Empresarios y exfuncionarios a prisión por choque de tren en Argentina con 51 muertos
El mayor castigo de los jueces fue aplicado al concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano, con nueve años de cárcel por el delito de "administración fraudulenta, con estrago culposo".
Un empresario ferroviario y dos exsecretarios de Estado de Transporte de Argentina fueron condenados el martes con penas de seis a nueve años de prisión por el accidente del tren que se estrelló en 2012 contra una terminal, con 51 muertos y 789 heridos.
El mayor castigo de los jueces fue aplicado al concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA) Claudio Cirigliano, con nueve años de cárcel por el delito de «administración fraudulenta, con estrago culposo».
Una sentencia de ocho años tras las rejas fue impuesta al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y una de seis para su antecesor, Ricardo Jaime.
En total, fueron 21 condenados, en su mayoría exfuncionarios y hombres de negocios transportistas. Se dictaron siete absoluciones.
Entre los responsables de la llamada «Tragedia de Once» figura el maquinista Marcos Córdoba, con una pena de tres años y seis meses. En todos los casos el delito fue considerado «culposo» por negligencia, impericia o mala administración de los recursos ferroviarios.
El 22 de febrero de 2012 un tren con 1.200 pasajeros de la línea Sarmiento, que une la periferia oeste con el barrio de Once de la capital, embistió los paragolpes de la terminal, en un hecho que causó conmoción y que persuadió al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) de volver a estatizar y modernizar los ferrocarriles.
Los argumentos del fallo serán dados a conocer en 2016, pero el tribunal encontró mayor responsabilidad en los empresarios que tenían la concesión del ramal y en los funcionarios de aquel entonces que en el conductor de la formación, que al parecer sufrió un momento de desatención.
La sentencia precisó que el «estrago culposo» tuvo 51 muertos y uno más por nacer, al contemplar que una de las fallecidas estaba embarazada.
«No hay nada que festejar, nos faltan nuestros seres queridos. Pero fue un fallo que da una lección contra la corrupción. Les ganamos a los corruptos», dijo Paolo Menghini, padre de Lucas, un joven de 20 años que murió en el accidente.
Menghini fue uno de los oradores del acto que improvisaron unos 200 familiares de las víctimas reunidos en una plazoleta frente a los tribunales de Buenos Aires. Desde la tragedia, el grupo tomó la forma de una ONG y organizó una campaña para que se esclareciera el hecho y se hiciera justicia.
El caso de Lucas Menghini fue uno de los más dramáticos. Después de las tareas de rescate, se descubrió que un joven estaba desaparecido sin haber salido de la estación.
El cuerpo sin vida del joven fue hallado dos días después aplastado entre los hierros de dos vagones. Los familiares denunciaron negligencia en la labor de los rescatistas. La mayoría de los pasajeros eran trabajadores.
La causa judicial se politizó rápidamente con actos de los familiares en los que se denunciaba el estado calamitoso y obsoleto de los servicios de ferrocarriles. Algunas locomotoras y vagones tenían más de 50 años.
El accidente ferroviario fue el tercero más grave de la historia argentina por la cantidad de víctimas. La línea Sarmiento transporta medio millón de personas cada día.
El maquinista Córdoba (32 años) declaró que no pudo detener el convoy debido a que fallaron los frenos. Sin embargo los técnicos comprobaron que no se pusieron en acción otros mecanismos de seguridad.
Dos de los grupos querellantes habían acusado a Córdoba como único responsable y pedido una pena de 22 años de cárcel. Otras dos querellas habían solicitado condenas de hasta 18 años para empresarios y exfuncionarios.
Los servicios de ferrocarriles habían sido privatizados en la década de los años 90 por el gobierno del peronista de derecha Carlos Menem (1989-99). La «Tragedia de Once» derivó en una reestatización y la compra de material en China.
