Exmilitar chileno será juzgado este mes en EEUU por la muerte de Víctor Jara
El caso está abierto en la corte federal del distrito medio de Florida, con sede en Jacksonville, desde 2013, cuando el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpuso una demanda.
El exmilitar chileno Pedro Barrientos será juzgado el 17 de junio en Florida (EE.UU.) por la «detención arbitraria, tortura brutal y ejecución extrajudicial» del cantautor Víctor Jara en el estadio nacional de Chile en 1973, según la citación judicial a la que accedió hoy Efe.
El exmilitar se enfrentará así a un juicio civil en el que la viuda e hijas de Jara piden una compensación económica por los daños emocionales que sufrieron por la muerte del cantante en el estadio nacional de Chile, que actualmente lleva el nombre del artista.
En el momento del asesinato de Jara, Barrientos prestaba servicio en el regimiento Tejas Verdes, posterior cuna de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), y estaba en Santiago, donde apoyó el levantamiento militar y el derrocamiento del Gobierno del presidente Salvador Allende (1970-1973).
El caso está abierto en la corte federal del distrito medio de Florida, con sede en Jacksonville, desde 2013, cuando el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) interpuso una demanda.
En esa demanda, el CJA sitúa a Barrientos a cargo de «la vigilancia de la detención de civiles» en el estadio nacional de Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Según la demanda, Barrientos fue el encargado de supervisar la detención de Jara en los vestuarios del estadio.
«Los soldados bajo la dirección de Barrientos vendaron los ojos, esposaron, interrogaron, golpearon brutalmente y torturaron a Víctor Jara. El lugarteniente Barrientos ordenó a sus soldados que lo golpearan y torturaran más para castigarlo por sus creencias políticas y su apoyo al presidente Allende», describe la demanda.
Después de las torturas, Barrientos puso a Jara «una pistola detrás de la cabeza» y jugó a la «ruleta rusa» con su pistola, colocando varias balas de forma aleatoria en el tambor del revolver.
«Durante este ‘juego’, Barrientos disparó a Víctor Jara en la parte de atrás de la cabeza. Después ordenó a otros cinco reclutas bajo su mando que le dispararan repetidamente», revive la demanda, que asegura que el exmilitar supervisó el traslado fuera del estadio del cuerpo de Jara, que fue hallado en un barrio popular aledaño a un cementerio junto a otros ejecutados no identificados.
Víctor Jara había sido detenido junto a profesores y alumnos de la Universidad Técnica del Estado (UTE), donde era docente, y conducido al estadio nacional de Chile, donde fue torturado y acribillado con 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe del general Augusto Pinochet.
Barrientos puede ser juzgado en EE.UU. porque se mudó a este país en 1989, con el tiempo ha adquirido la doble nacionalidad estadounidense y chilena y reside actualmente en Deltona (Florida).
En la orden dictada en abril y en la que la corte de Florida aceptó el caso, se especifica que Barrientos será juzgado por los cargos de tortura y asesinato extrajudicial pero no por delitos de lesa humanidad, como pedía el CJA, organización defensora de los derechos humanos con sede en San Francisco (California).
El Gobierno de Chile presentó una acusación formal contra Barrientos en diciembre de 2012 junto a otros siete exoficiales por distintos grados de responsabilidad en la muerte de Víctor Jara, por lo que se abrió una solicitud de extradición y se dictó una orden de captura internacional.
El próximo 17 de junio, frente al juez Roy B. Dalton, los abogados de las dos partes podrán usar material audiovisual y llamar a testificar a varios testigos, como la viuda del cantautor, Joan Jara, y las hijas de la pareja, Amanda Jara y Manuela Bunster, según figura en la citación judicial.
La muerte de Víctor Jara es uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
En ese periodo, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidos, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
