Human Rights Watch (Derechos Humanos), Amnistía Internacional y el Ombudsman de México expresaron sus dudas de la investigación de la Fiscalía mexicana que concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala fueron masacrados por sicarios.
En criterio del director para las Américas de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, las conclusiones de la investigación oficial anunciadas generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo por primera vez el martes que los hallazgos de la investigación permitían tener la “certeza legal” de que los estudiantes desaparecidos acabaron siendo asesinados por sicarios del narco, a pesar de que solo uno de ellos fue identificado con pruebas de ADN.
“Dados los enormes índices de violencia y corrupción en México, lamentablemente no es inverosímil el relato que hace Murillo Karam. Sin embargo, es difícil confiar en su palabra”, enfatizó Vivanco a la emisora MVS radio.
En tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (Ombudsman) aseguró que continuará con un “análisis exhaustivo de las actuaciones de la Procuraduría General de la República” (Fiscalía) en el caso Iguala, “a fin de no dejar un solo cabo suelto”. El objetivo de dicho análisis es determinar si hubo “violaciones graves a los derechos humanos” derivados de los hechos ocurridos el 26 septiembre de 2014, en Iguala.
Amnistía Internacional coincidió, en un comunicado, que la versión de la Fiscalía se basó principalmente en confesiones de detenidos “sin poder mostrar evidencias contundentes”, por lo que consideró que “es prematura y pone en riesgo que pueda hacerse una investigación completa y exhaustiva sobre esta tragedia”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, también sostuvo que “si el fiscal espera que el anuncio pondrá punto y final a esta tragedia, está equivocado”. “Hay todavía muchas preguntas por responder, incluyendo la posible complicidad por acción u omisión del Ejército y otras autoridades en el ataque a los estudiantes”, dijo la ejecutiva de Amnistía Internacional.
Murillo Karam reiteró que no cuentan con evidencias de intervención del Ejército en la masacre. Las familias de los estudiantes han rechazado que se dé por muertos a sus hijos hasta que se pruebe científicamente y reclamaron que la investigación continúe hasta encontrarlos.
Denunciarán al gobierno
Una representación de los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en el sur de México viajará el sábado a Ginebra para denunciar al Gobierno mexicano ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.
El portavoz de las familias de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que el comité está integrado por Hilda Aguileño y Bernabé Abraham, padres de víctimas, y una abogada del centro de derechos humanos Tlachinollan. “No nos vamos a quedar sentados”, dijo después de que la Fiscalía asegurase que había comprobado “científicamente” y a “plenitud” que los 43 alumnos fueron asesinados.
El ataque a los 43 estudiantes
Según la versión oficial, el 26 de septiembre los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. En el tiroteo murieron seis personas y 43 estudiantes fueron detenidos; después los asesinaron e incineraron en un basurero.
El relato de un sicario
Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, dijo a la Fiscalía: “Al llegar al basurero de Cocula, bajamos a los estudiantes de las camionetas. Me percaté de que algunos, los que estaban abajo, ya habían muerto, creo que por asfixia. Quedaban vivos unos 15 a 18 estudiantes. Le encargué a El Pato que se hiciera cargo de todo”.