Representantes del pueblo mapuche, autoridades, empresarios y académicos conformarán la Comisión Asesora Presidencial en La Araucanía, una idea impulsada por el Gobierno para abordar y poner fin a la violencia en esa región sureña de Chile, informaron hoy fuentes oficiales.
«El diálogo es el único camino que nos permite avanzar en un clima de concordia, de fraternidad, de solución a los problemas que enfrentamos. La mejor respuesta a la violencia», señaló a los periodistas el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, desde la ciudad de Temuco.
Díaz, quien viajó a la zona junto a los ministros de Interior, Mario Fernández, de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el secretario general de la Presidencia, Nicolas Eyzaguirre, subrayó que el Estado posee una «deuda histórica» con los pueblos indígenas, que debe ser «reparada».
Esta primera reunión en La Araucanía fue criticada por los mapuches, quienes acusaron la ausencia de representantes del pueblo indígena de diversos sectores como la salud, educación, justicia y trabajadores, entre otros.
Asimismo, rechazaron la presencia de actores vinculados a grupos empresariales, de la Iglesia católica y del «latifundio colonial», como la Multigremial, CorpAraucanía y CMPC Forestal Mininco, que según mencionaron, «mantienen vigentes conflictos de tierras y campañas de criminalización» contra los mapuches.
«La composición de la mesa está relacionada principalmente a un enfoque empresarial industrial y economicista de emprendimiento, en medio de una ola represiva y de transgresiones a los derechos humanos de numerosas comunidades», acusó la red de difusión por la defensa de los territorios.
«La tónica ha sido contraria al respeto de los derechos, a reparaciones de tierras, defensa de territorios y energía, propuestas de desarrollo, protección de recursos naturales, lugares sagrados y respeto a las instituciones ancestrales. Todo esto consagrado en normas internacionales de derecho que son obligatorias al Estado chileno», aseguró la organización.
Los mapuches además se mostraron en desacuerdo con la exclusión de las conversaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que reivindica la autonomía del pueblo mapuche y se ha adjudicado diversos atentados incendiarios en el sur del país austral.
La cmisión, que fue anunciada por la presidenta Michelle Bachelet en 2015, nació como una propuesta del obispo de Temuco, Héctor Vargas, cuyo objetivo fue «recoger en un espacio plural, que represente distintas miradas, voces y trayectoria de la región de La Araucanía, la necesidad de trabajar juntos».
La mesa de diálogo, compuesta por 21 personas designadas por el Gobierno, se reunirá cada 15 días para preparar un temario de trabajo y un posterior documento que contenga propuestas para abordar el conflicto que hace décadas enfrenta al Estado con el pueblo mapuche.
Hasta el miércoles se esperaba la participación de la jefa de Estado en el acto oficial de la comisión, sin embargo fuentes oficiales señalaron que la función del Gobierno será más bien de «acompañamiento».
La sureña zona de La Araucanía ha sido por décadas el escenario de frecuentes hechos de violencia, debido a la permanente tensión entre las comunidades originarias mapuche, que reclaman derechos ancestrales sobre tierras que hoy están en manos de agricultores y empresas forestales.
En La Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile, los indígenas ocupan unas 600.000 hectáreas, un 5 % de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.
El conflicto ha derivado en la muerte violenta de varios comuneros, donde mujeres y niños han sido víctima de violencia desmedida por parte de la Policía, además de la muerte de agricultores y miembros de Carabineros.
Lo anterior sumado a una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, con decenas de indígenas procesados y condenados, a veces sin pruebas suficientes, por esos hechos.
Diversas organizaciones mapuche han denunciado por años al Gobierno un estado de militarización de sus comunidades; la represión que enfrentan en manos de la Policía y la criminalización que los afecta.