El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil y rival de la presidenta Dilma Rousseff aceptó un pedido de juicio político (impeachment) contra la Mandataria por adulteración de cuentas, un proceso que podría poner fin a su mandato. “Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha.
La decisión de este poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados cuya conclusión será votada por el plenario de la Cámara.
Escenario. Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero. Luego, el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la Cámara Alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer, hasta las elecciones presidenciales de 2018.
“No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil” desde el punto de vista tanto económico como político, añadió Cunha.
Tras agitar el fantasma del impeachment durante meses, Cunha decidió pasar a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hicieran público que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene potestad de terminar con el mandato del jefe de la Cámara Baja.
El paso inicial para un eventual juicio político a la Presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.
El pedido de impeachment aceptado por Cunha contra la Mandataria fue hecho por un grupo de juristas independientes —incluido un exfundador del PT, Helio Bicudo— que la acusan de haber maquillado las cuentas públicas para cubrir falencias de su gestión.
Sindican a Mandataria de ‘maquillar cuentas’
La oposición acusa a Rousseff de haber maquillado las cuentas públicas de 2014 y 2015 de forma deliberada. Con el objetivo de minimizar el impacto de la crisis, Rousseff habría cargado a los bancos públicos gastos correspondientes al Gobierno. Estas prácticas se habrían reproducido al comienzo de 2015, después de su reelección, según sus oponentes. El Tribunal de Cuentas de la Unión dio un impulso a la oposición a principios de octubre cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.
Los partidarios del impeachment juzgan que estas prácticas constituyen un “crimen de responsabilidad” por parte de la Presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución brasileña, especialmente por violación de la Ley de Finanzas Públicas.
La causa que se extendería durante meses podría fracasar incluso antes de su desenlace, en el caso de que no se encuentren los fundamentos jurídicos o apoyos parlamentarios suficientes para desarrollarla.