La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio el pistoletazo de salida a su profunda reforma educacional con el envío al Congreso de un proyecto para poner fin al lucro de las escuelas, el copago de familias y la selección de alumnos según su origen.
Bachelet recogió la consigna más repetida por los estudiantes que desde 2011 reclaman en las calles un cambio en el privatizado sistema educativo heredado de la dictadura (1973-1990), y puso como uno de los primeros objetivos de su reforma el fin del lucro.
“Tenemos un sistema que reproduce y ahonda las desigualdades, segrega a las personas y trata a la educación como un bien de consumo en lugar de un derecho práctico”, diagnosticó.
El proyecto de ley apunta a las escuelas subvencionadas, que reúnen el 52% de los alumnos y que se financian con aportes del Estado y copago de las familias. Los colegios que reciban aportes del Estado no podrán obtener beneficios, por lo que las 3.470 escuelas que declaran utilidades deberán convertirse en fundaciones sin fines de lucro y reinvertir sus ganancias.
Las familias aportan unos 600 millones de dólares a la educación subvencionada. El Estado busca hacerse cargo de este monto y triplicarlo.
Otra prioridad es prohibir la selección de alumnos por “condiciones arbitrarias, socioeconómicas y étnicas” para que sean los padres quienes escojan en igualdad de condiciones la escuela para sus hijos y no al contrario. La derecha opositora ha adelantado un duro debate en el Congreso contra este paso de la reforma educativa.