Varias ciudades de México se pintaron de violeta el domingo con cientos de miles de mujeres que marcharon para protestar contra la brutal violencia de género que azota al país.

Jóvenes, madres, niñas, ancianas y familiares de víctimas de feminicidio colmaron las calles por el Día Internacional de la Mujer gritando a una sola voz "íNi una más, ni una asesinada más!".

En Ciudad de México, con consignas como "íMujer, escucha, esta es tu lucha!" las manifestantes portaban pañuelos verdes, símbolo de los reclamos por el aborto libre; o de color violeta, que simboliza la batalla contra los feminicidios, que en 2019 alcanzaron 1.006 casos en el país, según datos oficiales.

Al llegar al Zócalo, un contingente de manifestantes vestidas de negro y embozadas golpearon con martillos, picos y palos las vallas hasta tirarlas a patadas, luego de lanzar pintura roja a un grupo de policías, así como a patrullas y unidades de bomberos.

El cierre del Zócalo "es una provocación. Es increíble, para todas las marchas de Andrés Manuel (López Obrador) todo esto estaba libre. No puede ser que nos haga esto", dijo Míriam Calzada, una manifestante de 45 años que pasaba por encima de las vallas amontonadas en el suelo.

Las manifestantes hicieron estallar cuatro bombas molotov frente a la puerta de Palacio Nacional, la residencia presidencial de México, provocando bolas de fuego que alcanzaron al menos a dos personas, entre ellas una fotógrafa de un diario local, en una marcha cubierta en su mayoría por mujeres. "Que lo vengan a ver, ese no es presidente, es asesino macho burgués", coreaban.

"No me callo"

Familiares de desaparecidas, que llegaron de diferentes puntos del país, denunciaron con un altavoz la falta de acceso a la justicia y dieron los nombres y apellidos de los supuestos asesinos.

Los contingentes se congregaron desde temprano en el Monumento a la Revolución, donde las mujeres se dieron cita. "No me callo, pendejo" y "Se lo debemos a las que nunca volvieron", decían algunas pancartas, mientras cantaban "somos malas, podemos ser peores".

"Marcho por tantas chicas desaparecidas y para alzar la voz", dijo a AFP Blanca Martínez, comerciante de 47 años que sufrió de cerca esta violencia con el asesinato de su nuera.

La multitudinaria marcha de mujeres, la mayor vista en el país contra la violencia de género, fue antecedida por una polémica postura del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien la descalificó al señalar que era promovida por sus adversarios políticos, a quienes llama "conservadores".

El grueso del contingente avanzó de manera pacífica, aunque en el camino pequeños grupos realizaron destrozos, pintadas e intentaron prender fuego a un restaurante. Los comercios cerraron sus puertas y los edificios gubernamentales estaban resguardados con vallas métalicas.

Mujeres policías y antimotines utilizaron escudos para replegar a los grupos que intentaban vandalizar otros inmuebles.

Un colectivo feminista antes había pintado sobre la plancha del Zócalo los nombres de cientos de mujeres asesinadas y desaparecidas en México desde 2016 hasta la fecha.

"Venimos porque muchas mujeres no conocen sus derechos, nos sentimos obligadas a apoyar, a aconsejarlas, hay muchas víctimas que hoy en día no tienen abogado", dijo Karla Altamirano, abogada de 33 años que se sumó a la marcha junto con un centenar de colegas. Contingentes de estudiantes, periodistas y de otras profesiones también nutrían la inmensa caravana.

"íVivas las queremos!"

Decenas de mujeres se movilizaron en la comunidad de Nezahualcóyotl, en el vecino Estado de México, la segunda entidad con mayor número de feminicidios en el país, que de acuerdo con el sistema de seguridad pública arrojó 122 casos en 2019.

"íVivas se las llevaron, vivas las queremos!" fue una de las rabiosas consignas que las manifestantes lanzaron para pedir justicia por las víctimas.

Otros estados del país como Nuevo León (norte), Puebla (centro) y Veracruz (este), también se sumaron a las masivas manifestaciones. En Guanajuato (centro), la famosa Fuente de las Ranas amaneció teñida de rojo como símbolo del alto número de feminicidios en México.

Las muertes en febrero pasado de una pequeña de 7 años que antes sufrió abuso sexual y de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años cruelmente ultimada por su pareja, desataron la furia e indignación femenina.

La gran marcha del 8 de marzo anticipó la jornada del lunes de #UndíaSinNosotras, que promueve un ausentismo generalizado tanto en el sector privado como público para mostrar el alcance del trabajo de las mujeres y para que sea justamente compensando. (08/03/2020)

El capo mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán fue llevado de manera inesperada el sábado en la madrugada a una cárcel de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, como parte de un protocolo de seguridad, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El traslado «obedece estrictamente a la política penitenciaria federal que forma parte de los protocolos de seguridad» a la que han estado sujetos unos 7.400 presos en el país desde septiembre pasado, dijo la comisión en un comunicado.

La transferencia de Guzmán, en medio de un imponente dispositivo de seguridad, fue informada «oportunamente» a los jueces que llevan su caso, indicó la CNS.

Un funcionario, que perfirió guardar el anonimato, negó a la AFP que se trate de una medida para acelerar el proceso de extradición hacia Estados Unidos que enfrenta el capo.

En tanto, José Refugio Rodríguez, abogado del capo, consideró que el traslado del «El Chapo» es «ilegal» porque la defensa tiene «procesos iniciados para que no fuera cambiado de un lugar a otro».

El defensor, que ha dicho que Guzmán quiere acelerar su extradición a Estados Unidos, señaló que este proceso podría demorar hasta dos años.

El capo, que fue capturado en enero pasado y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano a 90 km de la capital, llegó en la madrugada al aeropuerto de Ciudad Juárez, fuertemente vigilado por unos 150 policías federales que llegaron poco antes en tres aviones de la Comisión Nacional de Seguridad.

Cárcel segura

El «El Chapo» fue trasladado en un helicóptero de la terminal aérea al Centro Federal de Readaptación Social N° 9, ubicado en el sur de Ciudad Juárez.

Aunque está cárcel no está clasificada entre las prisiones de máxima seguridad de México, tiene un área destinada a reos de alta peligrosidad y es «una de las más seguras», indicó el funcionario consultado por la AFP.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, el penal de Ciudad Juárez se encuentra resguardado por militares, mientras que el camino que conduce a la cárcel también es fuertemente vigilado.

El exlíder del cártel de Sinaloa protagonizó en julio de 2015 una espectacular fuga de la cárcel de El Altiplano, de donde huyó por un túnel de 1,5 km que él mismo mandó construir desde la regadera de su celda hacia el exterior de la cárcel.

En marzo pasado la defensa de Guzmán aseguró que el capo estaría dispuesto a declararse culpable en Estados Unidos a cambio de negociar una pena «relativamente razonable» y de ser llevado a una cárcel de mediana seguridad.

Guzmán tiene en su contra dos pedidos de extradición de Estados Unidos, remitidos por cortes de los estados de California y Texas por delitos de narcotráfico y homicidio.

Un tribunal militar mexicano absolvió a siete militares enjuiciados por el polémico caso de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron en junio de 2014 en un confuso enfrentamiento con soldados, levantando fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.

«Resulta procedente dictar sentencia absolutoria» a favor del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, comandante del grupo militar y de otros seis militares a su cargo, resolvió el 6° juzgado militar el 14 de octubre de 2015, en una sentencia en la que pidió su liberación inmediata y a la que la AFP tuvo acceso este miércoles a través de una ONG.

Sin embargo, el juez militar impuso un año de prisión a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una comunidad rural del Estado de México (centro), limítrofe con los convulsos estados de Guerrero y Michoacán.

El Ejército aseguró que los 22 muertos eran delincuentes que fallecieron en un enfrentamiento con soldados que sólo dejó un uniformado herido.

Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una testigo superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México y varias ONG internacionales.

Tras estos hechos, el tribunal militar acusó a siete soldados involucrados de infringir los deberes militares previstos en sus reglamentos.

Los militares «reaccionaron a una situación de resistencia agresiva grave por parte de los integrantes de la delincuencia organizada cumpliendo» con el Manuel de Uso de Fuerza del ejército mexicano, indica la sentencia absolutoria.

«Riesgo de impunidad»

En el caso del teniente Rodríguez Martínez, la justicia militar le impuso un año de prisión por haber desobedecido órdenes superiores, que exigían entre otras cosas, que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres que esa madrugada estaban a su cargo.

Pero el teniente Rodríguez, que ya alcanzó la libertad por haber seguido su proceso en prisión durante un año, decidió esa noche salir solo con siete, poniendo en riesgo la seguridad de sus elementos y sin una planeación detallada del objetivo, indica el documento militar.

Con la decisión del tribunal castrense, hay «riesgo de que en este caso termine imponiéndose la impunidad», estimó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno mexicano «verdad, justicia y reparación para las víctimas de este caso».

«Esta absolución demuestra que el fuero militar no es efectivo ni imparcial», dijo a la AFP Araceli Oliva Portugal, abogada de una de las víctimas del caso.

Pese a la absolución militar, tres de estos soldados enfrentan cargos en un tribunal civil por homicidio calificado y siguen su proceso en prisión.

En octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos(Ombudsman) concluyó que al menos fueron 12 personas ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.

La AFP solicitó una postura a la secretaría de Defensa Nacional, pero no recibió una respuesta inmediata.

Se mataron «entre ellos»

Rodríguez Martínez dijo en una de sus declaraciones que «al no tener un adecuado adiestramiento sobre manejo de armas» se «deduce» que los pistoleros muertos se «hayan privado de la vida entre ellos mismos» y que además estaban alcoholizados y drogados.

En tanto, otro militar declaró que los soldados dieron con «los blancos por medio de los destellos y flamazos» lanzados por sus armas.

En sus declaraciones, los militares narraron que esa madrugada, frente a una bodega, vieron a un hombre armado correr hacia el interior del local y que un sargento varias veces gritó «Ejército mexicano» y «ríndanse», pero solo recibieron una lluvia de disparos que los uniformados repelieron por un lapso de entre 5 y 8 minutos.

En el lugar fueron encontradas tres mujeres que dijeron que habían sido secuestradas.

En julio del año pasado, el Centro Pro reveló un documento militar fechado el 11 de junio de 2014, en el campo militar número 22-D de San Miguel Ixtapan (cercano a Tlatlaya), que mostraba que los soldados recibieron la orden de matar criminales días antes de los hechos.

La fiscalía mexicana informó que fueron detenidas seis personas que ayudaron desde el exterior a escapar de la cárcel al poderoso capo Joaquín «Chapo» Guzmán, entre ellos uno de los pilotos que lo trasladó al salir de prisión y su cuñado que supervisó el túnel.

Fue detenido «uno de los pilotos históricos de la organización criminal que encabeza Guzmán Loera, y que además de las acciones propias de la evasión» había traficado droga vía aérea, dijo en una conferencia de prensa Arely Gómez, procuradora general de la República, quien informó sobre la detención del cuñado, pero no dio nombres de ningún detenido.

La funcionaria dijo que la noche del 11 de julio pasado cuando se perpetró la espectacular fuga, Guzmán Loera viajó por tierra con sus cómplices hasta una pista en el poblado de San Juan del Río, a unos 145 km de distancia del penal, donde lo esperaban dos avionetas tipo Cessna.

Goméz había informado hace dos semanas que el primer piloto ya había sido detenido.   Los dos pilotos y su cuñado trasladaron a Guzmán hasta el lugar «donde se ha resguardado», indicó Arely Gómez.

Militares de la Marina Armada han desplegado en las últimas semanas un fuerte operativo en su búsqueda en las sinuosas montañas del Triángulo Dorado, en el noroeste del país, dónde los primeros días de octubre logró escapar de militares que estuvieron a punto de recapturarlo.  

Arrestado constructor túneles fronterizos

El cuñado de Guzmán, fue el encargado de coordinar la «organización y supervisión» de la construcción del túnel por el que huyó, así como de trasladarlo hasta uno de los sitios donde se ha refugiado, indicó la funcionaria.

Un tercer detenido es el que la procuradora señaló como el principal «operador» de la evasión, quien apoyado por el abogado defensor del narcotraficante, fue el enlace entre el capo y las personas que construyeron el túnel y el responsable de pagarles.

También esta aprehendido el que dirigió la construcción del túnel, quien además era «el coordinador de la construcción de otros túneles en la frontera con Estados Unidos», añadió la procuradora.

Guzmán Loera, considerado antes de su captura como el narcotraficante más poderoso del mundo, huyó del penal de máxima seguridad en Almoloya, a 90 km de la capital mexicana, a través de un agujero en la ducha de su celda que lo condujo hacia el exterior por un túnel de 1,5 km construido por sus cómplices.

El capo, famoso por escabullirse bajo subterráneos y utilizarlos también para el trasiego de droga en la frontera norte, se había escapado en 2001 de otro penal de máxima seguridad escondiéndose en un carrito de lavandería.

Uno de sus compañeros de esa prisión está entre los detenidos por ser el sujeto responsable de negociar la compra del terreno aledaño al penal desde donde se construyó el túnel.

El último de los arrestados es el que vendió la propiedad desde donde se construyó el subterráneo de escape.

Podemos afirmar que ha sido desarticulado el grupo responsable que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión», dijo la funcionaria que aclaró que los seis detenidos han sido consignados ante la justicia federal.

La fuga de Guzmán puso en aprietos a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que se había anotado una importante victoria cuando lo capturó en febrero de 2014 después de una persecución de 13 años.

Miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México este jueves al cumplirse seis meses de la desaparición de 43 estudiantes, cuyos padres claman para que el caso no quede en el olvido y exigen la anulación de las próximas elecciones en su natal Guerrero (sur).

«A seis meses de dolor, de sufrimiento y de pesadilla, esto nos ha atacado y nos ha roto el corazón a pesar de que el gobierno está tratando de callar a los padres» de los estudiantes, dijo Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos, cuando la marcha llegó al emblemático monumento a la Revolución, en el centro de la capital.

La manifestación se desarrolló sin brotes de violencia entre grandes fotografías blanco y negro de los rostros de los 43 jóvenes, así como pañuelos bordados con sus nombres.

Sin dar crédito a la conclusión oficial de que los estudiantes acabaron siendo masacrados en Guerrero (sur) por narcotraficantes, los padres exigen al gobierno que los encuentre con vida y claman por que no se olvide este crimen que conmocionó a México y a la comunidad internacional.

Guerrero exige justicia, no elecciones», se leía en una de las pancartas.

Horas antes, una comisión de los centenares de manifestantes -entre familiares, estudiantes y miembros de organizaciones civiles- ingresó al Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar formalmente la suspensión de las elecciones del próximo 7 de junio, cuando se votarán autoridades regionales y locales en 16 de los 32 estados mexicanos.

«No hay condiciones para realizar las elecciones (…) no se puede hablar de democracia, verdad, justicia, Estado de Derecho», asegura el pliego petitorio de cuatro páginas, que aboga por que se elijan consejos populares integrados por «personas de alta calidad moral» en sus comunidades. 

Según los promotores de la misiva, el INE dará una respuesta escrita a más tardar el 4 de abril.

Para los familiares, de celebrarse los comicios se perpetuarían las condiciones para que se repita un crimen brutal como el de los estudiantes, que puso en entredicho la imagen del México próspero que trata de impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad ha venido desde entonces a la baja.

«No trabajo ni dedico el empeño a colocarme medallitas, ni a tener logros personales», fustigó el mandatario, pero reconoció que los conflictivos estados de Guerrero y sus vecinos Oaxaca y Michoacán son puntos que «la autoridad electoral tendrá que atender, cuidar» en las elecciones de junio

«Muchas interrogantes»

Los 43 estudiantes, que eran parte del beligerante magisterio de la escuela rural de Ayotzinapa (Guerrero), fueron atacados la fatídica noche del 26 de septiembre por policías locales en la cercana localidad de Iguala, y desde entonces se les perdió el rastro. 

Además de la localización de los estudiantes, los manifestantes reclaman que antes de los comicios deben haber acciones y cambios contundentes para evitar que sean electos los llamados «narcopolíticos».

Como ejemplo recordaron la elección de José Luis Abarca -acusado de ordenar el ataque contra los estudiantes- como alcalde de la ciudad de Iguala en 2012, a pesar de que había sido investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada y de que su esposa es hermana de poderosos narcotraficantes.

Según la reconstrucción de la fiscalía, los estudiantes fueron entregados a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.

Pero hasta el momento sólo uno de los estudiantes ha sido identificado por los expertos forenses de Austria que analizan los restos encontrados en la zona alta de otras pruebas de ADN y el hecho de que la reconstrucción del crimen esté basada en las confesiones de los presuntos victimarios ha hecho que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional pusieran en duda la versión oficial.

«Seis meses después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes (…) expresamos nuestra preocupación frente a las muchas interrogantes que se mantienen sin respuesta», reiteró Amnistía Internacional este jueves.

Los expertos enviados recientemente a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han dicho que aún no tienen certeza de lo que sucedió con los jóvenes.

Pero la fiscalía defendió su «exhaustiva» investigación, que hasta el momento ha dejado 104 detenidos, 64 de ellos policías locales y 40 integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Las acusaciones incluyen delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, pero las autoridades esperan la resolución de un tribunal para levantar cargos por desaparición forzada.