Los líderes nacionalistas de Cataluña mantuvieron firme ayer su camino hacia la anunciada consulta independentista del 9 de noviembre, suspendida por el Tribunal Constitucional, que desafía el bloqueo legal del Gobierno español, férreamente opuesto a este proceso.
Tras una larga reunión de casi ocho horas con el presidente regional Artur Mas, el bloque de fuerzas proconsulta decidió unánimemente seguir adelante con el polémico escrutinio, incluso a fuerza de desobedecer la sentencia y asumiendo las consecuencias legales pertinentes.
“Iremos adelante y además lo haremos juntos. Esta es gran parte de nuestra fuerza”, informó Mas, arropado por los líderes de los otros partidos favorables al referéndum, desde democristianos a la extrema izquierda independentista.
Sin ofrecer ningún detalle sobre los pasos que seguirá los próximos días, Mas criticó la “gran hostilidad y todo tipo de impedimentos” del Gobierno español, que trata de bloquear a toda costa este referéndum, pese a que solo es consultivo, sin consecuencias jurídicas.
El último ejemplo se produjo ayer, cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció su intención de denunciar el primer paso presuntamente ilegal del gobierno catalán: la creación de una comisión electoral que supervisará la consulta.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció el hecho como un “incumplimiento de la ley” que llevarán ante los tribunales.