La guerrilla comunista de las FARC advirtió ayer que “no es posible” sellar un acuerdo de paz para Colombia que contemple “un solo día de cárcel” para los guerrilleros, luego de que aumentara la presión por justicia para las víctimas del conflicto armado.
“Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido el derecho a la rebelión (…) para acabar con las injusticias que ha padecido nuestro pueblo”, declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano en La Habana.
“No son los miembros de las FARC quienes han gozado de impunidad a lo largo del conflicto colombiano, sino la oligarquía, la clase política gobernante y las fuerzas militares”, añadió Téllez.
La delegación del Gobierno no comentó esta advertencia hecha por la guerrilla luego de que aumentara la presión nacional e internacional para que acepten juzgar a los rebeldes involucrados en crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco del conflicto armado de medio siglo.
Kofi Annan, exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz 2001, advirtió el viernes en una reunión con los negociadores de ambas partes en La Habana, que si un eventual acuerdo de paz no contempla justicia en Colombia, podría intervenir la Corte Penal Internacional (CPI). “La Corte Penal Internacional tiene la norma de que si el gobierno involucrado, en este caso el Gobierno colombiano, no soluciona los asuntos de justicia, no establece un tribunal (…), la CPI interviene”, dijo Annan en una rueda de prensa junto a los jefes negociadores de las FARC, Iván Márquez, y del Gobierno, Humberto de la Calle.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han admitido que sus acciones armadas afectaron a la población civil, y no solo a las fuerzas militares, pero niegan haber cometido crímenes de “lesa humanidad” o infringido el “derecho internacional humanitario”, que regula la conducta de los beligerantes en un conflicto armado.
A su vez, la guerrilla denuncia que el Gobierno está intentando asegurar la “impunidad” de los miembros de las fuerzas militares y policiales responsables de crímenes en el conflicto armado. El mandato de Juan Manuel Santos y las FARC negocian desde noviembre de 2012.