Un juez federal en Brasilia suspendió este jueves la toma de posesión como ministro del expresidente brasileño Lula da Silva, en una decisión preliminar que será apelada por los abogados del Estado, informó hoy desde Brasilia la agencia de noticias AFP.
«Interrumpo el acto de nominación del señor Luiz Inacio Lula da Silva para el cargo de Ministro de Estado jefe de la Casa Civil o cualquier otro que le otorgue prerrogativa de foro», señaló la decisión del juez Itagiba Catta Preta, que aún debe ser revisada por instancias judiciales superiores.
La decisión se conoció poco después que la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, juramentara a Da Silva, en una ceremonia en la que expresó duras críticas a los jueces que lo investigan por supuesta corrupción. El acto de posesión aumentó además las tensiones en el país vecino.
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La agencia de noticias EFE informó que mientras Lula tomaba juramento, en las afueras del Palacio de Planalto se congregaron cientos de partidarios del Gobierno y otros grupos que exigían la destitución de Rousseff y que Lula sea juzgado, que por momentos llegaron a enfrentarse y obligaron a la intervención de la Policía.
“En el resto del país también hubo manifestaciones y sonoros cacelorazos en protesta por el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno”, describe un despacho de la misma agencia de noticias.
Durante el acto de posesión, Rousseff expresó su «repudio total e integral» a la divulgación, por parte del tribunal que investiga al exmandatario, de unos audios de una conversación entre ambos, que parecen sugerir unas maniobras de la mandataria para influir en favor de su nuevo ministro.
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Esa conversación fue interpretada por la oposición como un intento de Rousseff por impedir un posible arresto de Lula antes de su asumir su condición de ministro, que le ha dado fuero privilegiado ante los tribunales.
Rousseff calificó de «ilegal» tanto el hecho de que se hayan grabado unas conversaciones que ella sostuvo con Lula como su propia difusión y aseguró que todo el asunto será investigado para saber «quién lo autorizó, por qué lo autorizó y por qué lo divulgó», cuando no tenía «nada que pueda levantar sospechas».