El gigante tecnológico Apple plantó cara al Gobierno de Estados Unidos al negarse a ayudar al FBI a acceder a uno de sus teléfonos iPhone en una estrategia con la que se erige en el paladín de la privacidad digital, pero que es vista como una apuesta arriesgada.
“Creemos que debemos alzar la voz ante lo que consideramos una extralimitación del Gobierno estadounidense”, afirmó el consejero delegado de Apple, Tim Cook, el miércoles en la carta en la que anunció su negativa a facilitar el acceso del Gobierno a un iPhone en el centro de una investigación terrorista. El aparato en cuestión fue usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad de San Bernardino, en el que murieron 14 personas.
La jueza federal Sheri Pym ordenó el martes a Apple ayudar a los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) a acceder a los datos en el teléfono. Y el Departamento de Justicia fue un paso más allá el viernes al presentar una moción para obligar a la empresa tecnológica a que cumpla con lo solicitado por los tribunales.
La moción llega antes incluso del plazo límite del 26 de febrero que tiene Apple para responder formalmente a la magistrada Pym. Se espera que la firma aduzca en su respuesta que la solicitud del Departamento de Justicia va más allá de las facultades legales del Gobierno. La determinación oficial muestra lo altas que están las espadas en un caso que ha caldeado el ya polarizado ambiente político en Estados Unidos, y en el que Apple cuenta con el apoyo de otros grandes del sector como Google, Facebook, Twitter y WhatsApp, así como la simpatía de muchos de sus clientes.
Analistas y medios de comunicación advierten, con todo, que la apuesta entraña sus riesgos.
“El estar en desacuerdo con el Gobierno es arriesgado para Apple y puede atraer un torrente de críticas de la opinión pública a la compañía más valiosa del mundo en momentos en los que su ritmo de crecimiento se ha desacelerado significativamente”, alertaba el viernes un artículo publicado por el diario The New York Times. En la misma línea, el columnista y experto en tecnología del periódico The Wall Street Journal, Christopher Mins, calificaba esta semana de “juego peligroso” el pulso de Cook.
Mins va incluso un paso más allá al señalar que lo que en realidad busca Cook es que el Gobierno apruebe ese tipo de leyes para poder argumentar, a continuación, que su actitud y la de Apple en ese terreno son irreprochables.
El Gobierno apuntó también el viernes en esa dirección. Las autoridades dicen no querer una llave maestra para acceder a todos los teléfonos, sino simplemente entrar en un único iPhone. Pero Cook insiste en que eso “no es cierto” y asegura que la técnica que debería de desarrollar para allanar el camino al FBI “podría utilizarse una y otra vez en muchos dispositivos”.
Trump. En el otro lado de la balanza está el aspirante presidencial republicano Donald Trump, quien pidió boicotear los productos de Apple, y legisladores como Richard Burr, el republicano que preside el Comité de Inteligencia del Senado, que planea introducir un proyecto para criminalizar el comportamiento de firmas que se nieguen a descodificar mensajes cifrados.
Todo apunta a que la batalla que ha decidido librar Apple será dura y larga y podría llegar inclusive al Tribunal Supremo.