La Procuraduría General de Brasil pidió hoy al Tribunal Supremo la ejecución inmediata de las penas de 23 de los 25 condenados por las graves corruptelas denunciadas en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con el procurador general de la República, Rodrigo Janot, aunque esos 23 reos tienen derecho a una nueva evaluación de la decisión judicial por uno de los delitos por los que han sido sentenciados, pueden comenzar a cumplir su pena por otras condenas relacionadas con el mismo caso.
De la petición realizada por el procurador están excluidos el exasesor del Partido Progresista (PP) Joao Claudio Genú, y el agente bursátil Breno Fischberg, de la firma Bonus Vanval, que manejó parte del dinero desviado de las corruptelas, debido a fueron condenados por un único delito con derecho a recurso.
Según Janot, la prisión de esos dos condenados sólo podrá ocurrir cuando los últimos recursos sean juzgados por el Supremo Tribunal.
La petición de Janot fue presentada en vísperas de que la corte empiece a decidir si ejecuta de inmediato las sentencias de trece de los 25 condenados por esos escándalos, en los que estuvieron implicados reconocidos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), que en 2002 llevó al poder a Lula.
En agosto pasado, durante la primera fase de apelaciones, el Supremo decidió que doce de los reos ya condenados tendrán derecho a un nuevo juicio, que se celebrará durante el primer semestre de 2014.
Los otros trece sentenciados han podido presentar unos últimos recursos, que la corte analizará a partir de mañana en una nueva fase de apelaciones, y que en caso de ser rechazados llevarían a la ejecución de las sentencias Según consideró probado la corte, cuando Lula ganó las elecciones de 2002, el PT tejió una red de corruptelas que se valió de dinero público para financiar campañas y sobornar a dirigentes de otros cuatro partidos, que al Gobierno la mayoría parlamentaria que no había obtenido por medio del voto.