Dos de los sindicatos mayoritarios del sector público de Argentina protestaron contra los despidos de funcionarios anunciados en los últimos días por el Ejecutivo de Mauricio Macri y amenazaron con llevar a la Justicia los relevos de personal.
El máximo responsable de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó de “barbaridad” la rescisión de contrato de al menos 2.000 trabajadores del Senado anunciada por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
Rodríguez adelantó que desde la dirección ejecutiva del gremio ya están evaluando qué medidas judiciales tomar para frenarlos.
Excesivo. Desde el Gobierno esgrimen que el número de funcionarios es excesivo y critican que las instituciones se llenaran de militantes kirchneristas, especialmente provenientes del sector de La Cámpora, una agrupación que es impulsada por el hijo de la expresidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner.
Según la vicepresidenta del Senado argentino, el Ejecutivo planea también despedir a un número no determinado de trabajadores en los ministerios.
Rodríguez replicó que “solo existe una minoría de empleados públicos que no trabajan” y luego lamentó que no se haya evaluado “nada” a la hora de rescindir los contratos laborales de los empleados, por lo que insistió en que llevarán esos despidos a la Justicia.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, advirtió además que su sindicato no permitirá que el Gobierno argentino descalifique a los trabajadores públicos mediante despidos “masivos”.
“Estamos en una situación grave”, indicó el titular de la asociación, quien agregó que ya se están tomando algunas “medidas de fuerza” para poder defender la “estabilidad laboral”.
Paralelamente a las protestas sindicales, los empleados del Centro Cultural Kirchner convocaron a una concentración para hoy en señal de protesta contra la decisión del Ejecutivo de no renovar los contratos del 80% de la plantilla de la institución, que tenían vigencia hasta el 31 de diciembre.