Padres de los 49 bebés y niños que fallecieron en el incendio de una guardería mexicana en 2009 realizaron este jueves una marcha silenciosa en Ciudad de México para denunciar, junto a cientos de personas que vestían de luto, cinco años de «impunidad e injusticia».
Por la larga caravana, que en total convocó a unas 400 personas y llegó hasta el Zócalo (plaza principal), desfilaron grandes fotografías en blanco y negro con los rostros de los 49 menores. «Daniela», «Jonhatan», «Monserrat» eran algunos de los nombres que se leían bajo las imágenes.
«A cinco años (de la tragedia) no se ha resuelto, a pesar de que hay juicios, pruebas, demandas, procesos jurídicos. Los padres están cansados de la impunidad y la injusticia», denunció a la AFP Víctor Hugo de la Fuente, originario de Hermosillo (Sonora, noroeste), donde ocurrió el incendio.
Este hombre acudió a la manifestación en solidaridad con los padres de las víctimas, quienes vistiendo camisetas negras con la leyenda «cinco años de luto e injusticia», guardaron completo silencio durante la marcha sin ofrecer entrevistas a la prensa.
«Espero que después de esta estrategia intensiva, ciudadana e incondicional veremos tiempos mejores y que no estaremos marchando dentro de cinco años conmemorando a estos niños que no debieron morir porque la autoridad sigue sin hacer nada», dijo por su parte Daniel Gershenson, mientras a su lado desfilaban decenas de personas empujando carriolas vacías, decoradas con globos de colores pastel.
El incendio ocurrió el 9 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, que estaba subrogada por el gubernamental Instituto Mexicano del Seguro Social y donde se encontraban 141 menores, 49 de los cuales murieron y 70 resultaron heridos.
Las investigaciones oficiales concluyeron que el fuego comenzó por el sobrecalentamiento del aparato que producía aire acondicionado en un almacén de documentos contiguo a la guardería, cuyas dos únicas puertas de emergencia estaban bloqueadas.
Pero algunos familiares aseguran que el fuego habría sido provocado por personas que buscaban destruir documentación que estaba en el almacén relacionada con una deuda regional de 10.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares), una hipótesis que no ha sido validada por la fiscalía.