Ernestina Herrera de Noble, accionista y directora del grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina, murió ayer a los 92 años de edad en una clínica de Buenos Aires, informaron fuentes de la empresa.

La anciana había sido internada recientemente en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de la capital argentina como consecuencia de un cuadro clínico cardiológico, que se agravó por su avanzada edad.

El velatorio de sus restos será íntimo y el sepelio tendrá lugar hoy en el tradicional cementerio porteño de La Recoleta, según anunció su círculo familiar.
Nacida en Buenos Aires en 1925, se casó en 1967 con Roberto Noble, fundador, en 1945, del diario Clarín. Herrera se puso al frente del rotativo el 21 de enero de 1969, apenas nueve días después de la muerte de su esposo.

Periodismo. Clarín, en su edición digital, remarcó ayer que, bajo su dirección, el diario se convirtió en uno de los más importantes de habla hispana.
“Concretó una notable obra, además, en educación, cultura y desarrollo nacional”, añadió la publicación sobre su directora, quien, además, fue presidenta de la Fundación Noble.

Actualmente, el grupo mediático es uno de los principales de América Latina, con participación en radio, en televisión abierta y por cable, en la industria gráfica, en internet y en el amplio mundo de las telecomunicaciones.

“Despedimos a Ernestina Herrera de Noble, figura clave del periodismo y la defensa de la libertad de prensa. Mis condolencias a su familia”, escribió el presidente argentino, Mauricio Macri, en su cuenta de Twitter.

Con gran poder de influencia a lo largo de toda su trayectoria, en los últimos años, sobre todo durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015), Herrera de Noble quedó envuelta en diversas polémicas.

Madre adoptiva de Marcela y Felipe Noble Herrera. En diciembre de 2002, el entonces juez federal Roberto Marquevich, a raíz de una denuncia que afirmaba que sus hijos eran en realidad hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico militar (1976-1983), ordenó incluso su detención por supuesta falsificación de documentos públicos y sustracción de menores.

Pasó tres días arrestada hasta que le fue otorgada la prisión domiciliaria debido a su edad y luego la justicia la puso en libertad mientras proseguía la investigación. Sin embargo, después de un prolongado proceso, la justicia argentina determinó que los ADN de los chicos no coincidían con ninguna muestra del Banco Nacional de Datos Genéticos, y, en enero de 2016, la directora de Clarín fue sobreseída.

El caso judicial había sido impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación que lucha por encontrar a los casi 500 niños apropiados ilegalmente durante el régimen de facto.

Por otro lado, en diciembre de 2016, un juez dispuso el sobreseimiento de los directivos de los diarios Clarín y La Nación, incluida Herrera de Noble, entre otras personas, por la presunta apropiación ilícita durante la dictadura de Papel Prensa, la única fabricante de papel para periódicos del país.

Asimismo, la justicia estaba investigando si la familia Graiver fue obligada a vender, en 1976, bajo amenaza, la fabricante de papel de diarios fundada cuatro años antes a Clarín, La Nación y La Razón —únicos accionistas, hasta 2000, de Papel Prensa—.

Otro de los casos más sonados por los que tuvo que atravesar Herrera de Noble concluyó en 2013, cuando la Corte Suprema concluyó una batalla legal de cuatro años entre el Gobierno de Fernández y Clarín, al declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.

La norma fijaba para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Si bien el Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, ésta repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país.

Ernestina Herrera de Noble fue la primera mujer al frente de un grupo mediático importante. Clarín se fortaleció y se diversificó hacia cadenas de televisión, radio, internet, Tv por cable, derechos de fútbol por Tv y ahora telefonía móvil. También fue miembro del Instituto de Prensa Internacional y del Consejo del Museo Internacional de Televisión y Radio. Y fue la primera editora latinoamericana en integrar el Comité Consultivo de la Unesco para la Libertad de Prensa.

Los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que averiguan la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, pidieron ayer a la Fiscalía que reconozca que “no existe evidencia” sobre su destino e investigue las presuntas torturas a la mayoría de los detenidos.

El grupo de la CIDH recomendó a la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República, PGR) “cambiar la narrativa del caso” y abandonar el discurso según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Estado de Guerrero), fueron masacrados, incinerados en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula y arrojados a un río, tras ser baleados por sicarios y policías corruptos que los confundieron con narcotraficantes. A esta versión, la oficial, los investigadores la llaman la “verdad histórica”.

CERTEZA. Los investigadores aseguran que esta reconstrucción de los hechos no tiene sustento científico y que los jóvenes no fueron quemados en el basurero. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos” porque “no existe certeza sobre el destino de los normalistas” y tampoco se encontraron pruebas de que “fueran confundidos” con narcotraficantes, aseguran en su informe.

En ese mismo documento el grupo pidió a la Fiscalía investigar probables “desapariciones forzadas”, que representan violaciones de “derechos humanos de carácter permanente” y que “suponen una herida abierta en los familiares”. “Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de su detención, se siguieron activando sus teléfonos”, recomendaron los expertos.

Este informe es el segundo que presenta el grupo designado por la CIDH y que cierra su gestión, al cabo de 14 meses de trabajo. Como en el anterior, advierte que para llegar al fondo del caso también deben ser investigadas las presuntas torturas que sufrieron la mayoría de los detenidos y luego desaparecidos. En el primer documento que emitió, los expertos pusieron el acento en que “el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas”.

Las conclusiones generales del primer informe del grupo de la CIDH fueron secundadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también colaboró en la investigación a solicitud de los familiares de las víctimas. El grupo de expertos también consideró necesario “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”. Entre estos graves delitos se encuentran desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad,  exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.

“Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar”, subrayaron los investigadores, ante la posibilidad que la Fiscalía mexicana cierre el caso sin llegar a resolverlo.

Los padres aún luchan

Tristeza

El grupo deja México porque el Gobierno no extendió su mandato. “Tenemos la tristeza de irnos”, dijo una de las expertas. Los padres de los estudiantes se manifestaron el martes, a los 19 meses de que desaparecieran.

Los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que averiguan la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, pidieron ayer a la Fiscalía que reconozca que “no existe evidencia” sobre su destino e investigue las presuntas torturas a la mayoría de los detenidos.

El grupo de la CIDH recomendó a la Fiscalía mexicana (Procuraduría General de la República, PGR) “cambiar la narrativa del caso” y abandonar el discurso según el cual los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Estado de Guerrero), fueron masacrados, incinerados en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula y arrojados a un río, tras ser baleados por sicarios y policías corruptos que los confundieron con narcotraficantes. A esta versión, la oficial, los investigadores la llaman la “verdad histórica”.

CERTEZA. Los investigadores aseguran que esta reconstrucción de los hechos no tiene sustento científico y que los jóvenes no fueron quemados en el basurero. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos” porque “no existe certeza sobre el destino de los normalistas” y tampoco se encontraron pruebas de que “fueran confundidos” con narcotraficantes, aseguran en su informe.

En ese mismo documento el grupo pidió a la Fiscalía investigar probables “desapariciones forzadas”, que representan violaciones de “derechos humanos de carácter permanente” y que “suponen una herida abierta en los familiares”. “Deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de su detención, se siguieron activando sus teléfonos”, recomendaron los expertos.

Este informe es el segundo que presenta el grupo designado por la CIDH y que cierra su gestión, al cabo de 14 meses de trabajo. Como en el anterior, advierte que para llegar al fondo del caso también deben ser investigadas las presuntas torturas que sufrieron la mayoría de los detenidos y luego desaparecidos. En el primer documento que emitió, los expertos pusieron el acento en que “el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas”.

Las conclusiones generales del primer informe del grupo de la CIDH fueron secundadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también colaboró en la investigación a solicitud de los familiares de las víctimas. El grupo de expertos también consideró necesario “investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales”. Entre estos graves delitos se encuentran desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad,  exceso en el uso de la fuerza, y lesiones y amenazas que sufrieron los estudiantes sobrevivientes.

“Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar”, subrayaron los investigadores, ante la posibilidad que la Fiscalía mexicana cierre el caso sin llegar a resolverlo.

Los padres aún luchan

Tristeza

El grupo deja México porque el Gobierno no extendió su mandato. “Tenemos la tristeza de irnos”, dijo una de las expertas. Los padres de los estudiantes se manifestaron el martes, a los 19 meses de que desaparecieran.

Al menos 69 personas murieron y 290 resultaron heridas, muchas de ellas mujeres y niños, en un atentado suicida en un popular parque de la ciudad paquistaní de Lahore, donde los cristianos celebraban la Pascua. El ataque fue reivindicado por el grupo talibán Jamaat ul Ahrar.

El atentado es el peor que sufre el país desde el asalto talibán a una escuela de Peshawar (norte del país) en el que murieron 125 alumnos en 2014. El suicida hizo explotar las bombas que llevaba en el estacionamiento del parque Gulshan Iqbal, en las cercanías de una zona de juego infantil. Eran las 19.00 y el espacio de recreación se encontraba lleno de familias que habían ido a pasar la tarde del domingo, como es habitual los fines de semana, especialmente en los meses anteriores a la llegada del sofocante verano.

Las televisiones locales mostraban anoche imágenes de caos en el lugar de los hechos, con un intenso humo y equipos de rescate buscando supervivientes y transportando a los heridos a las ambulancias. Cientos de personas se agolpaban a las puertas de los hospitales en busca de sus familiares mientras que el Ejército desplegaba soldados en la ciudad para colaborar en las tareas de auxilio y evitar que se produjeran nuevos ataques.

Fanatismo. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que la masacre golpea con “violencia fanática” a “miembros de las minorías cristianas”. “Una vez más el odio homicida afecta vilmente a las personas que están menos protegidas”, añadió el portavoz, quien aseguró que el papa Francisco seguía con preocupación las informaciones que iban llegando.

El grupo insurgente Jamaat ul Ahrar, una escisión del principal grupo rebelde de Pakistán, el Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), asumió la autoría del atentado. “Reclamamos la responsabilidad por el ataque contra los cristianos que celebraban la Pascua”, dijo el portavoz del grupo islamista, Ehansullah Ehsan, al diario paquistaní The Express Tribune pocas horas después del atentado. Ehsan indicó que este ataque forma parte de una cadena de atentados programada para todo este año, bautizada como Saut-ul-Raad (la voz del trueno) y amenazó directamente al primer ministro paquistaní, Nawaz Sharifa y a la Liga Musulmana, el partido gobernante.

Los cristianos representan cerca del 2% de la población de Pakistán, un país mayoritariamente musulmán sunita de 200 millones de habitantes. En los últimos años, varias iglesias han sufrido ataques y varios cristianos han sido acusados de blasfemia en todo el país, pero sobre todo en Lahore.

El de ayer es el mayor atentado insurgente en el país desde el ataque del TTP a una escuela de la región de Peshawar —en el noroeste del país— que causó la muerte de 125 estudiantes. El TTP afirmó entonces que el asalto era una venganza por la operación militar que lanzó el Ejército en las zonas tribales del noroeste del país en junio de 2014 y que continúa en la actualidad. Esa operación ha golpeado duramente la capacidad de los grupos islamistas y en 2016 el número de víctimas en atentados había disminuido a su nivel más bajo en ocho años.

A pesar de ello, se han seguido produciendo ataques, principalmente contra objetivos civiles, como tribunales y universidades. A mediados de marzo, 15 personas murieron y 30 resultaron heridas en un atentado con bomba contra un autobús. Una semana antes, 14 personas fallecieron y otras 26 resultaron heridas en una acción suicida, como la de ayer, a la entrada de un tribunal, como venganza por la ejecución de un islamista.

gobiernos del mundo

Condenan

• Solidarios

Además del Vaticano, el Gobierno de EEUU condenó la masacre de Lahore y la calificó de “atroz y cobarde”. El Gobierno de Argentina rechazó “esas injustas manifestaciones de violencia”. También se sumaron al repudio México y España.

La Policía de Brasil apuntó la “posible” participación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en “prácticas delictivas” relacionadas con el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso el diario O Estado de Sao Paulo.

En un informe presentado en el marco de una nueva fase de la investigación, iniciada ayer, el comisario Filipe Hille dice sospechar que la constructora Odebrecht, salpicada por el caso de corrupción, “costeó la construcción” de la sede del Instituto Lula, institución dirigida por el exmandatario.

En el documento, el comisario analiza una nota encontrada en el teléfono móvil de Marcelo Odebrecht, expresidente de la firma Odebrecht y actualmente detenido, en la que aparecía escrita la frase “Predio (IL)” y un valor superior a 12 millones de reales (aproximadamente $us 2,9 millones).

Propiedades. El equipo de análisis de la Policía Federal considera “posible” que “Predio (IL)” se refiera al Instituto Lula, cuya sede se encuentra en Sao Paulo. “En caso de que el Predio (IL) se refiera al Instituto Lula, la conclusión más plausible sería que el grupo Odebrecht costeó la construcción de la sede de la referida entidad y otras propiedades pertenecientes a Luiz Inácio Lula da Silva”, cita el delegado.

El documento subraya que la “posible implicación del expresidente de la República en prácticas delictivas debe ser tratada con parsimonia”, lo que, en opinión del comisario, “no significa que las autoridades policiales dejen de ejercer su papel constitucional”.

El Instituto Lula, por su parte, afirmó que la entidad fue fundada en 2011, en la misma casa donde funcionaba el Instituto Ciudadanía y previamente el Instituto de Estudios e Investigaciones de los Trabajadores, lo que demuestra que el organismo “nunca construyó ningún edificio”.

Lula es actualmente centro de varias investigaciones, una de ellas por un supuesto caso de “blanqueo de dinero” asociado a la corrupción en Petrobras. La Fiscalía quiere esclarecer si Lula es propietario de un apartamento en el edificio Solaris, situado en Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, el cual está registrado a nombre de la constructora OAS, implicada en el escándalo de la petrolera.

Paralelamente, la Justicia autorizó que el exjefe de Estado sea también investigado por una finca campestre situada en Sao Paulo, que ha frecuentado en los últimos años y se sospecha que sea de su propiedad, algo que Lula ha negado en forma vehemente.

En enero, el exdirector del área Internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, uno de los reos por el caso de corrupción, señaló que recibió sobornos en Angola que fueron entregados a la campaña para la reelección en 2006 del expresidente, entre 40 y 50 millones de reales (unos $us 9,9 y 12,3 millones).

De acuerdo con un documento entregado por las autoridades a la Procuraduría General de la República y citado por el diario O Estado de Sao Paulo, el soborno surgió de la compra por un valor de $us 300 millones de bloques petrolíferos en Angola por parte de la compañía estatal.

Actos por 36 aniversario

Sábado. La presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezarán el sábado los actos de conmemoración del 36 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), según EFE.

Arrestan a publicista de la Presidenta y de Lula

La orden de detención del publicista de la campaña presidencial de Dilma Rousseff, emitida por la Justicia ayer, abre un nuevo frente de tormenta para la Jefa de Estado, que ya enfrenta dos procesos con potencial para terminar su mandato y una aguda crisis económica.

La Justicia ordenó el arresto de Joao Santana, un consultor político en América Latina que igual asesoró con éxito al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que gobierna en Brasil desde 2003.

Su objetivo es aclarar si una serie de pagos que recibió en el exterior provienen de la gigantesca constructora Odebrecht, acusada de participar en el fraude que desvió más de $us 2.000 millones de la estatal petrolera Petrobras.

Santana, quien también fue asesor de las campañas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, así como de otros líderes de Latinoamérica y del presidente de Angola, no fue detenido por encontrarse en el exterior.

El portal de noticias G1 informó que el publicista y su séptima esposa, Mónica, también con pedido de captura, están en República Dominicana trabajando en la campaña presidencial de ese país.