Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos hicieron pasar a éstos por momentos “incómodos”, tras ser vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, fueron los mayores críticos a sus gestiones.
Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.
ARGENTINA. Uno de los casos más recientes tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias que tendría en Estados Unidos e Irán y que al parecer comparte la titularidad de alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.
Diferentes sectores de la oposición argentina pidieron que se investigue al hijo mayor de la Mandataria y del fallecido exgobernante Néstor Kirchner, quien negó que tenga dichos depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.
Por otra parte, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista la mandataria Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.
La sociedad Hotesur en la actualidad es investigada por la justicia por presuntas irregularidades administrativas.
Uno de los casos que más controversia generó en el último tiempo es el de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Él está siendo investigado junto a su esposa, Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada.
El caso en que está involucrado el hijo de Bachelet es un negocio inmobiliario en el que adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los dueños de un importante banco del país, para luego venderlos a un precio mayor.
Estos “problemas” llegaron también a Centroamérica. En México, una investigación periodística reveló a finales de 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más sonados de los últimos años.
Las críticas desatadas en torno a la residencia llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a hacer pública su declaración patrimonial completa.
Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes compañías que consiguió como propietario de una empresa de desarrollo de juegos de computadora cuando su padre, Luiz Inácio Lula da Silva, era gobernante de Brasil.
Sin embargo, nunca fue acusado formalmente y los procesados fueron los medios de comunicación que ventilaron el asunto.
En Colombia, los hijos del exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal, lo que provocó que se pidiera una investigación judicial al respecto.
De acuerdo con pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicadas en el rotativo británico The Guardian, los hijos del ahora senador eran accionistas de una corporación llamada Asia America Investment Corporation, con sede desde 2008 en las Islas Vírgenes.
Los jóvenes explicaron que la compañía nunca operó ni produjo ingresos y que a los pocos meses de crearla se retiraron mediante acto jurídico formal, algo que no convenció a varios sectores políticos del país, que recordaron que Tomás y Jerónimo fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre fue presidente.
Además de sus hijos, también levantó controversia uno de los hermanos del exmandatario Uribe, Santiago, quien en 2014 fue señalado ante la Fiscalía de colaborar en el asesinato de un conductor de autobús en 1994 como parte de una estrategia del grupo paramilitar “Los 12 apóstoles”.
PERÚ. Además está el caso del hermano del gobernante del Perú, Ollanta Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en 2005.
El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus miembros fueron fuertes críticos del propio gobernante. Antauro lo tilda de “conserje”, otro hermano dice que quien manda es su esposa Nadine, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre lo trata de traidor.
En Nicaragua los familiares del exdignatario Arnoldo Alemán (1997-2002) estuvieron involucrados en casos de corrupción en Estados Unidos, Panamá y Nicaragua, al considerar que sus cuentas en bancos provenían de actividades ilícitas, principalmente del erario público.
En Panamá se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela, por la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada a través del gubernamental.
Una Fiscalía anticorrupción le impuso esta semana a la exministra una prohibición de salida del país mientras investiga el caso.