Un tribunal militar mexicano absolvió a siete militares enjuiciados por el polémico caso de Tlatlaya, en el que 22 civiles murieron en junio de 2014 en un confuso enfrentamiento con soldados, levantando fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Resulta procedente dictar sentencia absolutoria» a favor del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, comandante del grupo militar y de otros seis militares a su cargo, resolvió el 6° juzgado militar el 14 de octubre de 2015, en una sentencia en la que pidió su liberación inmediata y a la que la AFP tuvo acceso este miércoles a través de una ONG.
Sin embargo, el juez militar impuso un año de prisión a Rodríguez Martínez por haber desobedecido órdenes superiores.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, una comunidad rural del Estado de México (centro), limítrofe con los convulsos estados de Guerrero y Michoacán.
El Ejército aseguró que los 22 muertos eran delincuentes que fallecieron en un enfrentamiento con soldados que sólo dejó un uniformado herido.
Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una testigo superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México y varias ONG internacionales.
Tras estos hechos, el tribunal militar acusó a siete soldados involucrados de infringir los deberes militares previstos en sus reglamentos.
Los militares «reaccionaron a una situación de resistencia agresiva grave por parte de los integrantes de la delincuencia organizada cumpliendo» con el Manuel de Uso de Fuerza del ejército mexicano, indica la sentencia absolutoria.
«Riesgo de impunidad»
En el caso del teniente Rodríguez Martínez, la justicia militar le impuso un año de prisión por haber desobedecido órdenes superiores, que exigían entre otras cosas, que en operativos nocturnos actuara con los 30 hombres que esa madrugada estaban a su cargo.
Pero el teniente Rodríguez, que ya alcanzó la libertad por haber seguido su proceso en prisión durante un año, decidió esa noche salir solo con siete, poniendo en riesgo la seguridad de sus elementos y sin una planeación detallada del objetivo, indica el documento militar.
Con la decisión del tribunal castrense, hay «riesgo de que en este caso termine imponiéndose la impunidad», estimó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno mexicano «verdad, justicia y reparación para las víctimas de este caso».
«Esta absolución demuestra que el fuero militar no es efectivo ni imparcial», dijo a la AFP Araceli Oliva Portugal, abogada de una de las víctimas del caso.
Pese a la absolución militar, tres de estos soldados enfrentan cargos en un tribunal civil por homicidio calificado y siguen su proceso en prisión.
En octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos(Ombudsman) concluyó que al menos fueron 12 personas ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.
La AFP solicitó una postura a la secretaría de Defensa Nacional, pero no recibió una respuesta inmediata.
Se mataron «entre ellos»
Rodríguez Martínez dijo en una de sus declaraciones que «al no tener un adecuado adiestramiento sobre manejo de armas» se «deduce» que los pistoleros muertos se «hayan privado de la vida entre ellos mismos» y que además estaban alcoholizados y drogados.
En tanto, otro militar declaró que los soldados dieron con «los blancos por medio de los destellos y flamazos» lanzados por sus armas.
En sus declaraciones, los militares narraron que esa madrugada, frente a una bodega, vieron a un hombre armado correr hacia el interior del local y que un sargento varias veces gritó «Ejército mexicano» y «ríndanse», pero solo recibieron una lluvia de disparos que los uniformados repelieron por un lapso de entre 5 y 8 minutos.
En el lugar fueron encontradas tres mujeres que dijeron que habían sido secuestradas.
En julio del año pasado, el Centro Pro reveló un documento militar fechado el 11 de junio de 2014, en el campo militar número 22-D de San Miguel Ixtapan (cercano a Tlatlaya), que mostraba que los soldados recibieron la orden de matar criminales días antes de los hechos.