerra hace casi siete meses, pidió previamente en Amán, la capital de Jordania, que Hamás aceptase sin «más demoras» una propuesta de cese el fuego vinculada a la liberación de rehenes en manos del grupo islamista.

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Acuerdo de tregua

«No más demoras. No más excusas. Ahora es el momento de actuar», declaró Blinken en Amán, antes de partir hacia Israel, en el marco de su séptima gira regional desde el inicio de la guerra hace casi siete meses.

Entretanto, El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el martes que Israel lanzará tarde o temprano una ofensiva terrestre contra la Franja de Gaza, haya o no una tregua con Hamás, desoyendo las advertencias sobre el riesgo de un baño de sangre.

Netanyahu hizo esas declaraciones pese a que Estados Unidos, su principal aliado, le pide evitar invadir Rafah, refugio de 1,5 millones de personas desplazadas por la guerra, y horas antes de la llegada a Israel del secretario de Estado, Antony Blinken.

«La idea de que vamos a detener la guerra antes de lograr todos los objetivos está fuera de cualquier discusión». Eso dijo el mandatario israelí a familias de los rehenes secuestrados desde el 7 de octubre por el movimiento islamista Hamás, en el poder en Gaza.

(30/04/2024)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó este martes de que una ofensiva sobre la ciudad gazatí de Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos, sería una «escalada insoportable» y ha exigido a los países que presionen a Israel para evitar esta posibilidad.

«Hago un llamamiento a todos aquellos que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedirlo», ha dicho en rueda de prensa, agregando que esta posible ofensiva tendría «un impacto devastador para los palestinos en Gaza, con graves repercusiones en la Cisjordania ocupada y en toda la región».

Asimismo, Guterres recordó que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como muchos otros Gobiernos «han expresado su rechazo». A esta posible operación por parte del Ejército israelí contra Rafá. Donde se refugian más de un millón de palestinos huidos de otras zonas del enclave bombardeadas por Israel.

«Tienen muy poco para comer, casi ningún acceso a atención médica, poco refugio y ningún lugar seguro al que ir. En el norte de Gaza, los más vulnerables, desde niños enfermos hasta personas con discapacidades, ya mueren de hambre y enfermedades. Debemos hacer todo lo posible para impedir una hambruna totalmente evitable y provocada por el hombre», ha sentenciado.

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Ofensiva sobre Rafah

Las palabras del secretario general se producen después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, haya advertido este mismo martes de que el asalto a gran escala sobre Rafá tendrá lugar «con o sin acuerdo». Todo en plenas negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Precisamente sobre el acuerdo, Guterres ha insistido en rueda de prensa que sin él la guerra podría empeorar «exponencialmente». «Por el bien del pueblo de Gaza, de los rehenes y sus familias en Israel. Por el bien de la región y del mundo en general, aliento encarecidamente al Gobierno de Israel y a los líderes de Hamás a que lleguen ahora a un acuerdo», ha pedido.

El secretario general, no obstante, ha evitado responder a una pregunta de una periodista sobre el papel de Estados Unidos. Se trata del principal socio internacional de Israel, en estas presiones para evitar una ofensiva sobre Rafá.

(30/04/2024)

El jefe de la ONU, Antonio Guterres exigió «que investigadores internacionales independientes tengan acceso inmediato» a los lugares en los que se han encontrado estas fosas comunes «para establecer las circunstancias precisas en las que cientos de palestinos han perdido la vida, han sido enterrados o sepultados dos veces».

«Las familias de los muertos y desaparecidos tienen derecho a saber qué pasó, y el mundo tiene derecho a rendir cuentas por cualquier violación del Derecho Internacional que pueda haber tenido lugar», ha resaltado.

Fosas comunes

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, denunciaron el hallazgo de más de 320 cadáveres en fosas en el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Mientras que otros 30 cuerpos fueron exhumados en las instalaciones del Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza (norte).

Lea: EEUU urge a Hamás a aceptar sin ‘más demoras’ un acuerdo de tregua con Israel

Israel

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, aseguró que el primer ministro Benjamin Netanyahu le ha prometido tras reunirse este martes con él que no pondrá fin a la guerra y entrará en Rafá, ciudad en el sur de la Franja de Gaza en la que se encuentran atrapados más de un millón de palestinos.

Ben Gvir ha revelado que ha «advertido» a Netanyahu de que «Dios no quiera» que «Israel no entre en Rafá». «Ponga fin a la guerra» y «alcance ningún acuerdo inapropiado, y que tras escuchar sus palabras ha accedido a sus demandas.

«Ha prometido que Israel entrará en Rafá, ha prometido que la guerra no terminará y que no habrá ningún acuerdo inapropiado». Eso aseguró en un vídeo que ha publicado a través de sus redes sociales. Fue poco después de que ya Netanyahu advirtiera de que asaltarían la ciudad «con o sin acuerdo» con Hamás.

«Le doy la bienvenida a todo esto. Creo que el primer ministro entiende muy bien lo que significará si esto no sucede», ha celebrado el ministro ultraderechista.

Un total de 10.085 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela durante los últimos diez años, en la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, según un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

«Estos diez años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano», indicó este martes la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.

Los datos responden en su mayoría a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan las muertes ocurridas durante los años 2014 y 2017, de masivas protestas.

La cifra estuvo en aumento hasta 2020, cuando comenzó a descender, según la ONG. La baja, añadió, podría ser porque «efectivamente haya menos asesinatos» o una ausencia de denuncia y reseña en medios.

En 2023, el total de víctimas mortales de estas fuerzas fue de 620, la mayoría de entre 18 y 30 años, siendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la responsable del 30% de los casos.

Consulte: El petróleo, ‘la madre de la corrupción’ en Venezuela

Seguridad

Provea también documentó 1.652 víctimas de tortura durante la gestión del gobierno de Maduro, de las cuales 53 ocurrieron el año pasado.

«Por primera vez en los registros de Provea -desde hace 35 años- la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad», apuntó.

«El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos. A los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social», siguió González.

La ONG advirtió que además de la pobreza, la impunidad, es «la mayor violación de derechos humanos» en Venezuela. Advirtió sobre el aumento de la represión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. En las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.

(30/04/2024)