La infanta Cristina se ha desvinculado totalmente de la gestión de la empresa Aizóon, de la que es propietaria del 50% con su marido, Iñaki Urdangarin. «Yo confiaba en mi marido», ha insistido.
Durante las cinco horas de interrogatorio del juez José Castro, la hija del Rey ha respondido con evasivas a la mayoría de las preguntas y, sobre todo, ha rechazado aquellas que perjudicarían a su esposo.
El juez le ha mostrado 50 facturas, pero la Infanta ha alegado desconocerlas, ha guardado silencio o se ha escudado en su ignorancia en asuntos de contabilidad. Castro, que en todo momento la ha tratado de «señora», le ha recordado que ella era propietaria del 50% de Aizóon y que, por tanto, algo debía saber. «Mi marido me aconsejó tomar ese 50% y yo confiaba en su buen hacer», contestó doña Cristina. Según se desprende de medios judiciales tras el extenso interrogatorio, «la imputación de la Infanta es un asunto que no se resolverá de inmediato».
«El 95% de las respuestas de la Infanta están siendo: no sé, no me consta, yo confiaba en mi marido». Doña Cristina, imputada por blanqueo de dinero y fraude fiscal, ha negado con estas palabras ante el juez José Castro todos los indicios delictivos contra ella, según ha asegurado Manuel Delgado, el abogado del acusador Frente Cívico en un receso del interrogatorio tras dos horas y media.
Durante esta declaración, que Castro pretende prolongar cinco horas, el juez ha preguntado a la hija menor del Rey sobre los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, y sobre su conocimiento de ellos y del entramado del caso Nóos. La Infanta, vestida con pantalón azul, chaqueta negra y botas negras bajas, se ha mostrado muy educada y durante toda su declaración ha estado bebiendo abundante agua ligera de la marca Bezoya.
Un proceso por corrupción
La infanta Cristina, duquesa de Palma, fue citada por el juez instructor, José Castro, para declarar como imputada por supuesto fraude fiscal y blanqueo, en el caso sobre presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, con fines no lucrativos y que presidió su marido, Iñaki Urdangarin, entre 2003 y 2006, así como delitos tributarios.
El fiscal Pedro Horrach opina que no hay ningún indicio de que la infanta cometiera delitos fiscales porque la cuota defraudada es penalmente irrelevante y que su imputación se basa en conjeturas asumidas por el juez.
No obstante, Horrach sí entiende que cabría exigir a Cristina de Borbón el pago de unos 600.000 euros (unos 800.000 dólares) en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por Aizóon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Nóos.