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jueves 24 jun 2021 | Actualizado a 21:25

En Perú se mueven $us 8.500 millones producto del narcotráfico, dice procuradora antidroga

Perú, Bolivia, junto a Colombia, están entre los mayores productores de hoja de coca y cocaína del mundo, según la ONU. En territorio peruano operan mafias mexicanas dedicadas al narcotráfico, según la policía antidroga.

/ 24 de abril de 2015 / 21:17

En Perú, considerado por la ONU como uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína, se mueven al año 8.500 millones de dólares provenientes del narcotráfico, reveló la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, en entrevista con la AFP.

«De acuerdo a estudios y cifras oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera y de las Naciones Unidas, estamos hablando de casi 8.500 millones de dólares al año y se está mezclando en el sistema financiero y definitivamente ya tenemos en el país capitales mezclados», dijo Medina, cuyo despacho está bajo jurisdicción del Ministerio del Interior.

El monto es equivalente a las inversiones mineras que se prevén en Perú en 2015.

«Si no hacemos nada la tendencia a incrementar continuará y en dos años estaremos hablando de 10 mil millones anual», precisó Medina, abogada del Estado en casos de narcotráfico.

A su juicio el incremento del dinero sucio del narcotráfico es una responsabilidad compartida que todos deben asumir: la procuraduría, policía, ministerio Público y el Poder Judicial.»Desde la Procuraduría Antidrogas, tengo un compromiso personal y profesional de trabajar duro en esta cruzada contra el narcotráfico», precisó.

87.000 casos

Desde hace 13 años, Sonia Medina encabeza un equipo de 123 personas, que llevan en conjunto unos 87.000 casos, por micro y macro comercialización de drogas.

Dentro de la macro comercialización de droga, lleva unos 3.000 procesos que son considerados complejos y donde están involucradas organizaciones criminales de alto nivel.

«En esta lucha hay autoridades que hacen loable labor, excelentes fiscales que están en el campo, la policía nacional que enfrenta a los narcos en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero lamentablemente hay algunos que no hacen su tarea», comentó.

El VRAEM (sudeste) es la mayor zona cocalera de Perú, y en ella las fuerzas armadas combaten a bandas de narcotraficantes que actúan en alianza con remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso, según el gobierno peruano.

La mayoría de los casos de la Procuraduría son los micro comercializadores, que usualmente aceptan su culpabilidad, se acogen a un beneficio legal y llegan a un acuerdo con el fiscal, con una sentencia benévola que los tiene rápidamente de vuelta en las calles, explicó Medina.

Cuenta además que, en otros casos, los jueces dictan comparecencia porque toman la venta de droga al menudeo como «un factor para paliar la pobreza» y el imputado se va a su casa y nunca se presenta al proceso.

«No se toma en cuenta, pese a que la procuraduría lo explica, que vender droga es un modo para vivir de ciertas familias y de ciertos clanes, pero estas personas no están solas, tienen quienes los financian, les proveen las drogas, reparten los territorios de venta, es una de las características del crimen organizado», señaló.

Narcotráfico y política

«Vivimos en riesgo latente con tener autoridades subvencionadas por narcotraficantes, para evitar las autoridades que luchan contra el narcotráfico y las autoridades electorales deben estar en alerta», dijo Medina, ante la cercanía de las próximas elecciones generales en Perú, en abril del 2016 (para la presidencia y el Congreso).

Para la procuradora, los candidatos así como cualquier ciudadano, saben del problema de la droga en el país.

«Entonces no ver su entorno y saber los capitales que reciben para su campaña, es tener una severa ceguera intencional, pecar de ingenuidad o de ignorancia deliberada de aceptar sin preguntar», explicó.

Medina saludó una reciente ley aprobada que señala que si un congresista está involucrado en los delitos de narcotráfico o lavado de activos se le expulsa del Legislativo y el partido político al cual pertenece pierde el escaño, sin posibilidad de poder reemplazarlo por quien quedó segundo en su lista.

«Debemos cuidar nuestras instituciones, más aún en estos tiempos en que hemos visto que hay muchos problemas con apoyos y dineros sucios del narcotráfico o el lavado de activos», señaló.

Perú, Bolivia, junto a Colombia, están entre los mayores productores de hoja de coca y cocaína del mundo, según la ONU. En territorio peruano operan mafias mexicanas dedicadas al narcotráfico, según la policía antidroga.

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Gibraltar aprueba en referéndum flexibilizar acceso al aborto

Un 62% de los votantes aprobaron una enmienda que permite el aborto cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo, como en caso de violación o incesto, o cuando el feto presenta defectos físicos que puedan ser fatales.

Imagen de referencia

Por AFP

/ 24 de junio de 2021 / 21:15

Gibraltar aprobó por amplio margen flexibilizar las restricciones en su drástica ley sobre el aborto, en un referéndum aplazado más de un año por la pandemia del coronavirus, según los resultados divulgados en las primeras horas del viernes.

Un 62% de los votantes aprobaron una enmienda que permite el aborto cuando la salud física o mental de la mujer está en riesgo, como en caso de violación o incesto, o cuando el feto presenta defectos físicos que puedan ser fatales.

Poco más del 36% votó contra la medida en la consulta, que expuso las opiniones divididas en este enclave británico en el extremo sur de España, con una población de 32.000 habitantes.

El referéndum tuvo una participación del 52,75%.

Actualmente, el aborto es prohibido en Gibraltar y penado con prisión de por vida, aunque tal sanción no ha sido aplicada en tiempos modernos. Únicamente se permite cuando la vida de la madre está en riesgo.

La enmienda permitirá que la mujer se someta a un aborto hasta las 12 semanas del embarazo si existe riesgo para su salud física o mental, o más tarde si se determina que el daño sería grave y permanente.

Aunque los cambios fueron aprobados por el parlamento de Gibraltar, el referéndum consultó a los votantes si la enmienda debe entrar en vigor.

Hasta ahora, las mujeres de Gibraltar que quieren someterse a un aborto deben viajar a España o Gran Bretaña para el tratamiento.

El jefe del gobierno local, Fabian Picardo, quien hizo campaña a favor de la reforma, reconoció que el aborto es «un tema emocional», pero destacó el resultado como un paso adelante.

«Lo que queríamos hacer es asegurar que el mecanismo existiera (…) para que las mujeres pudieran decidir», comentó a la televisora Gibraltar TV, mientras activistas gritaban y celebraban a sus espaldas.

Por su parte, activistas contra el aborto lamentaron el resultado al considerar que desprotege a los fetos.

«Esta ley es muy extrema, elimina toda la protección para los niños no nacidos hasta los nueve meses» de embarazo, reclamó Karenza Morillo, quien hizo campaña por el «No» en el referéndum.

La enmienda debe entrar en vigor rápidamente, aunque no se dio a conocer un plazo específico.

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Corte IDH pide liberación inmediata de cuatro opositores presos en Nicaragua

En esta decisión conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe "a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión".

El opositor Juan Sebastián Chamorro

Por AFP

/ 24 de junio de 2021 / 20:58

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió el jueves la liberación inmediata y la protección de la vida e integridad de cuatro opositores presos en Nicaragua, a quienes el presidente Daniel Ortega ha tildado de «criminales».

En su resolución, el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó «requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata» de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.

En esta decisión conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide al Estado de Nicaragua que informe «a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión».

Esta decisión ocurre después de un pedido ante la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó la intervención de la Corte por la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.

La entidad valoró que puede actuar en favor de estas cuatro personas pues la situación cumple tres premisas: ser de «extrema gravedad», debe atenderse con «urgencia» y debe tratar de «evitársele daños irreparables». Esto se ampara en la Convención Americana.

Las medida provisionales de la Corte IDH, se suelen dar «en casos de extrema gravedad y urgencia» y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Nicaragua es un país que acepta la jurisdicción de este tribunal.

Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por «incitar a la injerencia extranjera» y «aplaudir sanciones» contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.

Pero, para el gobernante, no se trata de «candidatos» ni «políticos» sino de «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», al tratar de organizar un «golpe de Estado».

Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las

anifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

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Líder del ELN colombiano renuncia desde Cuba por motivos de salud

Rodríguez Bautista, de 71 años, informó que se encuentra enfermo y que por este motivo no puede llevar a cabo su función como Primer Comandante del ELN.

Rodríguez Bautista

Por AFP

/ 24 de junio de 2021 / 18:49

El líder guerrillero Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como «Gabino», renunció por motivos de salud a la máxima dirigencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el jueves desde Cuba el grupo insurgente, un anuncio que mereció duras palabras del Alto Comisionado para la Paz en Colombia.

Rodríguez Bautista, de 71 años, informó que se encuentra enfermo y que por este motivo no puede llevar a cabo su función como Primer Comandante del ELN.

Esa circunstancia «me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo, la cual ha sido aceptada», explicó en el comunicado fechado el 1° de mayo de 2021 desde algún lugar de Cuba, pero recién difundido este jueves aunque sin dar detalles de su enfermedad.

Indicó que llegó a la isla en mayo de 2018, en el marco de un acuerdo humanitario entre Colombia y Cuba y que se encuentra bajo un tratamiento que deberá continuar.

«Gabino» se unió a las filas guerrilleras cuando tenía sólo 14 años y se convirtió en el primer comandante del ELN desde 1998, tras la muerte por causas naturales de su antecesor, el sacerdote Manuel Pérez (1943-1998).

Será el segundo ex comandante del ELN en radicarse en Cuba. El fundador Fabio Vázquez Castaño se instaló en la isla tras dejar la guerrilla y murió allí en diciembre de 2019, a los 79 años.

Al conocer la renuncia de Rodríguez Bautista, el Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Juan Camilo Restrepo, reaccionó con una dura crítica al ELN.

«Lo que está esperando el pueblo colombiano es la renuncia del ELN a su actuar criminal», a que sigan «reclutando menores», «al secuestro» y «a la instalación de minas antipersonales».

«Esa es la renuncia que está esperando no solamente el pueblo colombiano sino (…) el gobierno nacional», añadió Restrepo, en rueda de prensa en Bogotá.

«No lo aceptamos»

En otro comunicado, difundido también el jueves y fechado el 14 de junio de 2021, el ELN informó que el lugar de Rodríguez Bautista será ocupado por Antonio García y que Pablo Beltrán ocupará la segunda posición dentro de la organización, mientras que el tercer comandante será Pablo Marín.

«Los planes militares y las orientaciones de todas las operaciones militares estarán bajo responsabilidad del colectivo del Comando Central que está en el país y del Estado Mayor Nacional; en tal sentido se libera de toda responsabilidad a los Comandantes e Integrantes de la delegación de Diálogo que se encuentra en Cuba», indicó.

Al respecto, Restrepo destacó que «eso es un chiste y un engaño» que el gobierno colombiano no acepta.

«Se está en Cuba, se está pretendiendo hacer unos acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz y por el otro lado se dice que en el actuar criminal que hacen en el territorio colombiano no tienen que ver. No, no, eso nosotros no lo aceptamos», enfatizó el comisionado.

El presidente de Colombia, Iván Duque, rompió en 2019 las negociaciones que venía sosteniendo su antecesor Juan Manuel Santos con el ELN, la última guerrilla de su país tras el acuerdo de paz que desarmó a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tres años antes.

Cuba, que fue sede y garante de esas negociaciones de paz con las FARC, también acogió el mismo proceso con el ELN.

Duque decidió apartarse a raíz de un ataque con coche bomba de la insurgencia contra una escuela de cadetes policiales en enero de 2019 en el sur de Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos además del perpetrador.

El mandatario presiona a Cuba para que le entregue a los negociadores rebeldes que esperaban en La Habana la reactivación de las conversaciones.

Las relaciones entre La Habana y Bogotá se enfriaron tras la llegada de Duque al poder en agosto de 2018, y recientemente tuvieron otro roce cuando el gobierno colombiano expulsó a un diplomático cubano por desarrollar, según dijo, «actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena» en su país.

La acusación, rechazada por La Habana, se dio en el marco de la protestas masivas en Colombia que se activaron a finales de abril y que dejaron decenas de muertos.

Aunque el acuerdo con las FARC redujo la violencia, Colombia atraviesa un conflicto que dura casi seis décadas con más de nueve millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados.

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EEUU: Noventa y nueve personas permanecen desaparecidas tras derrumbe del edificio en Florida

Al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce.

Foto: AFP

Por AFP

/ 24 de junio de 2021 / 17:45

Las autoridades no tienen noticias de 99 personas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial cerca de Miami este jueves, lo que hace temer un alto balance de víctimas, declaró el jefe de la policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez.

«Cincuenta y tres personas fueron localizadas, no tenemos noticias de 99 personas», indicó.

«Eso podría deberse a distintos motivos, aún estamos en la fase preliminar» de las pesquisas, añadió.

Al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener «malas noticias».

Los 12 pisos del edificio se derrumbaron en Surfside, al norte de Miami Beach, a la 01.30 (05.30 GMT), provocando una gran nube de polvo que se extendió por varias calles de la zona, según varios testigos.

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Crisis en Junta Electoral de Perú complica más proclamación de nuevo presidente

Un grupo de políticos conservadores solicitó este jueves al presidente saliente, Francisco Sagasti, que pida a la OEA una auditoría a la reñida elección del 6 de junio, en la que Castillo superó por 44.000 votos a Fujimori

Pedro Castillo y Keiko Fujimori

/ 24 de junio de 2021 / 17:35

La incertidumbre crece este jueves en Perú luego de que uno de los cuatro magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) «declinó» seguir en su cargo, decisión calificada como «insólita» por la OEA y que amenaza con retrasar la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como eventual vencedor del balotaje presidencial.

Un grupo de políticos conservadores solicitó este jueves al presidente saliente, Francisco Sagasti, que pida a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría a la reñida elección del 6 de junio, en la que Castillo superó por 44.000 votos a la derechista Keiko Fujimori según el escrutinio final, aunque falta que el JNE resuelva impugnaciones antes de proclamar un ganador.

Pero el organismo regional, que participó como observador internacional en la elección, se adelantó al eventual pedido y manifestó su sorpresa por la decisión del magistrado.

«La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA toma nota de la insólita renuncia del magistrado Luis Arce al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un momento tan delicado del proceso electoral», dijo en un comunicado divulgado en Washington.

La MOE destacó que seguirá observando el proceso electoral en Perú hasta la proclamación del ganador.

El JNE, por su parte, pidió a la Fiscalía designar un nuevo miembro de ese órgano para evitar que «se afecte la culminación del proceso electoral», tras la «declinación irrevocable» que presentara Arce el miércoles en la noche.

La decisión de Arce -quien era representante de la Fiscalía- dejó al Jurado sin quórum para seguir funcionando.

El JNE optó por «suspender en el ejercicio del cargo» a Arce y expresó su «rechazo a las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante», quien había afirmado en su carta de alejamiento que «todo parece estar consumado desde hace mucho tiempo atrás» en favor de Castillo.

Arce legalmente no podía renunciar mientras no finalizara el presente proceso electoral, por lo que empleó la palabra «declinar» su puesto, lo que entrampó al Jurado de cuatro miembros cuando aparentemente faltaban pocos días para que proclamara al nuevo presidente.

«Daño al país»

La decisión de Arce parece en sintonía con sectores políticos que denuncian un «fraude» en perjuicio de Fujimori, después de que Estados Unidos y la OEA han dicho que este proceso electoral fue limpio.

Arce «ha renunciado con el único propósito de paralizar al actual Jurado», dijo la candidata a vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte.
El renunciante «ha hecho un tremendo daño al país», estimó el abogado Aníbal Torres, del equipo legal de Castillo.

«La ‘declinación’ del representante Luis Arce constituye un atentado frontal contra el estado de derecho que busca poner en jaque la democracia», tuiteó de su lado José Miguel Vivanco, encargado para las Américas de la ONG Human Rights Watch.

El JNE estaba avanzando lentamente en dirimir las impugnaciones presentadas por Fujimori y había rechazado la mayoría de ellas.

El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio, que culminó hace nueve días, dio 50,12% a Castillo y un 49,87% a Fujimori.

«Modelo de democracia»

El martes, Estados Unidos destacó en un comunicado del Departamento de Estado que las elecciones peruanas «son un modelo de democracia en la región» y dijo que apoyaba «dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana».

La MOE también resaltó que los comicios fueron limpios y sin «graves irregularidades», lo mismo que asegura el gobierno de Sagasti, quien culmina su mandato el 28 de julio.

Sin embargo, el bando de Fujimori ha seguido afirmando que hubo «fraude» y ha buscado bloquear -o demorar- la proclamación del vencedor con diversas solicitudes ante el JNE, mientras militares retirados se manifiestan en las calles y han llamado a las Fuerzas Armadas a impedir que pueda asumir Castillo, a quien tildan de «comunista».

En Perú la palabra comunista está asociada al terror causado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (que operó entre 1980-2000), una idea que Fujimori y sus partidarios azuzaron durante la campaña.

«Precedente de Bolivia»

La política conservadora Lourdes Flores, una de las que apoya una «auditoría internacional» a los comicios, afirmó que «lo sano es zanjar este tema y encontrar una dirimencia que dé luces con el precedente latinoamericano de Bolivia».

«Queremos saber la verdad, no estamos a favor de ningún candidato (…) queremos que venga una auditoría de la OEA», dijo el legislador electo y almirante retirado Jorge Montoya, en una rueda de prensa junto a media docena de políticos, en la que anunciaron que pedirían a Sagasti concretar el pedido.

El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo «manipulación dolosa», pero la MOE dijo en su informe preliminar que en los comicios de Perú no hubo «graves irregularidades».

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