El secretario general de la ONU, el gobierno de Estados Unidos y varios de los latinoamericanos hicieron este jueves un llamado a la calma y de respeto a las instituciones en Brasil, tras la suspensión de la presidencia de Dilma Rousseff.
Principal economía de América Latina y una de las potencias emergentes del mundo, Brasil atraviesa una grave crisis política y económica que este jueves desembocó en la separación del cargo de la presidenta Rousseff, para ser sometida a un juicio político de destitución acusada de maquillar las cuentas públicas.
Este mismo jueves Michel Temer, hasta ahora vicepresidente, asumió la presidencia de manera interina por un periodo de hasta 180 días. Si Rousseff es finalmente destituida, Temer completará el mandato que concluye al final de 2018.
Desde Estados Unidos, el presidente Barack Obama «continúa teniendo confianza en la solidez de las instituciones democráticas de Brasil para enfrentar la crisis política», dijo el portavoz de su gobierno, Josh Earnest.
«Pretendemos respetar las instituciones, tradiciones y procedimientos gubernamentales», añadió.
En tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon dijo confiar «en que las autoridades honrarán los procesos democráticos brasileños, con apego a las leyes y a la constitución», y llamó al «diálogo y a la calma en todos los sectores de la sociedad».
Argentina, el principal socio de Brasil en la región, declaró su respeto «al proceso institucional que se está desarrollando» y se dijo confiado «en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña», según un comunicado de la cancillería.
De su lado, Colombia expresó su deseo de que se preserve «la estabilidad» y la «institucionalidad democrática» en Brasil.
«La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo», subrayó la cancillería colombiana.
Solidarios con Rousseff
Gobiernos de izquierda de América Latina, como Venezuela, Cuba, Ecuador y Nicaragua, expresaron abiertamente su solidaridad con Rousseff, que ha denunciado como un «golpe de estado» el proceso en su contra.
Venezuela manifestó su «rechazo categórico» a lo que consideró un «golpe de Estado parlamentario en Brasil que, mediante farsas jurídicas de las cúpulas oligárquicas y fuerzas imperiales, pretenden el derrocamiento de la presidenta, Dilma Rousseff», según un comunicado de la cancillería.
El gobierno de Raúl Castro también calificó el proceso como un «golpe de estado parlamentario-judicial» y declaró que «Dilma, (el ex presidente Luiz Inacio da Silva) Lula, el Partido de los Trabajadores y el pueblo de Brasil cuentan y contarán siempre con toda la solidaridad de Cuba».
En un mensaje a Rousseff y Lula, el presidente nicaragüense Daniel Ortega sostuvo que la situación de Brasil es un «drama, una comedia, una tragedia, un mamarracho jurídico y político».
Más comedido, el presidente ecuatoriano Rafael Correa expresó la «profunda preocupación» de su gobierno y respaldó a Rousseff, «legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación».