Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y candidata opositora a un nuevo mandato, y Evelyn Matthei, su rival oficialista, coincidieron ayer en anunciar medidas a favor de las mujeres víctimas de la violencia si ganan el 15 de diciembre.

Bachelet anunció que de ganar las elecciones creará un ministerio de la mujer, igualdad y no discriminación, en reemplazo del Servicio Nacional de la Mujer, y modificará la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y Matthei se reunió con un grupo de mujeres maltratadas y prometió varias medidas a su favor.

En un encuentro con un grupo de parlamentarias de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría, que respalda su candidatura, Bachelet propuso además nuevos planes de salud dental, capacitación y la construcción de nuevas guarderías para favorecer a las mujeres. La exmandataria (2006-2010) ganó con el 46,67% de los votos la primera vuelta electoral, el 17 de noviembre, y disputará la segunda vuelta con la candidata oficialista Evelyn Matthei, que obtuvo el 25,01%.

Durante la reunión, que tuvo por objeto analizar las políticas de género que desarrollará si gana la presidencia, Bachelet insistió en que Chile es uno de los países de Latinoamérica con menos representatividad femenina en el Congreso, 16% en la Cámara de Diputados de 120 escaños y 18% en el Senado de 38 asientos.

En ese contexto, aseguró que en su eventual nuevo gobierno trabajará para que ello cambie y terminar con la violencia intrafamiliar, a fin de incluir “todo tipo de violencia de género”.

En lo que va de este año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en Chile, dos más que los casos ocurridos en 2012.

Matthei, exministra de Trabajo del presidente Sebastián Piñera, dijo que de ganar la presidencia cambiará la legislación sobre tribunales de familia a favor de la mujer para agilizar la labor de los tribunales y anunció un subsidio estatal de vivienda especial para mujeres víctimas. También prometió un incremento del control en el pago de pensiones alimenticias a mujeres separadas, todo ello con el objetivo de reducir la violencia intrafamiliar en Chile.

Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena calificaron ayer como “siniestra y peligrosa” la propuesta de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos de entregar información sobre sus crímenes a cambio de recibir beneficios carcelarios.

“Me parece que estamos frente a una ofensiva muy siniestra y peligrosa”, señaló a los periodistas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

La oferta la hizo el sábado el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la Dina, la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado a más de 300 años de prisión en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.

López dijo que se debe formar “una mesa de diálogo” entre los condenados y los familiares de detenidos desaparecidos para materializar la iniciativa y emplazó al presidente Sebastián Piñera a respaldarla.

“Si el Presidente autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, explicó.
No obstante, el hijo de Contreras, del mismo nombre, no dio crédito a las declaraciones del jurista al señalar que “mi padre aportó toda información que sabe”.

“Él (López) no tiene patrocinio de mi padre para eso. Vamos a comunicarnos con él”, recalcó.

“No sé de qué información está hablando. En ningún momento aquí hay un canje de información, por libertad o beneficios carcelarios, eso no corresponde”, agregó Manuel Contreras al corresponsal de CNN Chile.

Y precisó que “nosotros sólo le dimos patrocinio para el recurso de protección. En ningún momento le hemos dado patrocinio para otras acciones o solicitudes que él mismo ha dicho de una forma muy extraña”, enfatizó. Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 34.000 sufrieron torturas y fueron encarcelados por motivos políticos.

Lorena Pizarro aseguró que con la propuesta del jurista López “se demuestra una vez más que mantienen un pacto de silencio y que no dicen toda la verdad que saben”.

En tanto, la candidata presidencial de la opositora Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dijo ayer en una parada de su campaña que “con crímenes de lesa humanidad no se negocia y que dicha propuesta es inadmisible”.

La exmandataria (2006-2010) afirmó que Contreras ha engañado por años sobre el paradero de los detenidos desaparecidos “y sólo pretende negociar impunidad”.

Bachelet, favorita en las encuestas para las presidenciales de noviembre próximo, enfatizó que si los militares encerrados por violaciones a los derechos humanos tienen información, deberían entregarla y que no hacerlo “es mantener el dolor de los familiares de las víctimas”.

Por su parte, el diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Ulloa sostuvo que “la entrega de antecedentes tiene que ser a cambio de nada”.

“No corresponde pedir nada a cambio y lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubiquen todas las personas que están desaparecidas, ojalá todas”, añadió.

El presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, coincidió con García al señalar que la propuesta “es absolutamente inaceptable, éticamente inmoral”. “Esta interpelación a instalar una mesa que se le hace al presidente Sebastián Piñera es un chantaje inaceptable que no estamos en condiciones de reconocer siquiera”, enfatizó.

La dina era la policía secreta

dictadura La Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por su acrónimo Dina, fue la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1977. La Dina fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinatos, secuestros, tortura de personas.

Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena calificaron ayer como “siniestra y peligrosa” la propuesta de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos de entregar información sobre sus crímenes a cambio de recibir beneficios carcelarios.

“Me parece que estamos frente a una ofensiva muy siniestra y peligrosa”, señaló a los periodistas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

La oferta la hizo el sábado el abogado René López, defensor del general Manuel Contreras, el antiguo jefe de la Dina, la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado a más de 300 años de prisión en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad.

López dijo que se debe formar “una mesa de diálogo” entre los condenados y los familiares de detenidos desaparecidos para materializar la iniciativa y emplazó al presidente Sebastián Piñera a respaldarla.

“Si el Presidente autoriza, podemos entrar a conversar, formar una mesa de diálogo, chequear antecedentes, buscar por ahí y por allá”, explicó.
No obstante, el hijo de Contreras, del mismo nombre, no dio crédito a las declaraciones del jurista al señalar que “mi padre aportó toda información que sabe”.

“Él (López) no tiene patrocinio de mi padre para eso. Vamos a comunicarnos con él”, recalcó.

“No sé de qué información está hablando. En ningún momento aquí hay un canje de información, por libertad o beneficios carcelarios, eso no corresponde”, agregó Manuel Contreras al corresponsal de CNN Chile.

Y precisó que “nosotros sólo le dimos patrocinio para el recurso de protección. En ningún momento le hemos dado patrocinio para otras acciones o solicitudes que él mismo ha dicho de una forma muy extraña”, enfatizó. Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 34.000 sufrieron torturas y fueron encarcelados por motivos políticos.

Lorena Pizarro aseguró que con la propuesta del jurista López “se demuestra una vez más que mantienen un pacto de silencio y que no dicen toda la verdad que saben”.

En tanto, la candidata presidencial de la opositora Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, dijo ayer en una parada de su campaña que “con crímenes de lesa humanidad no se negocia y que dicha propuesta es inadmisible”.

La exmandataria (2006-2010) afirmó que Contreras ha engañado por años sobre el paradero de los detenidos desaparecidos “y sólo pretende negociar impunidad”.

Bachelet, favorita en las encuestas para las presidenciales de noviembre próximo, enfatizó que si los militares encerrados por violaciones a los derechos humanos tienen información, deberían entregarla y que no hacerlo “es mantener el dolor de los familiares de las víctimas”.

Por su parte, el diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Ulloa sostuvo que “la entrega de antecedentes tiene que ser a cambio de nada”.

“No corresponde pedir nada a cambio y lo que tenemos que hacer es el tremendo esfuerzo de que se ubiquen todas las personas que están desaparecidas, ojalá todas”, añadió.

El presidente del Partido Socialista de Chile, diputado Osvaldo Andrade, coincidió con García al señalar que la propuesta “es absolutamente inaceptable, éticamente inmoral”. “Esta interpelación a instalar una mesa que se le hace al presidente Sebastián Piñera es un chantaje inaceptable que no estamos en condiciones de reconocer siquiera”, enfatizó.

La dina era la policía secreta

dictadura La Dirección de Inteligencia Nacional, conocida por su acrónimo Dina, fue la policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1977. La Dina fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinatos, secuestros, tortura de personas.

Más de 60 casas fueron consumidas por un incendio que afectó hoy a los cerros La Cruz y Mariposas de la ciudad chilena de Valparaíso, situada 120 kilómetros al oeste de Santiago, frente al Pacífico.

Según Carabineros el siniestro obligó a la evacuación de los ocupantes de otras 150 viviendas que pudieron verse afectadas después de que un incendio forestal se desatara pasado el mediodía en los cerros antes mencionados.

El presidente Sebastián Piñera que llegó al lugar del siniestro junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, comprometió la ayuda del Gobierno para los damnificados.

«Quiero decirles a las familias afectadas que no los vamos a dejar solos, que los vamos a acompañar, los vamos a apoyar y vamos a colaborar para que puedan recuperar sus viviendas y puedan normalizar lo antes posible sus vidas», añadió el mandatario.

Explicó que se habilitaron en Valparaíso tres albergues para poder acoger a las personas que por razones de seguridad no podrán pernoctar en sus casas.

En este sentido, señaló que «hemos dispuesto un mecanismo de seguridad para que la gente que vaya a los albergues sepa que sus hogares van a estar bien custodiados».

En el combate de las llamas trabajaron personal de bomberos, de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del propio municipio de Valparaíso, las que se pudieron apreciar desde distintos puntos de esa ciudad puerto.

Las características del lugar dificultaron el trabajo aéreo y terrestre de bomberos, ya que el foco del siniestro se localizó entre los cerros y bosques de eucaliptos y pastizales.

El general Julio Pineda, jefe de la Quinta Zona de Carabineros, informó que no se registran personas lesionadas a causa de la emergencia, salvo dos o tres desmayos por inhalación del humo.

En tanto, el ministro Chadwick señaló que a partir de este miércoles se comenzará a realizar el catastro de las viviendas afectadas y que se aplicará el mismo plan que se utilizó en el siniestro de los cerros Rodelillo y Placeres, en febrero pasado, donde se quemaron 150 viviendas.

«Que cada familia tenga la seguridad que su vivienda, su local comercial o su taller va a ser plenamente reconstruido, o bien, vamos a tener la construcción de viviendas nuevas, en el caso que sea imposible hacerlo», indicó el ministro del Interior.

Respecto a la elaboración de algún plan de contingencia para enfrentar un incendio forestal en los cerros, tal como lo han manifestado varios expertos, Chadwick afirmó que en este caso hay signos de intencionalidad y que cualquier plan habría resultado inútil.

«Uno quisiera evitar todos los accidentes, pero en este caso tenemos algunas evidencias que nos ha comunicado tanto bomberos como la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) que habría una acción de terceros de personas, de intencionalidad, y cuando eso ocurre se hacen muy difíciles los planes de prevención», resaltó

El pasado 14 de febrero otro incendio que se propagó rápidamente debido al fuerte viento que se genera en el sector costero, dejó un saldo de más de 1.000 damnificados, 150 viviendas destruidas y 27 personas atendidas en un hospital.

Miles de estudiantes chilenos de enseñanza secundaria y universitaria participaron hoy en una marcha en el centro de Santiago que finalizó con violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

La manifestación, convocada por alumnos de secundaria y de universidades privadas, fue la primera movilización del año con una amplia afluencia de estudiantes, que pretendían volver a poner en la agenda su reclamo de un cambio profundo en el sistema educativo del país.

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), una de las principales agrupaciones de secundarios, y el Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada (Mesup), de reciente aparición, señalaron que unas 20.000 personas participaron en la manifestación.

La columna de manifestantes inició su recorrido en la Universidad de Santiago y enfiló la Alameda, la principal avenida de la capital.

Los primeros choques con la policía ocurrieron unos veinte minutos después, cuando los agentes obligaron a los jóvenes a seguir la movilización por otra calle, de acuerdo al trazado autorizado por las autoridades.

Los convocantes denunciaron que la Intendencia (gobernación) Metropolitana modificó este miércoles a última hora el recorrido, algo que fue rechazado por las autoridades.

Grupos de encapuchados empezaron entonces a lanzar todo tipo de objetos contra la policía, incluso cócteles molotov.

Carabineros (policía militarizada) repelió los ataques con gases lacrimógenos y chorros de agua.

El coronel Hugo Insulza informó que sesenta personas fueron detenidas y un policía resultó herido durante los enfrentamientos.

El oficial cifró en 4.000 personas la participación en la movilización. Insulza aseguró que la mayoría de los asistentes no participaron en los desórdenes, que fueron protagonizados por «un grupo antisistema» identificado por la policía.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lamentó el comportamiento violento de algunos manifestantes y defendió la actuación policial.

«Un grupo nuevamente de estudiantes se siente con derecho a generar desórdenes, a dañar la propiedad a interrumpir el tránsito y a generar violencia en Santiago», dijo en declaraciones a la prensa.

«¿Quién nos defiende de esos vándalos? Carabineros. ¿Quién nos defiende de los encapuchados que usan la violencia cualquiera sea el pretexto? Carabineros», añadió.

Los estudiantes reclaman una educación de calidad y gratuita, en un país donde los jóvenes deben endeudarse en el sistema financiero para financiar sus carreras y la enseñanza básica y media es administrada por los municipios o «sostenedores» privados.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la principal organización estudiantil, ha convocado una gran manifestación a lo largo de todo el país para el próximo 11 de abril.