Ecuador rechazó por «ilegítimo» este viernes el informe anual de Estados Unidos sobre derechos humanos, que contiene duras críticas al gobierno de Rafael Correa, y reprochó a Washington por su «pobre historial» en ese campo que incluye, según Quito, detenciones ilegales y torturas.
En su cuenta de Twitter, el canciller Ricardo Patiño tildó de «ilegítimo» el reporte del Departamento de Estado, en el que se acusa al gobierno ecuatoriano de sofocar mediante normas la libertad de prensa y limitar la libertad de reunión de comunidades indígenas que «protestaban contra leyes que afectaban sus tierras».
Quito «rechaza las críticas unilaterales vertidas en esta materia contra el Ecuador por parte de los Estados Unidos, país que presenta, además, un pobre historial» en derechos humanos, señaló por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
En ese sentido, el gobierno de Correa, que mantiene una tensa relación con Estados Unidos por el continuo cruce de críticas, replicó a Washington por las «detenciones ilegales, la inexistencia de procesos judiciales y las torturas en la cárcel de Guantánamo; el ilegal y criminal bloqueo a Cuba (…) y la utilización de aviones no tripulados para asesinar a centenares de ciudadanos, sin mediar procesos judiciales ni debido proceso, alrededor del mundo».
Asimismo, instó a Estados Unidos a dejar «de malbaratar su tiempo elaborando listas antojadizas» y, en su lugar, ratificar instrumentos internacionales de protección de garantías básicas como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Universal contra la Tortura.
«El Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado la totalidad de las instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, mientras que los Estados Unidos, que con la elaboración de su ‘informe’ pretende convertirse en juzgador del resto de países, no ha suscrito ninguno de dichos instrumentos», agregó la cancillería.
En otras ocasiones, Estados Unidos ha cuestionado los vínculos de Quito con Irán y Bielorrusia, el asilo otorgado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, y la conflictiva relación de Correa con la prensa.
Por su parte, Quito ha exigido explicaciones por la participación de la CIA en un ataque colombiano, en 2008, contra un campamento de la guerrilla comunista de las FARC en territorio ecuatoriano, y solicitado la salida de militares estadounidenses asignados a la embajada en Quito por considerar injustificado y desproporcionado el número de efectivos.
En su informe anual, Estados Unidos también criticó a los gobiernos de otros países latinoamericanos, acusando a Venezuela de restringir la libertad de prensa y a Cuba de intimidar a los opositores al régimen.