Gobierno mexicano niega ejecuciones tras choque armado en el oeste de México
Según la versión inicial del Ejército, 22 presuntos miembros de una banda de secuestrados fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero después una testigo dijo que solo uno había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Las autoridades mexicanas aseguraron hoy que no hubo ejecuciones tras el enfrentamiento registrado el viernes pasado en el occidental estado de Michoacán, en el que murieron 42 presuntos miembros de un cártel de las drogas y un policía federal.
«No hay una sola ejecución», dijo «categóricamente» el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien recordó que «hay tres detenidos» y dos policías heridos durante el choque ocurrido en un rancho del municipio de Tanhuato, colindante con el estado de Jalisco.
En declaraciones a Radio Fórmula, Galindo descartó que se tratara de una venganza por el derribo de un helicóptero castrense el 1 de mayo pasado en Jalisco, en el que nueve militares perdieron la vida, por parte de un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Explicó que la Policía Federal tiene un protocolo de actuación que incluye el llamado a la rendición y la entrega de armas, pero los delincuentes no dejaron las armas.
Y es que el balance de víctimas fatales tan desigual entre las dos partes hizo que algunas analistas recordaran lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de militares.
Según la versión inicial del Ejército, 22 presuntos miembros de una banda de secuestrados fallecieron en un enfrentamiento con militares, pero después una testigo dijo que solo uno había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Una investigación de la fiscalía reveló después que en el tiroteo 14 personas perdieron la vida y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación, aunque el ombusdman nacional estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, también rechazó hoy la ejecución de presuntos delincuentes el viernes pasado y atribuyó el saldo desigual «a la capacitación y la formación» de las fuerzas de seguridad.
El intercambio de disparos por más de tres horas se produjo tras una denuncia de la invasión por parte de un grupo armado del rancho El Sol, en la comunidad de Tinaja de Vargas, que motivó el viernes un operativo de las fuerzas de seguridad en la zona.
Del grupo inicial de 42 agentes que participaron en el enfrentamiento, murió un policía.
Después de más de una hora de enfrentamiento llegaron refuerzos de la Policía Federal, alrededor de 60, narró Galindo.
«Calculamos que (en el rancho) podría haber entre 60 y 70 personas, todos armados con armas largas que deambulaban libremente por la zona, distribuyendo drogas, cobrando derecho de piso, asolando a las comunidades», señaló.
Rubido indicó que los agentes del contingente inicial ya presentaron su declaración y se les hizo pruebas «para ver la distancia desde donde se efectuaron los disparos».
Dichas pruebas muestran que los disparos se realizaron «a una distancia considerable de los cuerpos», añadió el funcionario.
Sobre los presuntos delincuentes fallecidos, señaló que 18 son originarios de Jalisco y los demás de distintos lugares del país.
De los detenidos -José Eduardo Mares, César Jesús López y Roberto Rafael Gutiérrez- en el enfrentamiento, dos reconocieron formar parte del CJNG, dijo Rubido en un encuentro con corresponsales extranjeros.
En la operación participaron dos helicópteros, siendo uno el reemplazo del otro, los cuales llevaron a cabo labores de contención o dispersión y no tenían la orden de disparar directamente a los presuntos sicarios, precisó.
A pesar de ello, el comisionado dijo que «las pruebas (periciales) determinarán con qué calibre fueron heridos los hombres que fallecieron».
Uno de los helicópteros recibió tres impactos por parte de armas de alto calibre en su fuselaje a fin de derribarlo, añadió Rubido, quien dijo no saber la cifra exacta de personas presentes en la finca y si algunas escaparon o estarían vinculadas a los sucesos del 1 de mayo.
El comisionado, quien señaló que en el lugar se contabilizaron 2.626 casquillos y 1.282 cartuchos útiles, destacó que el CJNG se ha desplazado al aledaño estado de Michoacán a fin de «despresurizarse» tras «presuntamente haber cometido ilícitos» en Jalisco.
En este sentido, recordó que la zona sur de Jalisco es la principal área de actuación de la banda, por lo que «es entendible» que cambien de estado cuando sienten «que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad».
Por último, explicó que no había ningún indicio que llevara a pensar que el líder del cártel, Nemesio Oseguera «el Mencho», pudiera encontrarse en la hacienda.
De ser así, «el operativo hubiera sido totalmente distinto», zanjó.