Descartan revisar amnistías a M-19 por toma de Palacio de Justicia colombiano
La toma del Palacio de Justicia se produjo el 6 de noviembre de 1985. En noviembre del año pasado, el entonces fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que revisaría las amnistías al M-19 por nuevos indicios que aseguró haber descubierto en relación al caso.
El fiscal encargado de Colombia, Jorge Perdomo, descartó hoy que se revisen las amnistías otorgadas hace dos décadas a dirigentes del Movimiento 19 de Abril (M-19) por la toma, el 6 de noviembre de 1985, del Palacio de Justicia por parte de esa guerrilla, al indicar que este hecho es «cosa juzgada».
«La Fiscalía acaba de tomar la importante decisión de que en materia de cosa juzgada y de principios de no doble incriminación, estas personas y estos hechos ya fueron investigados y juzgados», señaló Perdomo en una entrevista con Caracol Radio.
El funcionario defendió que «se tomaron decisiones judiciales que estaban acorde con la normatividad en el momento en que fueron tomadas».
«Son decisiones que están, algunas en firme, otras todavía requieren de una segunda instancia, pero para la Fiscalía es claro que precisamente por el hecho de que ya fueron investigadas, que ya se tomaron decisiones, no se pueden seguir investigando y nosotros no inhibimos de investigar a estas personas», enfatizó.
En noviembre del año pasado, el entonces fiscal de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció que revisaría las amnistías al M-19 por nuevos indicios que aseguró haber descubierto en relación a la toma del Palacio de Justicia.
Montealegre explicó que la institución había encontrado «nuevos elementos de juicio que permiten concluir que en la retoma del Palacio (realizada por el Ejército entre el 6 y el 7 de noviembre) no solamente se cometieron delitos de lesa humanidad sino también eventualmente crímenes de guerra» que también involucraron a insurgentes.
El «holocausto del Palacio de Justicia», como se conoce en Colombia, comenzó el 6 de noviembre, cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el edificio, tomando como rehenes a cerca de 300 personas.
Un día después el Ejército tomó a sangre y fuego el recinto, que albergaba la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en una operación que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
El episodio supuso el principio del fin del M-19, un movimiento que en sus inicios contó con apoyo popular pero que, cinco años después de la toma del Palacio, dejó las armas y se convirtió en partido político.
Perdomo, que desde el próximo lunes será reemplazado por el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que todavía no se sabe toda la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia.
«Como no se sabe toda la verdad, hemos decidido que la investigación va a continuar pero no para determinar responsabilidades penales, sino simplemente para que se sepa qué fue lo que pasó, porque hay necesidad de las víctimas de saber», añadió.
El fiscal encargado aseguró que para ello se creará «una pequeña comisión de la verdad» al interior de la Fiscalía para que judicialmente se siga investigando la verdad. (28/07/2016)
