Procesan a exministro kirchnerista por presunta compra irregular de trenes
Un magistrado también ordenó embargar al exfuncionario por 100 millones de pesos (unos 6,7 millones de dólares), según la resolución publicada hoy por el Centro de Información Judicial.
El exministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), fue procesado hoy por el juez Julián Ercolini en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal, informaron fuentes oficiales.
El magistrado también ordenó embargar al exfuncionario por 100 millones de pesos (unos 6,7 millones de dólares), según la resolución publicada hoy por el Centro de Información Judicial.
En la causa, De Vido está considerado como «autor penalmente responsable de los delitos de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública y partícipe necesario de cohecho».
Es el tercer procesamiento que acumula el ahora diputado nacional, que llegó al Ministerio de Planificación Federal en los comienzos del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y se mantuvo en ese cargo hasta el final de la administración de Cristina Fernández (2007-2015).
De Vido también fue procesado en una causa que investiga la falta de renegociación de contratos de concesión ferroviaria cuando la Secretaría de Transporte estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación y en otra originada tras la ‘Tragedia de Once’, en la que un tren en 2012 se empotró contra el andén de una estación cabecera de la ciudad de Buenos Aires y murieron 52 personas.
Por las presuntas irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal también está procesado Ricardo Jaime, quien era el secretario de Transporte al momento de realizarse la operación.
En esa causa, el juez Ercolini investiga pagos del Estado «de desproporción exorbitante» en relación a la calidad y funcionalidad real de los coches adquiridos, pues los trenes no pudieron ser utilizados.
Para el magistrado, eso hace presumir «que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que, justamente, debían proteger» el patrimonio público.