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lunes 16 may 2022 | Actualizado a 14:57

El agitado retorno de Lula al Palacio de Planalto, cinco años después

Bajó una rampa hacia al salón donde fue ungido, ladeado por Rousseff. Su aparición desató la euforia. Afuera, cientos de militantes vestidos con el rojo que identifica al PT detonaban bombas de estruendo.

/ 17 de marzo de 2016 / 22:56

«Ministro Lula», dijo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, al dirigirse a su predecesor como nuevo jefe de Gabinete. El carismático presidente que gobernó el gigante sudamericano entre 2003 y 2010 volvía este jueves al Gobierno, para un puesto equivalente al de un primer ministro con el fin de rescatar el convulso gobierno de Rousseff.

Durante la ceremonia, intensa y con ambiente de mitín político, Rousseff llamó a su ahora subordinado «el mayor líder político de Brasil», con una «grandeza de estadista».

Pero Luiz Inacio Lula da Silva, dos veces jefe de Estado y padre de un modelo que sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños, volvía a Brasilia, la ciudad de las grandes perspectivas, en un ambiente muy diferente al que existía cuando la había dejado en 2010, con un 80% de popularidad.

La ceremonia de su nombramiento estuvo abrigada por compañeros de gestas pasadas, funcionarios y militantes de su Partido de los Trabajadores (PT).

Bajó una rampa hacia al salón donde fue ungido, ladeado por Rousseff. Su aparición desató la euforia. Afuera, cientos de militantes vestidos con el rojo que identifica al PT detonaban bombas de estruendo.

Pero esa escenografía no bastó para ignorar siquiera por un momento la tensión que vive Brasil, y el hecho de que Rousseff, el gobierno del PT y el propio Lula están acorralados por la crisis económica y por las denuncias de redes de corrupción en la estatal Petrobras que, según la justicia, se desarrollaron durante la gestión presidencial del exsindicalista.

El lodo negro del «Petrolao» ronda a Lula y a su familia. Los investigadores sospechan que ocultó bienes e intentó obstaculizar a la justicia.

«íVergüenza!», gritó un diputado frente al estrado donde se aprestaba a hablar Rousseff en la ceremonia de investidura, desentonando con el clima de desahogo y euforia algo forzada que se había instalado al grito de «Olé, Olé, Olé, Lulá, Lulá». El legislador fue sacado por la fuerza mientras los militantes lo acusaban de «golpista».

Lula asistió en silencio a la escena.

Su entrada al gobierno caldeó los ánimos en el atribulado Brasil modelo 2016. Muchos la ven como una mera estrategia para evitar enfrentar al juez Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras y nuevo héroe anticorrupción de los brasileños. Como ministro, Lula tendrá fueros privilegiados.

El ícono de la izquierda latinoamericana, líder de las huelgas de los años 80 contra el régimen militar, se marchó del palacio sin hacer declaraciones, aunque abrazando con su habitual afecto a las personas que se le acercaban con veneración.

Una virtud que Dilma Rousseff destacó en su discurso. «Cuento con su experiencia de expresidente, con su identificación con el pueblo de este país, con su incomparable capacidad (…) de entender a ese pueblo y de ser entendido y amado por él», afirmó.

Instantes después, un juez dejó en suspenso su nombramiento, acogiendo un pedido de revisión de los fueros.

Para ese entonces, ya habían llegado manifestantes contrarios a su nombramiento y a la continuidad de un gobierno que no ha encontrado el rumbo en una crisis tan colosal como inesperada.

También está muy viva la imagen de hace doce días en la que policía lo llevó por la fuerza en una Comisaría de Sao Paulo, para interrogarle.

La policía movilizó la caballería, colocó vallas entre los grupos, cerró la salida principal del Palacio de gobierno y recondujo a los que querían salir hacia un estacionamiento subterráneo, donde otros efectivos de seguridad preparaban sus escudos y pistolas de gases.

No hubo fiesta.

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Corte suprema da luz verde al arresto de Lula y sacude el tablero de Brasil

La detención de Lula, que niega todas las acusaciones en su contra, podría producirse a partir de la semana próxima, una vez que su defensa presente sus últimas objeciones, si es que decide hacerlo, informó el tribunal de apelaciones (TRF4) que lo condenó en segunda instancia.

/ 5 de abril de 2018 / 12:52

La corte suprema de Brasil sacudió los cimientos del sistema político al autorizar la detención del expresidente Lula, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el país.

El fallo, pronunciado después de la medianoche del miércoles tras más de diez horas de debates, también impacta de lleno la carrera presidencial de la mayor economía latinoamericana que se dirimirá el 7 de octubre, al dejar prácticamente fuera del tablero al favorito en las encuestas.

Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la trama de sobornos de la estatal Petrobras, Lula pretendía conservar su libertad hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico brasileño.

Pero con un apretado resultado de 6 a 5, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazaron el recurso (habeas corpus) presentado por la defensa del exmandatario (2003-2010), de 72 años.

«La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad» , dijo la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el sexto voto que selló el resultado.

La detención

La detención de Lula, que niega todas las acusaciones en su contra, podría producirse a partir de la semana próxima, una vez que su defensa presente sus últimas objeciones, si es que decide hacerlo, informó el tribunal de apelaciones (TRF4) que lo condenó en segunda instancia.

La asesoría del equipo de abogados del exmandatario dijo a la AFP que esa posibilidad estaba bajo análisis.

«No será detenido de inmediato porque lo que juzgó el STF es un habeas corpus que autoriza la expedición de una orden de prisión», explicó a la AFP el criminólogo Jovacy Peter Filho. Quedan aún por analizar «posibles nuevos recursos en el TRF4 y solo entonces podría llegar la orden del juez Sergio Moro», añadió.

Moro es el magistrado de primera instancia que desde su despacho de Curitiba (sur) se convirtió en ícono de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños. De su pluma salieron la condena contra el expresidente y contra otros políticos y empresarios enredados en la Operación Lava Jato.   La megainvestigación iniciada hace cuatro años puso en la mira de la justicia al actual presidente conservador, Michel Temer, y a buena parte de su gabinete, junto con decenas de diputados y senadores.

Desazón y festejos

Lula siguió el debate sin hacer declaraciones en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Avanzada la noche se dirigió a su departamento, en la misma localidad.

«La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil», escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El partido de Lula prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial «hasta las últimas consecuencias».

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: «No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, también estuvo entre los primeros en reaccionar a la decisión: «No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil», escribió en Twitter. «La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares».

Esas palabras se mezclaban con los festejos de los rivales políticos del hombre que en 2010 dejó el Palacio de Planalto con los mayores niveles de popularidad de la historia moderna.

En Brasilia, sede del tribunal, se lanzaron fuegos artificiales cuando la votación aún no había concluido y en Sao Paulo se escucharon bocinazos celebrando la decisión.

El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: «El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad».

Candidatura en jaque

Incluso si Lula evitara permanecer encarcelado, su candidatura seguiría en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.

La posibilidad de que llegara a la presidencia un candidato que enfrenta otros seis procesos, por delitos como obstrucción de la justicia y tráfico de influencia, alimentó la polarización que vive Brasil y que ya había conducido en 2016 a la destitución de Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, por manipulación de las cuentas públicas. (05/04/2018)

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Crece la tensión en Brasil en la antesala del juicio a Lula

Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras.

/ 3 de abril de 2018 / 03:15

El juicio que el próximo miércoles podría llevar a prisión al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva extremó la polarización del gigante sudamericano y condujo a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a un inusual pedido por la paz social.

El Supremo Tribunal Federal (STF) dirá el miércoles si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Lula (2003-2010) para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta que no haya agotado todas las instancias judiciales.

Si deniega el recurso, nada se interpondrá en principio a un arresto de Lula, de 72 años. De lo contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

«Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social», escribió la jueza Cármen Lúcia en un texto divulgado por su asesoría.

«Los problemas se resuelven garantizando el cumplimiento de la Constitución, papel fundamental conferido al Poder Judicial, que lo viene cumpliendo con rigor», agregó la magistrada, que apoya públicamente la jurisprudencia vigente que permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula.

El caso enfrenta a jueces «garantistas» y a defensores de la Operación Lava Jato, vistos como más severos, y partidarios del uso de la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.

Y alimenta las divergencias políticas. La semana pasada, la polarización derivó en violencia cuando dos ómnibus de una comitiva proselitista de Lula fueron alcanzados por tres disparos en el sur del país, sin provocar heridos.

El ayuno del fiscal

A medida que se aproxima el 4 de abril, la presión sobre el STF aumenta.

Arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, el propio Lula lanzó un mensaje a los magistrados este lunes desde Rio de Janeiro, donde volvió a defender su inocencia frente a la persecución de las élites de la que afirma ser víctima.

«Quiero que la corte suprema apenas haga justicia. No quiero ningún beneficio personal, solo quiero que haga justicia y señale qué crimen cometí», lanzó durante un acto por la democracia al que también acudieron varios familiares de la concejala asesinada Marielle Franco.

Del otro lado, el ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5.000 integrantes de la justicia para que la corte suprema no modifique su interpretación actual, lo que pondría a Lula tras las rejas.

Dallagnol, que se define como «seguidor de Cristo», anunció además una jornada de rezo y ayuno.

«El miércoles es el día D de la lucha contra la corrupción para Lava Jato. Una derrota significará que la mayor parte de los corruptos de diferentes partidos, en todo el país, jamás serán responsabilizados, ni en Lava Jato ni más allá. El escenario no es bueno. Estaré en ayuno, en oración y apoyando al país», escribió en Twitter el domingo.

Su mensaje generó un torrente de apoyos y cuestionamientos. En simultáneo, diversos grupos de la sociedad civil, muy activos durante el impeachment que derrumbó el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff en 2016, convocaron manifestaciones en todo el país en la víspera de la sesión del máximo tribunal.

«Politización de la justicia»

Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras. Además, enfrenta otros seis juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia.

Pese a su delicada situación, el exmandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso con la perspectiva de que la justicia electoral debería bloquear su candidatura en agosto -cuando se abra la ventana oficial para inscribir las postulaciones- por tener ya una condena ratificada en segunda instancia.

«Hay una politización de la justicia. El poder judicial se posiciona como un actor que busca sanear la política por una vía externa y eso genera inestabilidad», dijo a la AFP Emerson Cervi, profesor de la Universidad Federal de Paraná (sur).

«La expectativa es que las elecciones consigan señalar un camino, una salida política, no policial, para la crisis brasileña», añadió. (02/04/2018)

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Corte brasileña deniega recurso y Lula queda más cerca de ir a la cárcel

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

/ 6 de marzo de 2018 / 20:50

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el martes un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.

«Deniego» el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: «La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)», que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.

El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado «sobre la posibilidad» de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.

Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.

«Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones», dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa «todos los días» en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

Espaldarazo a la Lava Jato

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.

La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

En 2016 el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada serán pasibles de ser arrestados. Esa decisión buscó limitar los aplazamientos durante años de las ejecuciones de penas gracias a la multiplicación de recursos.

Fue además un arma esencial de la Operación Lava Jato (Lavadero de Carros)-junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción público-privadas.

Centenas de empresarios y políticos, entre ellos el presidente conservador Michel Temer, sus principales ministros y buena parte de sus aliados, están bajo la mira de la justicia por esa tentacular investigación.

La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante esa corte suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, el partido de Lula), Paulo Pimenta, consideró «urgente» que el STF agende una audiencia para discutir el caso. (06/03/2018)

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Corte brasileña deniega recurso y Lula queda más cerca de ir a la cárcel

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

/ 6 de marzo de 2018 / 20:50

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el martes un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.

«Deniego» el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: «La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)», que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.

El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado «sobre la posibilidad» de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.

Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.

«Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones», dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa «todos los días» en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

Espaldarazo a la Lava Jato

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.

La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

En 2016 el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada serán pasibles de ser arrestados. Esa decisión buscó limitar los aplazamientos durante años de las ejecuciones de penas gracias a la multiplicación de recursos.

Fue además un arma esencial de la Operación Lava Jato (Lavadero de Carros)-junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción público-privadas.

Centenas de empresarios y políticos, entre ellos el presidente conservador Michel Temer, sus principales ministros y buena parte de sus aliados, están bajo la mira de la justicia por esa tentacular investigación.

La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante esa corte suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, el partido de Lula), Paulo Pimenta, consideró «urgente» que el STF agende una audiencia para discutir el caso. (06/03/2018)

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Denuncia contra Temer llega al Congreso y recrudece la crisis de Brasil

En poco más de un año, el mandatario conservador debió sortear un proceso en la justicia electoral y perdió a seis miembros de su gabinete salpicados por el megafraude a la estatal Petrobras.

/ 29 de junio de 2017 / 21:19

La denuncia por corrupción contra el presidente brasileño Michel Temer llegó este jueves a la Cámara de Diputados, dando inicio a un proceso que podría destituirlo, en un nuevo capítulo de una interminable crisis.

En poco más de un año, el mandatario conservador debió sortear un proceso en la justicia electoral y perdió a seis miembros de su gabinete salpicados por el megafraude a la estatal Petrobras.

«La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común», señaló el cuerpo legislativo en un comunicado.

Temer, de 77 años, cuenta con una popularidad de apenas el 7% y está en la cuerda floja, solo trece meses después de la caída de la izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas.

El jefe de estado, decidido a concluir el mandato a fines de 2018, acusó al fiscal general Rodrigo Janot, autor de la denuncia, de actuar con intenciones políticas. Un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo el foco de la Operación Lava Jato sobre el caso Petrobras.

Los votos

La Cámara debe determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario; para ello, el pedido debe ser aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños).

El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en la Cámara baja y para bloquear el caso solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.

«La oposición no va a tener ni 200 votos», dijo el diputado ultraoficialista Carlos Marun. «El objetivo es desgastar al presidente y la denuncia tiene el claro objetivo de frenar al país», añadió.

Janot acusó a Temer de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó.

Janot afirma que ese dinero estaba destinado a Temer.

Las cartas de Temer

Temer pretende neutralizar la denuncia antes del receso parlamentario que comienza el 17 de julio, estimó el diputado Julio Delgado, del PSB, que recientemente rompió con la base oficialista.

Delgado apuesta a que Janot presente al menos otras dos denuncias contra el presidente (por obstruir la justicia y por integrar una organización delictiva) y proyecta un segundo semestre «caliente».

«Es verdad que el gobierno tiene muchos instrumentos y los va a usar: el presupuesto, la posibilidad de repartir cargos para todo el mundo y el espíritu de cuerpo de muchos diputados que están denunciados como el propio presidente. Pero todos saben que el voto será con nombre y apellido y las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina», dijo a la AFP.

Temer se anotó el miércoles un módico triunfo cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral incluida en su agenda de ajustes, que le vale el apoyo de los mercados.

Pero queda por delante la más espinosa reforma del régimen de jubilaciones, que requerirá el apoyo de tres quintas partes del Congreso.

Los sindicatos convocaron para el viernes una jornada de movilización.

El proceso

La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ) analizará en los próximos días la denuncia. La defensa de Temer tendrá hasta diez sesiones para manifestarse, pero el gobierno tiene prisa y en el Congreso esperan que no use ni la mitad de ese tiempo.

La CCJ emitirá luego su parecer no vinculante  y lo enviará al plenario.

Si el caso llegara a la suprema corte, los 11 jueces de esa instancia definirán si abren juicio o lo descartan. Si dan continuidad al proceso, Temer será suspendido por un máximo de 180 días y asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara.

Si Temer es declarado culpable, será destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.

Decenas de políticos de casi todos los partidos y encumbrados empresarios fueron condenados a duras penas de cárcel o están siendo investigados en el marco de la Operación Lava Jato.

Sin tregua, Brasil podría tener en breve una nueva conmoción política, cuando el juez de primera instancia Sergio Moro publique la sentencia del primero de los cinco juicios que enfrenta el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por corrupción. (29/06/2017)

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