El presidente de Cataluña, el nacionalista Artur Mas, convocó ayer, oficialmente, a la consulta sobre la independencia de esta rica región de España para el 9 de noviembre, desafiando al Gobierno español que inició los trámites para impedirla.
En un acto solemne en la galería gótica del Palacio de la Generalitat, sede del gobierno regional en Barcelona, Artur Mas, arropado por su ejecutivo y representantes de otros partidos, firmó el decreto de convocatoria del referéndum no vinculante.
“Ésta es la manera cómo se expresan las democracias y nacen los proyectos políticos: votando. Es responsabilidad de los demócratas no obviarlo”, afirmó después en un breve discurso. “Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar”, insistió Mas, quien no cesa de solicitar a Madrid que permita la consulta como hizo Londres con Escocia, donde el no ganó el 18 de septiembre en un referéndum.
El gobierno español del conservador Mariano Rajoy inició inmediatamente los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional esta convocatoria, que en su opinión viola la indivisible unidad de España y la soberanía del conjunto de los españoles reconocidas en la Constitución.
“Lamentamos profundamente y consideramos que es un error la iniciativa del presidente de la Generalitat: fractura a la sociedad catalana, divide a los catalanes, les aleja de Europa y del sentir de los tiempos”, afirmó la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en Madrid. “No se va a celebrar porque es anticonstitucional”, sentenció.
7,5 millones de habitantes
Las aspiraciones independentistas de la región crecen desde hace años en Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes en el noreste del país y con una quinta parte del PIB español.
Es una salida jurídica
En 2010 Cataluña vio su Estatuto de Autonomía enmendado por el Tribunal Constitucional, que entre otras cuestiones suprimió su reconocimiento como “nación”.
Cuando en 2012 Rajoy rechazó mejorar el régimen fiscal de Cataluña, el nacionalista Artur Mas se comprometió a organizar la consulta con apoyo de una amplia mayoría del Parlamento regional.
Ante la imposibilidad de celebrar un referéndum vinculante sin acuerdo con el Gobierno central, el Parlamento catalán aprobó recientemente una ley que autoriza al gobierno catalán a organizar consultas populares no vinculantes dentro de su “ámbito de competencias”, entre las que no se encuentra la autodeterminación. Sin embargo, Mas convocó a las urnas afirmando querer conocer la opinión de la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña “con la finalidad de que el Gobierno pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde”, según el decreto aprobado.