Los armenios de Nagorno Karabaj disolverán su república separatista el 1 de enero, según anunciaron este jueves, una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán, que obligó a más de la mitad de la población a huir.

En un decreto, Samvel Shajramanyan, dirigente del enclave de mayoría armenia, anunció la disolución de «todas las instituciones gubernamentales y organizaciones (…) a 1 de enero de 2024».

Esto significa que «la república de Nagorno Karabaj», conocida por los armenios como Artsaj y fundada hace más de tres décadas, «cesa su existencia».

Desde Ereván, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, dijo que según sus previsiones «en los próximos días no habrá armenios en Nagorno Karabaj».

Y ello después de que huyeran del enclave más de 70.000 personas, casi la mitad de la población, pese a las declaraciones de Azerbaiyán, que les pidió «no abandonar sus casas».

Pashinyan acusó a Azerbaiyán de «limpieza étnica» en este territorio del Cáucaso, y urgió a la comunidad internacional a «actuar».

«Es doloroso. Toda nuestra vida ha quedado reducida a polvo», dijo Lilit Grigorian, una maestra de 32 años que esperaba con su hijo en Goris, una ciudad armenia situada junto a la frontera.

Huida en masa

La región montañosa está dentro de las fronteras internacionales de Azerbaiyán. Los armenios hicieron secesión durante la desintegración de la Unión Soviética, y desde entonces estuvieron enfrentados al poder azerbaiyano, contra el que libraron dos guerras, una de 1988 a 1994 y la segunda el otoño de 2020, en la que perdieron varios territorios.

La semana pasada Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar relámpago y obligó a los armenios a capitular en 24 horas, sin que intervinieran los soldados rusos de mantenimiento de la paz, desplegados en esa zona desde finales de 2020.

Armenia, que apoyó durante décadas a ese territorio, tampoco intervino militarmente esta vez, lo que abrió la vía a la reintegración efectiva de la región a Azerbaiyán.

Desde entonces, decenas de miles de armenios huyeron de las tropas azerbaiyanas por temor a la represión, a través del corredor de Lachín, la única carretera que conecta Nagorno Karabaj con la república de Armenia.

Las autoridades armenias dieron parte, el jueves, de la llegada de 78.000 refugiados, es decir, más de la mitad de los 120.000 habitantes del enclave.

El gobierno armenio sólo pudo alojar de momento a 2.850 personas, lo que hace presagiar una crisis humanitaria. «Armenia carece de recursos y no podrá conseguirlo sin ayuda extranjera», dijo a AFP el analista político Boris Navasardyan.

Rusia se pronunció

El Kremlin, en tanto, indicó que «toma nota» del anuncio de la disolución de la república autoproclamada de Nagorno Karabaj, pero señaló que «no ve razones» para que la gente se vaya del enclave.

Por su parte, el Parlamento armenio anunció que el martes votará la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), para disgusto de Rusia, que tildó la iniciativa de «inamistosa».

El presidente Vladimir Putin es objeto de una orden de arresto emitida por esa corte por la presunta «deportación ilegal» de menores ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa.

Líder separatista detenido

Las autoridades azerbaiyanas detuvieron el miércoles al empresario Ruben Vardanyan, que dirigió el gobierno separatista armenio del enclave de noviembre de 2022 a febrero de 2023, cuando intentaba llegar a Armenia.

Fue acusado de  financiación de terrorismo y de crear una organización armada ilegal, según el servicio de seguridad del Estado azerbaiyano, y puesto en detención provisional por cuatro meses.

La ofensiva de la semana pasada dejó 213 muertos del lado armenio. Bakú dijo este jueves haber perdido a 186 de sus soldados, 12 funcionarios del Ministerio del Interior y a un civil.

Tras el llamamiento a proteger los civiles lanzado el martes por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, su homóloga alemana, Annalena Baerbock, pidió a Bakú autorizar la entrada en Nagorno Karabaj de observadores internacionales.

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Guatemala desplegó más de 2.000 soldados en la frontera suroccidental con México para frenar la incursión de narcotraficantes con fuerte presencia en esa zona, informó este jueves el Ejército.

El objetivo del despliegue militar de Guatemala en México es «evitar cualquier posibilidad de que grupos relacionados con el crimen organizado transnacional cruce hacia territorio guatemalteco y ponga en zozobra a la población» en esas comunidades, dijo a periodistas el vocero del Ejército, coronel Rubén Téllez.

Los soldados, con armas de guerra y vehículos blindados, comenzaron a ser movilizados el martes a los departamentos fronterizos de San Marcos y Huehuetenango, zona montañosa habitada en su mayoría por indígenas mayas.

En esos departamentos cientos de familias pobres cultivan marihuana y amapola, materia prima para elaborar heroína y opio, ante la falta de empleo y de otros medios de subsistencia.

El pasado fin de semana en Chiapas, estado del sur de México fronterizo con Guatemala, hubo un inédito desfile de miembros del Cártel de Sinaloa, entre aplausos de pobladores.

Esa región mexicana, donde las extorsiones y la violencia han provocado desabastecimiento de víveres, carece de luz y de señal de internet, declaró esta semana un poblador a la AFP.

Guerra de carteles entre Guatemala y México

La región vive una guerra entre el cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación -principal mafia mexicana-, que motivó el cierre de decenas de comercios y obligó a lugareños a abastecerse en Guatemala, con mayores costos.

De acuerdo con Téllez, el despliegue militar pretende «fortalecer la gobernabilidad y la seguridad sobre el límite político internacional entre Guatemala y México».

«Son más de 2.000 soldados del ejército guatemalteco que se encuentran desplegados en esa zona fronteriza para evitar cualquier intromisión de agentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los guatemaltecos en ambos departamentos», insistió el portavoz militar.

El oficial afirmó que las operaciones se realizan en conjunto con la Policía Nacional Civil por «instrucciones del presidente» guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Guatemala y México comparten unos mil kilómetros de frontera, la cual tiene pocos controles y existen muchos pasos ilegales utilizados por narcotraficantes y «coyotes» que llevan a personas que buscan llegar a Estados Unidos.

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Autoridades de Cuba informaron que la isla enfrentará a principios de octubre escasez energética o crisis de combustible, pero el presidente, Miguel Díaz-Canel, aclaró este jueves que el país no llegará a una situación de «combustible cero».

«No hemos llegado ni llegaremos al cero combustible. No hemos llegado ni llegaremos a cero recursos en el país», dijo Díaz-Canel en su cuenta en X, antes Twitter.

Después de un verano de altas temperaturas prácticamente sin apagones y con disposición de combustibles en las estaciones de gasolina, las autoridades ofrecieron el miércoles un panorama poco alentador para principios de octubre.

«Tenemos (países) suministradores que no han podido cumplir o han incumplido sus compromisos con nosotros» para proveer de petróleo al país, dijo el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un programa televisado.

Anunciaron una posible crisis de combustible en Cuba.

Las próximas dos semanas serán «complejas», pero en el transcurso de octubre la situación se irá recuperando, añadió el funcionario.

La isla ha enfrentado recurrentes dificultades energéticas en los últimos años, en medio de su peor crisis económica en tres décadas.

El gobierno planea medidas de ahorro como fomento del teletrabajo y disminuir actividades económicas no esenciales, ante afectaciones en el transporte.

De la O Levy adelantó que no habrá suficiente electricidad porque buena parte de la infraestructura de generación eléctrica en Cuba funciona con diésel.

Díaz-Canel dijo que «el Bloqueo reforzado» aplicado por Estados Unidos contra Cuba desde más de seis décadas «busca eso», llevar a la isla a «cero recursos», pero «el socialismo es planificación, participación y pueblo en el poder». «Todos los problemas tendrán respuesta», agregó.

Crisis de combustible en Cuba

Entre abril y junio, el país pasó por otra fuerte crisis de combustible por la falta de petróleo.

Díaz-Canel dijo entonces que de las 500 a 600 toneladas de gasolina que Cuba consume diariamente, disponía solo de menos de 400 toneladas diarias para todas las actividades del país. En julio, la situación mejoró notablemente.

Venezuela, principal proveedor de crudo de Cuba disminuyó sus entregas de 100.000 barriles diarios en 2016 a un promedio de 56.000 barriles diarios en 2021. México y Rusia han contribuido el último año a atenuar el severo déficit de la isla.

Según analistas, Cuba carece de recursos para pagar el petróleo que importa, mientras al interior del país lo subsidia con tarifas equivalentes 25 centavos de dólar por litro de gasolina especial.

En el caso de Venezuela, la isla paga el crudo con los servicios de médicos y otros profesionistas que envía al país sudamericano. No está clara la manera en que paga a México y Rusia.

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Líderes indígenas de América Latina pidieron este jueves que sus protestas contra proyectos extractivos dejen de ser criminalizadas y perseguidas penalmente, en un encuentro de seguimiento del Acuerdo de Escazú en Panamá.

Suscrito en 2018 por 24 países, el acuerdo estipula que los gobiernos deben garantizar que los defensores del medio ambiente «puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad», pero América Latina es la región más peligrosa para la defensa del planeta.

«Los indígenas amazónicos somos perseguidos» en Perú, dijo a la AFP la dirigente Elaine Shajian Shawit, de la región selvática de Loreto.

«La gente sale a las calles a protestar para que sean protegidos sus territorios, sus ríos, pero son denunciados penalmente», agregó en un foro regional sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

La líder maya guatemalteca Kelidy Sacbá Coc también se quejó; que, en su región natal, Alta Verapaz, las manifestaciones contra las centrales hidroeléctricas son reprimidas.

«Se sufre mucho con las hidroeléctricas», expresó a la AFP.

Quejas similares expusieron indígenas de toda América Latina en este foro organizado por la Comisión Económica de la ONU (CEPAL); en seguimiento al Acuerdo de Escazú, ratificado hasta ahora por 15 países.

«Trajimos las voces indígenas de Perú, los indígenas por lo general sufren de actividades ilícitas, como el cultivo de coca, minería ilegal, tala ilegal», dijo Cussi Alegría, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

«En algunas zonas hay mayor actividad de empresas mineras y en otras petroleras, que causan estos impactos en el ambiente y en algunos casos la protesta ha sido criminalizada», indicó Alegría a la AFP.

‘Mapa de conflictos’

Carlos de Miguel, de la Secretaría del Acuerdo de Escazú en la CEPAL, destacó que en 2022 casi el 90% de los asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo tuvieron lugar en América Latina, al citar un informe de la ONG Global Witness.

«Si ustedes ven el mapa de América Latina, básicamente es un mapa de conflictos socioambientales y si ustedes analizan los últimos reportes sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el 88% de los asesinatos del planeta se producen en América Latina y el Caribe», dijo.

Colombia es el país más peligroso, con 60 de los 177 asesinatos registrados en el mundo en 2022, según Global Witness.

De Miguel afirmó que no solo han sido asesinados indígenas por defender el ambiente, sino también guardaparques, funcionarios y empresarios.

Al foro asistieron indígenas de Chile, México, El Salvador, Colombia, Perú, Guatemala, entre otros, así como de varias naciones caribeñas.

Indígenas de América Latina una «Historia de derrotas»

En el plenario entregó su testimonio el abogado chileno Carlos Baraona. Quien vivió un calvario tras denunciar la tala ilegal de árboles en el sur de su país.

«Yo no era activista, el caso mío es bien atípico, pues yo era un abogado independiente que trabajaba con el mundo privado», contó Baraona a la AFP.

Mientras hacía un estudio de títulos de un predio forestal en 2004, Baraona descubrió tráfico ilegal de alerce; un árbol protegido, manejado por funcionarios forestales que «seguían las instrucciones de un senador».

El abogado denunció el hecho en una entrevista de televisión, pero se ganó una querella del senador. Fue condenado por injurias a 360 días de prisión, aunque cumplió la pena en libertad.

«Pasé por tres juicios penales y un juicio civil con demanda millonaria», recordó el abogado de 56 años.

Su caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José; que condenó a Chile en 2022 al invocar que el Acuerdo de Escazú protege a los defensores del ambiente.

«Para mí esto es una larga historia de derrotas, pues fracasé en todos los juicios; hasta que la Corte consideró que soy una victima y que Chile es culpable», señaló Baraona.

«Líder inspiradora»

Los asistentes al foro vieron el documental «La ilusión de la abundancia», de la documentalista colombiana Érika González; sobre tres ambientalistas latinoamericanas, entre ellas la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.

En junio de 2022, un tribunal hondureño condenó a 22 años y seis meses de cárcel a un directivo de una hidroeléctrica por el asesinato de Cáceres; férrea opositora del proyecto que esa empresa desarrollaba en territorio indígena.

«Berta Cáceres ha sido una defensora ambiental muy inspiradora. Berta no se murió, se multiplicó. De hecho, yo me siento una semilla de ella», dijo González a la AFP.

Aunque promovió el Acuerdo de Escazú, Costa Rica ha desestimado ratificarlo. Chile, que también lo impulsó, lo hizo en 2022.

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Apoyadas contra la pared de un ruinoso burdel, prostitutas esperan por clientes: la mayoría son migrantes venezolanas que terminaron en Trinidad y Tobago presas en redes de trabajo de explotación sexual.

La luz es lúgubre y la música está muy alta en este bar de Puerto España, donde los proxenetas no le quitan el ojo a las muchachas en ningún momento.

Viven encerradas, sin derecho a salir hasta no cancelar con trabajo la deuda contraída para poder salir de su país, sumergido en una profunda crisis.

En este burdel no hay sillas, un trago se toma de pie. El objetivo es que el cliente elija rápido y termine en una de las habitaciones del establecimiento.

Media hora cuesta entre 30 a 60 dólares estadounidenses, explica una de las chicas. Una hora, el doble.

En otro establecimiento, las jóvenes, entre 20 y 30 años, se pasean por una pasarela con sugerentes escotes, aunque llevan ropa corriente, nada extravagante.

¿Cuánto reciben por cada cliente? «No sé exactamente», dice una de ellas. «Depende de la chica» y el tiempo que lleva trabajando, pero entre 12 y 25 dólares.

Si un cliente quiere llevarse a una prostituta a casa o a un hotel, un proxeneta debe acompañarla. El servicio cuesta entre 150 y 300 dólares.

Al terminar la jornada, duermen en dormitorios dentro de los mismos burdeles o en otras casas adonde las llevan proxenetas. No tienen permiso de circular libremente.

‘Volver a Venezuela’ una imposibilidad de las venezolanas que sufren explotación sexual

Algunas son atraídas con ofertas de trabajo «normal» por redes sociales, que luego terminan en prostitución. Otras son conscientes de lo que les espera, como María, de 25 años y oriunda de un pueblo en el este de Venezuela.

Madre de un niño pequeño, incapaz de mantenerse en un país en profunda crisis, hizo la diligencia para viajar a Puerto España, una amiga hizo el contacto.

Los proxenetas pagan la travesía clandestina a la isla, unos 200 dólares, un monto que elevan a entre 500 y 1.000 y que cobran con trabajo.

«Tengo que devolver 500 dólares. Espero hacerlo en uno o dos meses. Luego trabajar uno o dos meses más y volver a Venezuela con el dinero para abrir un negocio», cuenta a la AFP esta mujer, cuya identidad fue cambiada por seguridad.

Además de esa deuda, tiene que cancelar 50 semanales «por alquiler».

«Todo está bien», dice con voz serena, aceptando su situación.

De repente saca su teléfono y el proxeneta salta y la reprende con firmeza. «Nada de teléfonos», zanja en inglés. No tienen permitido guardar ningún contacto de sus clientes.

‘Clima de impunidad’

«La trata de seres humanos es muy preocupante, las cifras son muy elevadas, y en su mayoría se trata de explotación sexual», alerta por su parte Denise Pitcher, directora del Caribbean Center for Human Rights.

Un proxeneta lo niega. «Las oenegés tienen una sola palabra en la boca: trata de seres humanos, pero no es así. Las chicas saben lo que vienen a hacer, vienen voluntariamente».

«Vienen, pagan su deuda, ya sea prostituyéndose o trabajando de camareras o lo que sea, y después hacen lo que quieren», añade.

Son al menos 21.000 víctimas entre 2015 y 2020, según el informe «Esclavas sexuales venezolanas: una industria en auge en Trinidad» de la ONG Connectas, que se basa en datos de inteligencia trinitense.

El informe además destaca que la explotación sexual en las que muchas venezolanas están sometidas movió unos 2,2 millones de dólares los últimos cuatro años.

En 2021 la fiscalía venezolana confirmó la detención de 26 personas involucradas con mafias de trata de personas con fines de explotación sexual y someterlas a «esclavitud moderna».

Ese mismo año fueron rescatadas 10 mujeres y adolescentes que serían destinadas a «servicios sexuales» en Trinidad y Tobago, tras una investigación que partió de la denuncia de una madre cuya hija escapó con otras adolescentes para irse a Trinidad y Tobago a ejercer la prostitución, indicó entonces el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab.

Todo ocurre, según Pitcher, en un «clima de impunidad» generado por la corrupción y la pasividad de la justicia y la policía.

«Se aprovechan de la población inmigrante», destaca el diputado opositor David Lee. «Están realmente a merced de la población de Trinidad y Tobago».

Es medianoche, un posible cliente llega y María le pide que le compre una cerveza para conversar.

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