La Fiscalía federal de México subió de 30 a 38 la cifra de cadáveres hallados en tumbas clandestinas encontradas en el sureño estado de Guerrero, desde que comenzó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre.
Los peritajes oficiales descartaron que la mayoría de esos restos corresponda a los estudiantes normalistas que desaparecieron luego de un ataque conjunto perpetuado contra ellos por policías municipales y narcotraficantes.
La Fiscalía añadió que, al margen de los resultados de sus peritos, están “a la espera” de los análisis de un grupo de forenses que llegaron desde Argentina para involucrarse en el caso, por petición de los familiares y organizaciones civiles, quienes “obtuvieron muestras directas” de ADN de los familiares.
La mayor cantidad de cadáveres fue descubierta el 4 de octubre en cinco fosas clandestinas cavadas en la localidad de Pueblo Viejo, de Iguala, donde se exhumaron 28 cuerpos, pero que de acuerdo con exámenes de la Fiscalía General, hechos con muestras de ADN de los familiares tomadas por la Fiscalía de Guerrero, ninguno de esos restos corresponde a los jóvenes alumnos.
El 9 de octubre, el Fiscal General anunció que, a partir de las declaraciones de detenidos (que suman 52 entre funcionarios, policías y narcotraficantes), habían localizado otras cuatro fosas clandestinas también en Iguala, sin precisar el número de cuerpos encontrados. Pero el viernes la Fiscalía reportó en un comunicado que en ese segundo grupo de tumbas ilegales “se realizó el levantamiento de ocho cadáveres” a los que “se les están realizando los exámenes periciales”.