La oposición brasileña formalizó este miércoles (21 de octubre) una nueva petición de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusa de supuestos «delitos de responsabilidad» que la Constitución contempla entre las posibles causas para destituir a un mandatario.
La nueva solicitud para un proceso con miras a la destitución de Rousseff fue entregada a la Cámara de Diputados y sostiene que la jefa de Estado avaló las irregularidades detectadas en los balances presentados por el Gobierno en 2014.
Esas irregularidades, según órganos de contraloría, se han mantenido en 2015, ya en el segundo mandato presidencial de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero.
Según la oposición, esas maniobras configuran un «delito de responsabilidad», que es una de las posibles causas previstas en la Constitución brasileña para la destitución de un mandatario.
«Este no es un movimiento sólo de oposición», pues «representa a la población brasileña, que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto», declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras tres formaciones opositoras.
El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.
Sin embargo, Cunha es, según la ley, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando existan razones jurídicas o los considerados «delitos de responsabilidad».
El documento fue entregado horas después de que Rousseff regresó al país tras un viaje de trabajo a Suecia y Finlandia, durante el que intercambió duras declaraciones con Cunha, quien pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) pero hace meses anunció su decisión «personal» de pasar a la oposición.
Desde el exterior Rousseff lamentó que «un brasileño», en franca alusión a Cunha, estuviera implicado en asuntos de corrupción, a lo que el jefe de la Cámara Baja respondió que «nunca» se ha visto un Gobierno «tan corrupto como el actual».
Rousseff replicó desde Finlandia y declaró que el Ejecutivo no tiene nada que ver con los escándalos en Petrobras, frente a lo cual Cunha declaró que «no sabía» que la estatal «no era del Gobierno».
Con ese enconado telón de fondo, Cunha recibió hoy el documento, pero aclaró que «será procesado dentro de la legalidad y con imparcialidad», al igual que ya analizó y rechazó otros once, pues, a su juicio, carecían de los elementos jurídicos que la Constitución exige.
La oposición afirma que ahora es diferente, pues considera que se «comprobó» que Rousseff incurrió en «delitos de responsabilidad» en forma «continua» y que, además, «insiste» en esas prácticas.
Los balances de las cuentas públicas del año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido durante este año.
Esos balances deben ser analizados ahora por el Senado, que en caso de rechazarlos, como recomendó el tribunal, daría aún más pie a un posible juicio político contra Rousseff.
La semana pasada, en una entrevista con Efe, el fiscal a cargo de esa investigación en el Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, aseguró que el Gobierno ha cometido «irregularidades graves» en el manejo de las cuentas públicas y aún las comete.
La investigación constató que en 2014 el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para cubrir los gastos con seguros de desempleo o subsidios a las familias más pobres, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 10.260 millones de dólares).
Aunque el Gobierno canceló parte de esa deuda a fines de 2014, retomó esas prácticas en los últimos meses y ya acumula, según el fiscal, una deuda similar a la registrada al 31 de diciembre pasado.
Abogados vinculados al gobernante PT afirman que las irregularidades del mandato anterior, que concluyó el 31 de diciembre pasado, no se pueden esgrimir para juzgar la actual gestión de Rousseff.
No obstante, con la «continuidad» de esas maniobras, el PSDB y otras fuerzas opositoras sostienen que las causas jurídicas exigidas para un juicio político «están plenamente configuradas».