La sentencia contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado a la izquierda brasileña frente a una auténtica «alternativa del diablo»: o escoge un nuevo candidato a la Presidencia o insiste en postular a un condenado a prisión.

El fallo en segunda instancia que hoy confirmó la culpabilidad de Lula en asuntos de corrupción, y hasta aumentó de nueve a doce años la pena, puede haber sido un torpedo a la línea de flotación de la posible candidatura del exmandatario, que lidera todos los sondeos para las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo.

Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) ha repetido una y otra vez que su «único» candidato es Lula, la ley electoral brasileña dice que una persona con una condena ratificada en segunda instancia por un tribunal colegiado, como es el caso, no puede postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de ocho años.

Más allá de eso, pesa el riesgo de que la Justicia decida que la condena se ejecute una vez agotadas las apelaciones en segunda instancia y el exmandatario acabe en prisión, una posibilidad remota, pues todavía tendría derecho a algún recurso en tribunales superiores.

En caso de que Lula responda en libertad mientras apela y que el PT porfíe e inscriba su candidatura, el asunto será analizado por el Tribunal Superior Electoral, en el que muchos analistas, tanto políticos como jurídicos, prevén que sería impugnado.

Pero el tribunal electoral sólo podrá pronunciarse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas, y hasta ese momento Lula podría incluso volcarse a una campaña electoral aún sabiendo del alto riesgo de que sea frustrada.

En el PT ya se ha acuñado la frase «elección sin Lula es fraude», lo que estarían dispuestos a defender los grupos que hoy dirigen esa formación, que hasta ahora están decididos a llevar la candidatura del exmandatario hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, otras facciones dentro del PT sostienen que el partido deberá evaluar otras posibilidades y construir una sólida alianza con el resto de la centroizquierda y parte de la izquierda para intentar volver al poder y cerrarle el paso a las fuerzas más conservadoras.

Fuentes de esas corrientes internas dijeron a Efe que se baraja la posibilidad de «preparar desde ahora» una fórmula alternativa para el caso de una impugnación y que incluso pudiera ser encabezada por algún político ajeno al PT, que gobernó entre 2011 y 2016, con Lula primero y la destituida Dilma Rousseff después.

Entre las posibilidades, aparece una posible candidatura de Ciro Gomes, que fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Itamar Franco (1992-1995) y ocupó la cartera de Integración Nacional en el primer mandato de Lula.

Gomes pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT), una de las fuerzas de centroizquierda que se han cuadrado en la defensa de Lula, y fue candidato presidencial en 2002, cuando quedó en cuarto lugar con unos 10 millones de votos que representaron casi un 12 %.

De hecho, Gomes ya ha anunciado su intención de postular a la Presidencia «con o sin Lula» en la campaña y se ha ofrecido como una alternativa para «unificar» al centroizquierda en caso de que el antiguo sindicalista no pueda ser candidato.

La propuesta de esos sectores más resignados a la inhabilitación de Lula sería que Fernando Haddad, un emergente líder del PT que ya fue alcalde de Sao Paulo y ministro de Educación, integre la fórmula de Gomes como candidato a vicepresidente.

Haddad es uno de los dirigentes del PT más cercano a Lula e integra un informal comité de campaña del exmandatario, quien le ha encomendado la coordinación del programa que presentaría para un eventual Gobierno.

En esa discusión interna, que se realiza a puertas cerradas y en voz baja, hay otros sectores que defienden una «salida por la izquierda» más radical y proponen la candidatura del activista Guilherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), el colectivo social más combativo del país.

Pero cualquier movimiento deberá contar con el aval de Lula, el único «dueño» de los votos del PT, al que controló con mano de hierro y en el que desde su fundación, en 1980, no se ha dado un paso sin su consentimiento. (24/01/2018)

El presidente brasileño, Michel Temer, se concentrará desde hoy en la aprobación de una polémica e impopular reforma de la ley de jubilaciones que no convence al mismo Congreso que este miércoles negó que sea enjuiciado por corrupción.

«La próxima batalla será la reforma del régimen de jubilaciones», dijo hoy el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, considerado como la «mano derecha» de Temer, un día después de que la Cámara de Diputados le negó a la Corte Suprema la autorización necesaria para sentar al mandatario en el banquillo de los acusados.

Si los diputados hubieran avalado la denuncia por corrupción que presentó la Fiscalía, Temer habría sido suspendido durante los 180 días que duraría el juicio y destituido si fuera hallado culpable, lo que para muchos analistas habría sembrado aún más incertidumbre en un Brasil sumergido en una severa crisis política y económica.

Padilha dijo a periodistas que los 263 votos que rechazaron la denuncia contra Temer, frente a los 227 que se inclinaron en favor de procesar al mandatario, fueron una «demostración de fuerza del Gobierno» y también de apoyo a sus políticas.

De hecho, y aunque algunos diputados de la base oficialista se pronunciaron por dar curso a la denuncia contra Temer, muchos de ellos aclararon al votar que, si bien avalaban una investigación al presidente, eso no suponía un rechazo a sus reformas.

Temer asumió la Presidencia en mayo del año pasado, cuando comenzó el juicio político que condujo a la destitución de Dilma Rousseff por irregulares fiscales, e impuso una conservadora agenda que ha sido resistida por sindicatos, movimientos sociales y una izquierda que está de capa caída desde que fue desalojada del poder.

Las principales reformas ya aprobadas reducen a mínimos el gasto público durante las próximas dos décadas y flexibilizan las leyes laborales, pero según el Gobierno es necesario complementarlas con un proyecto que propone endurecer el acceso al deficitario sistema de jubilación, a fin de recuperar el equilibrio fiscal perdido.

La votación de este miércoles, si bien impidió que Temer vaya a juicio, dejó algunas dudas en el Gobierno, ya que los 263 votos que respaldaron al mandatario son insuficientes para aprobar la reforma de las jubilaciones, que requerirá el apoyo de 308 diputados.

El mayor obstáculo político de esa reforma es su impopularidad, un factor que preocupa a muchos legisladores sobre todo de cara a las elecciones parlamentarias que serán celebradas el año próximo junto con las presidenciales.

Según Padilha, aunque el Ejecutivo tiene prisa con ese asunto, la primera prioridad será «reagrupar a la base parlamentaria» una vez pasada la página de la denuncia que amenazaba a Temer.

El frente de mayor conflicto parece estar en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que integra el arco oficialista, cuenta con cuatro de los 28 ministros del Gobierno y representa la cuarta minoría en la Cámara baja, con 47 diputados.

Sin embargo, de esos legisladores, 22 votaron por rechazar la denuncia contra Temer, 21 la respaldaron y cuatro no asistieron a la sesión de este miércoles.

Algunos de los partidos de menor peso que integran la coalición gobernante han insinuado que Temer debería darle un mayor espacio en el poder a aquellas formaciones que han sido realmente «fieles» cuando se les precisó, como ocurrió este miércoles.

Uno de ellos es el Partido Social Democrático (PSD), que ocupa un ministerio pero ahora aspira a desplazar al PMDB al menos de otro, a cambio del pleno apoyo dado a Temer por sus 37 diputados.

Otra formación que ha presentado sus credenciales para ampliar sus espacios en el Gobierno es el partido Demócratas (DEM), que como el PSD también ocupa sólo un ministerio y fue fundamental para el rechazo a la denuncia por corrupción contra el mandatario.

La principal figura del DEM es Rodrigo Maia, jefe de la Cámara baja y quien abiertamente articuló fuerzas en favor de Temer, pese a que habría pasado a ocupar la Presidencia si el mandatario hubiera sido suspendido para responder a un juicio penal. (03/08/2017)

El presidente brasileño, Michel Temer, se libró hoy del juicio penal que amenazaba su mandato con la fuerza que conserva su menguada base política, que se impuso en la Cámara baja para archivar los cargos de corrupción que formuló la Fiscalía.

Por imperativos constitucionales, la Cámara de Diputados es la responsable de autorizar a la Corte Suprema la apertura de un juicio penal a un gobernante, pero el oficialismo alcanzó hoy 263 votos en el pleno de ese órgano legislativo y negó que el proceso siga adelante.

La oposición, que en su totalidad se volcó a favor del juicio, precisaba alcanzar una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 diputados) para darle curso a la acusación, pero se quedó en 227 votos.

«La Cámara de Diputados, que representa al pueblo brasileño, se manifestó hoy de forma clara e incontestable», declaró Temer en un breve pronunciamiento una vez concluida la votación.

El gobernante agregó que «la decisión soberana del Parlamento no es una victoria personal», sino que representa «una conquista del estado democrático de derecho, de la fuerza de las instituciones y la propia Constitución».

El debate previo a la votación dejó de lado lo jurídico, tuvo un tono netamente político y la gran mayoría de los diputados que se pronunció por archivar la denuncia se escudó en la «necesidad» de que Temer continúe en el Gobierno para garantizar la continuidad de la ligera recuperación económica que vive el país.

Muchos de los diputados dijeron votar por las reformas económicas que ha impulsado Temer, pero una de ellas, que propone endurecer las normas para la jubilación, aún debe pasar por el Congreso y para que sea aprobada se requiere una mayoría de tres quintos (308 votos), que el Gobierno no alcanzó hoy.

Si bien el resultado en la Cámara baja salva el mandato de Temer, contraría a unas recientes encuestas de opinión, las cuales señalan que el gobernante tiene el apoyo de un escaso 5 % de la población y que un 81 % creía que debía ser enjuiciado por presunta corrupción.

El proceso contra Temer, sin embargo, podrá ser retomado una vez que deje el poder, lo cual está previsto para el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones que se celebrarán en octubre del próximo año.

Temer, siendo vicepresidente, asumió la Presidencia de Brasil en mayo de 2016 en forma interina y fue confirmado en el cargo el 31 de agosto de ese mismo año, cuando la entonces mandataria, Dilma Rousseff, fue destituida por irregulares manejos de los presupuestos.

Si la denuncia era acogida, el mandatario habría sido suspendido de sus funciones durante los 180 días que habría durado el proceso y, como Rousseff, destituido si se le hallaba culpable, con lo que Brasil hubiera perdido a dos presidentes en menos de un año.

Las acusaciones formuladas por la Fiscalía se fundamentan en testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que han confesado a la Justicia que sobornaban a Temer a cambio de «favores políticos» desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder.

Lo más comprometedor es una grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, de una conversación que tuvo con Temer en abril pasado en la residencia oficial de la Presidencia, en la que narra maniobras ilegales que hacía en favor de su grupo ante el Gobierno y algunos jueces frente al silencio o la complacencia del mandatario.

Según la Fiscalía y la minoritaria oposición, esa audio bastaba para comprobar que Temer incurrió al menos en corrupción pasiva y que incluso pudiera ser acusado de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, por lo cual aún se le investiga.

Si hubiera nuevas denuncias, el Supremo deberá remitir el caso otra vez a la Cámara baja, para que repita todo el proceso concluido hoy con la votación que negó la posibilidad de que el mandatario sea procesado, al menos mientras permanezca en el poder. (02/08/2017)

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que «el pueblo quiere votar y no quiere ser dirigido», en alusión a las presiones por la renuncia del actual mandatario Michel Temer, salpicado por sospechas de corrupción.

«Los brasileños tienen que poder expresarse», declaró Lula al inaugurar el sexto Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en medio de un coro que gritaba «Fuera Temer» y exigía la convocatoria inmediata de elecciones directas para escoger un nuevo presidente, a pesar de que no está previsto en la Constitución.

A ese reclamo de «elecciones directas ya» se sumó también la expresidenta Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la Presidencia y destituida por graves irregularidades fiscales en agosto pasado.

«Brasil vive un momento de total descontrol» y «es urgente que el pueblo sea llamado para elegir a sus gobernantes», declaró Rousseff, para quien las elecciones directas «son la única alternativa viable para el país».

Según las normas actuales, que sólo serían modificadas por medio de una enmienda constitucional, si Temer renuncia o es destituido en el que ya es el tercer año del actual mandato, el Congreso debe ser constituido como colegio electoral y escoger a quien gobernará hasta el fin del período, el 1 de enero de 2019.

La minoritaria oposición que encabeza en el Congreso el PT, sin embargo, intenta alterar la Constitución de modo que pueda haber una elección indirecta en el caso hipotético de que Temer renuncie o pierda el cargo por una decisión judicial.

El actual mandatario es investigado por la Corte Suprema por los delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, pero además podría ser desalojado del poder por la justicia electoral, que la semana próxima juzgará supuestas irregularidades en la campaña que compartió con Rousseff en 2014.

El PT, fundado por Lula y un centenar de obreros e intelectuales en 1980, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia, tras haber sido desalojado del poder que ocupó durante trece años con la destitución de Rousseff en un proceso que encumbró a Temer, entonces vicepresidente y hoy antagonista.

Pero más allá de eso, muchos de sus principales dirigentes de los últimas décadas están en la cárcel por asuntos de corrupción y el propio Lula responde en tribunales en cinco causas penales, por su supuesta participación en los escándalos destapados en la estatal Petrobras.

Aún en esa delicada situación jurídica, Lula se mantiene como la gran apuesta del PT para las elecciones presidenciales previstas para octubre del año próximo y, hasta ahora, aparece como uno de los favoritos en casi todas las encuestas de opinión.

Según informó el propio PT, el evento inaugurado hoy también servirá para reforzar la defensa política del expresidente, que se dice víctima de una «persecución judicial» que tendría como objetivo impedir que vuelva al poder si decidiera volver a postular a la Presidencia.

Al igual que en los últimos meses, Lula no dejó del todo claro si aceptará volver a ser candidato del PT, pero como ha dicho en más de una ocasión, hoy volvió a dar a entender que está en sus planes y aseguró que su partido «volverá a gobernar este país».

El Congreso Nacional del PT concluirá el próximo sábado con la renovación de la dirección y la elección de un nuevo presidente de la formación, que será dirimida entre dos activos parlamentarios del partido.

La favorita es la senadora Gleisi Hoffmann, apoyada abiertamente por Lula y quien tiene como único rival al también senador Lindbergh Farias.

Cualquiera sea el resultado, lo único seguro es que el PT pasará a ser presidido por un dirigente investigado por la Corte Suprema.

Tanto Hoffmann como Farias son sospechosos de haber recibido financiación ilegal para sus campañas del grupo Odebrecht, uno de los implicados en el escándalo de Petrobras. (01/06/2017)

El Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, dio hoy una muestra de fortaleza política y logró que el Senado aprobara en forma definitiva una polémica propuesta que mantendrá en mínimos el gasto público durante los próximos 20 años.

El proyecto tenía carácter de enmienda constitucional, por lo que debió ser sometido a dos votaciones en el pleno de la Cámara alta, que hoy le dio su segunda sanción con una abrumadora diferencia de 53 votos a favor y apenas 16 en contra.

La nueva norma constitucional dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo sólo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera de las dos décadas.

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como son la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT), llegó a proponer que la votación fuera suspendida, pero fracasó en un intento en el que fue apoyada por la minoritaria oposición.

Bezerra sostuvo que el Gobierno «sólo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros», lo que calificó de «delito de lesa patria» ya «condenado por la mayoría de la población».

Aludió así a una encuesta publicada hoy mismo por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que sólo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.

Temer, quien asistió a un acto público poco después del fin de la votación, consideró el resultado como una «victoria extraordinaria» y, aunque sea en forma velada, admitió el carácter impopular de la propuesta.

«Esta votación completó el ciclo de la primera reforma que hemos presentado para sacar al país de la recesión» en que se encuentra desde hace dos años, declaró Temer, quien apuntó que era necesario «coraje» para impulsar una medida de esa naturaleza.

«Pero para gobernar es preciso tener coraje» y «unir esfuerzos» en torno a «actitudes valientes», señaló el gobernante, quien ya la semana pasada había reconocido que las limitaciones del gasto no son «populares hoy», aunque aseguró que lo serán «mañana», cuando «sea entendido que son necesarias».

Según el Gobierno, ese límite del gasto detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al Producto Interior Bruto (PIB), lo que considera «indispensable» para recuperar el equilibrio fiscal, que ha alcanzado niveles históricos en los últimos años.

Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de «insostenible».

El Gobierno argumenta que, entre 2008 y 2015, ese proceso se acentuó, con lo que el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación, y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.

En protesta contra la votación que se realizaba en el Senado, diversos sindicatos y movimientos sociales convocaron a una jornada de manifestaciones, que sólo tuvieron eco y muy baja intensidad en siete de los 27 estados del país.

En Brasilia, la seguridad fue reforzada e incluso se restringió el tránsito en torno al palacio legislativo, pero la convocatoria fue casi ignorada y sólo unas pocas decenas de personas protestaron por la aprobación del límite de los gastos.

(13/12/2016)