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Señalan a iraníes como los causantes del atentado de 1994

El excanciller argentino Héctor Timerman afirmó que los sospechosos iraníes de causar el atentado contra la mutualista judía AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas, fueron los responsables de poner la bomba.

La afirmación se encuentra en el audio de una llamada telefónica realizada en 2012, antes de que Argentina firmara con Irán un acuerdo para avanzar en la investigación del atentado y tomar declaración a los iraníes sospechosos de causar el ataque.

En la llamada, el encargado de las relaciones exteriores del país suramericano durante el gobierno de Cristina Fernández informaba al entonces presidente de la AMIA sobre las conversaciones que mantenía el Ejecutivo con el país persa, al que las autoridades de la mutualista no reconocen como un interlocutor válido en la investigación. En el audio, dado a conocer anoche en la radio Mitre y reproducido ayer por medios locales, Timerman asegura que Argentina no tenía “otro con quien negociar”. “Hace 18 años que pusieron la bomba.

No me decís con quién negociar”, reprocha Timerman a Guillermo Borger, extitular de la AMIA, ante la negativa de las autoridades de la mutualista.

“El fiscal de la causa hizo un estudio serio e importante donde dice que Irán es responsable”, argumenta Borger en el audio, en referencia al trabajo realizado por el fallecido Alberto Nisman, a cargo de la investigación del atentado hasta su muerte en enero de este año. “La única forma es que (los acusados iraníes) se presenten a la Justicia (argentina) y declaren”, añade el extitular de la AMIA, en referencia al memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre los gobiernos de Cristina Fernández y Mahmud Ahmadineyad.

El acuerdo, que nunca fue ratificado por Teherán, fue aprobado por el Parlamento argentino con el rechazo de la oposición a Fernández. Sin embargo, quedó suspendido después de que las organizaciones judías lo denunciaran ante la Justicia por inconstitucional. El lunes pasado, el Gobierno de Macri desistió de apelar el fallo de un tribunal de alzada que estableció la inconstitucionalidad del acuerdo.