Justicia italiana activa proceso para esclarecer posibles responsabilidades tras el terremoto
La fiscalía de Rieti y de Ascoli Piceno, las provincias cuyas localidades han sido afectadas, comunicaron hace unos días la apertura de sendas investigaciones con la hipótesis de "desastre doloso".
Tras llorar a los muertos y asistir a los desalojados, la palabra pasa a la Justicia italiana, que ya ha empezado a moverse para esclarecer las posibles irregularidades y responsables de la devastación y alto número de fallecidos, al menos 292, que ha causado el terremoto en el centro de Italia.
¿Por qué un terremoto de 6 grados Richter – fuerte pero no devastador – ha causado el derrumbe de enteras localidades en una zona a alto riesgo sísmico y que tendría que estar preparada?, esta es la pregunta a la que ahora la Justicia intentará dar respuesta.
La fiscalía de Rieti y de Ascoli Piceno, las provincias cuyas localidades han sido afectadas, comunicaron hace unos días apertura de sendas investigaciones con la hipótesis de «desastre doloso» tras el derrumbe de edificios públicos en el terremoto de la madrugada del 24 de agosto.
Hoy el fiscal de Rieti, Giuseppe Saieva, daba un primer paso ordenando la incautación de varios edificios públicos y religiosos en Amatrice y en Accumoli, las dos localidades más afectadas por el seísmo.
Saieva también ha ordenado a la policía judicial que se incaute toda la documentación que vaya encontrando entre los escombros de los edificios públicos que se han destruido para poder adjuntarlos al fascículo, según explican los medios de comunicación italianos.
El fiscal de Rieti confirmó en una entrevista publicada hoy en el diario «Il Messagero» que se comenzará a investigar a las empresas que han realizado las obras de reestructuración en edificios que se han derrumbado como el colegio de Amatrice, que se supone que tenía que ser un lugar seguro.
Pero también las pesquisas se centrarán en las reestructuraciones privadas «ya que cada vez que se hace una obra en una casa es necesario reforzar la estructura portante».
«Si se ha caído la casa y no se han realizado obras para cumplir las normas antisísmicas esto podrá ser objeto de investigación, pero es sólo una hipótesis», explicó el fiscal jefe de Rieti.
Los dos grandes casos de los que se habla en estos días son los del colegio de Amatrice, reestructurado en 2012 para que respetase las normas sísmicas con los fondos destinados a la zona tras el terremoto del L’Aquila de 2009 y el campanario de Accumoli, que tendría que haberse sometido a intervenciones antisísmicas y que se derrumbó completamente cayendo sobre una casa en la que murieron un matrimonio y sus dos hijos pequeños.
Pero no sólo se trata de no haber realizado las obras de reestructuración o de haberlas hecho mal, sino que también se empieza a hablar de la hipótesis de delitos de malversación y corrupción en la utilización de los fondos destinados a la zona para adecuarla a las normas antisísmicas.
Por ello, la Autoridad Nacional Anticorrupción, organismo creado por el Gobierno de Matteo Renzi, ha pedido también adquirir la documentación, por el momento, del concurso público para la reestructuración del colegio de Amatrice.
La trágica y reciente historia de Italia tras los terremotos está repleta de condenas a los considerados responsables de las irregularidades en la construcción.
Siete años después del terremoto de L’Aquila del 6 de abril de 2009, el Supremo confirmaba las condenas a cuatro años de cárcel a Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone y Berardino Pace y a dos años y seis meses a Pietro Sebastiani, todos ellos técnicos considerados responsables del derrumbe de la Casa del Estudiante en la que murieron ocho chicos.
Mientras también el pasado mayo, el Supremo anuló la condena al ingeniero Fabrizio Cimino, a quien se le acusaba de la restauración de uno de los edificios de L’Aquila en el que murieron 13 personas.
En 2015, el Supremo confirmaba también las penas a los responsables del derrumbe de la escuela en la localidad italiana de San Giuliano de Puglia (sur) en el que murieron 27 niños y una maestra en octubre de 2002.
Por el derrumbe del edificio, el único que cayó tras el seísmo, fueron condenados a seis años Giuseppe La Serra, director de las obras de reestructuración y Mario Marinaro, empleado municipal responsable de estas obras y a 5 años de reclusión a los empresarios Carmine Abiuso y Giovanni Martino.
También fue condenado a 2 años y 11 meses al entonces alcalde de la localidad, Antonio Borrelli, quien perdió a una de sus hijas durante el derrumbe.
Mientras que en otro polémico juicio, fueron absueltos a seis de los siete miembros de la Comisión de Grandes Riesgos instituida en Italia y que habían sido condenados en primera instancia por no haber previsto el riesgo del terremoto de L’Aquila, que causó 309 muertos.
(30-08-2016)
