Justicia de Colombia investiga a aliados de Petro por escuchas ilegales
El jefe de la Fiscalía aseguró en rueda de prensa que el teléfono de la exniñera de los funcionarios fue interceptado "con la utilización de un informe falso"
La justicia de Colombia anunció este jueves que llamará a declarar a dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro en un caso «aberrante» de escuchas ilegales a una exniñera, a quien le adjudicaron una falsa relación con narcotraficantes del Clan del Golfo.
Un escándalo en apariencia doméstico terminó salpicando a dos fichas claves del gobierno izquierdista: la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y Armando Benedetti, el poderoso político que lo apoyó en campaña y hoy es embajador en Venezuela.
El jefe de la Fiscalía aseguró en rueda de prensa que el teléfono de la exniñera de los funcionarios fue interceptado «con la utilización de un informe falso», en el que la vinculaban con narcos; luego del robo de un maletín con miles de dólares en la casa de Sarabia.
Otra empleada de la funcionaria también quedó bajo escucha. Ambas señaladas de trabajar con el comandante narco conocido como Siopas en el departamento del Chocó (oeste), a más de 550 km de sus residencias en la capital.
A la niñera Marelbys Meza la sometieron a un interrogatorio con polígrafo el 30 de enero. En un edifico anexo a la sede presidencial que está siendo investigado por autoridades.
«Este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial. Es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia que es la violación de derechos humanos», aseveró el fiscal general, Francisco Barbosa.
Previo a las escuchas ilegales en Colombia
La niñera contó a un medio local que durante el interrogatorio con polígrafo se sintió «secuestrada, aturdida, ahogada» con preguntas sobre la desaparición de los dólares, que según Sarabia sumaban USD 7.000.
«Las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia. La trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional», relató Barbosa.
El Clan del Golfo es la mayor banda narcotraficante de Colombia. Formada a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha que operaban con ayuda de algunos miembros de la fuerza pública.
Tras la explosiva entrevista de la niñera, se ha ido destapando un escándalo de chantaje y conspiración que enloda al alicaído gobierno de Petro. Cuando pena para hacer realidad sus ambiciosas reformas en el Congreso.
«Watergate»
Marelbys Meza fue cuidadora de los hijos de Benedetti en junio de 2022. Pero la despidieron por robo tras una prueba con polígrafo que detectó mentiras en su explicación, de acuerdo al embajador.
Benedetti fue jefe de Sarabia en el pasado y la presentó a Petro antes de que éste la contratara como jefa de gabinete, en un triángulo de poder que se está resquebrajando.
La razón por la cual Meza termina trabajando para Sarabia pese al robo en la casa de su exjefe no ha sido esclarecida.
Según versiones de prensa, Sarabia acusa a Benedetti de tenderle una trampa y chantajearla con la no publicación de la entrevista de la niñera a cambio de un ministerio.
El embajador, que trasladó a Meza en un vuelo privado a Caracas donde la niñera permaneció varios días; dice que él trataba de ayudar a Sarabia y es ella quien «está manipulando la información y esa cortina de humo que no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación», según un mensaje en su cuenta de Twitter.
No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales.
El mismo Petro fue indemnizado como víctima de las llamadas «chuzadas» del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), disuelto en 2011. Una extinta dependencia de la presidencia que bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010); se vio envuelta en un escándalo por escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.
A comienzos de 2023, Petro calificó como ‘Watergate’ las supuestas interceptaciones a su campaña presidencial que aún no han sido probadas.
«Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado», concluyó Barbosa.
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