Oficialistas y opositores chocan en Quito por leyes de herencia y plusvalía
El Gobierno ha señalado que las manifestaciones obedecen a intereses políticos de sectores económicos poderosos que intentan impedir políticas que buscan redistribuir la riqueza que concentran las familias más ricas del país.
Grupos de manifestantes seguidores del oficialismo y de la oposición de Ecuador se encontraron hoy en una de las principales avenidas del centro comercial de Quito, para apoyar y rechazar, respectivamente, unos proyectos de ley del Gobierno que fija impuestos a las herencias y a la plusvalía.
Un piquete de policías se interpuso entre las dos manifestaciones que se encontraron en la avenida de Los Shyris, una de las más transitadas de la ciudad, en el casco comercial y donde se encuentra la sede del movimiento oficialista, Alianza País.
Aunque las autoridades no han informado de mayores incidentes, en redes sociales se mostraron fotografías del rostro con sangre de un simpatizante del Gobierno, presuntamente golpeado por opositores.
También un manifestante de la oposición recibió un manotazo de una activista del oficialismo, cuando el primero intento quitarle la bandera del movimiento Alianza País, según mostraron imágenes de televisión.
La oposición, que ha convocado a manifestaciones permanentes en la avenida de Los Shyris, demandó la salida del presidente del país, Rafael Correa, que hoy viajó a Bruselas para participar en la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).
«Fuera, Correa. Fuera» fue la consigna que el grupo de oposición gritó con fuerza, mientras quemaba banderas del movimiento oficialista.
Desde el lado oficialista se respondió con la frase «uuu, aaa, Correa no se va», en una acalorada discusión en la que también se notaron insultos y empujones.
El legislador oficialista Virgilio Hernández, que participó en la manifestación, dijo a la cadena de televisión Ecuavisa que el proyecto de ley sobre las herencias no perjudica a los pobres ni a la clase media, como teme la oposición.
«Vamos a ir a todos los sectores para demostrar que esta medida no afecta ni a los más pobres ni a los sectores medios», añadió Hernández.
No obstante, uno de los manifestantes opositores, René Brito, aseguró que el «pueblo está siendo saqueado» por el Gobierno de Correa, que ha fijado unas tasas progresivas de impuestos a las herencias.
Las manifestaciones se han reproducido en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, donde los opositores también rechazaron la ley sobre la plusvalía, a la que consideran una medida «antipopular», aunque el oficialismo señala que con ella combatirá la especulación sobre la tierra y los bienes inmuebles.
El Gobierno ha señalado que las manifestaciones obedecen a intereses políticos de sectores económicos poderosos que intentan impedir políticas que buscan redistribuir la riqueza que concentran las familias más ricas del país.
El pulso entre ambos bandos también ha sido interpretado como una manifestación inicial de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de 2017, donde todavía hay duda de que Correa, en el poder desde 2007, se presente para una nueva reelección.
Justamente un líder opositor, el exbanquero Guillermo Lasso, quien se perfila como postulante a la Presidencia en los comicios de 2017, criticó la ley de herencias impulsada por el Gobierno y dijo que si llega al poder la derogará.
«¿Cuando seamos Gobierno (…) tiraremos al tacho de basura de la historia la actual ley de herencias» del Gobierno de Correa, dijo Lasso en un encuentro en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde calificó a la propuesta gubernamental como un atentado contra la familia ecuatoriana.
Por otra parte, un grupo de habitantes de la Isla Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos, también se manifestó contra las reformas a la ley especial que rige en la región y a las que consideró lesivas para los ciudadanos que habitan allí.
Según la cadena de televisión Ecuavisa, los manifestantes ocuparon las instalaciones del aeropuerto Seymour para expresar su malestar contra la normativa, sobre todo porque regula los aumentos salariales para la población de esa región insular.