La Federación Nacional Campesina (FNC) de Paraguay lamentó hoy el intento de desalojo policial de un asentamiento campesino en Puente Kyjhá, a unos 500 kilómetros al este de Asunción, en el que resultó herido de gravedad por arma de fuego un campesino de 25 años.
Los hechos se registraron en la tarde del jueves cuando un contingente de policías del Grupo Especializado de Operaciones (GEO) entró en el asentamiento San Juan de Puente Kyjhá, acompañando a un tractor que «venía para destruir los cultivos de subsistencia de los campesinos» de la finca, explicó a Efe Marcial Gómez, dirigente de la FNC.
Los campesinos salieron al paso de los policías que, cuando llegaron a unos 60 o 70 metros de sus casas, arrojaron gases lacrimógenos y efectuaron disparos con armas de fuego de grueso calibre, según Gómez.
Como consecuencia de esos disparos, resultó herido un campesino de 25 años, quien fue alcanzado por una bala en el abdomen y sufrió varias perforaciones en el intestino.
El campesino herido fue trasladado al hospital de Saltos del Guairá, en la frontera con Brasil, donde se sometió a una cirugía, y permanece hospitalizado en estado de gravedad, explicó el dirigente de la FNC.
Aseguró además que los policías que entraron en el asentamiento no llevaban ninguna orden de desalojo emitida por la Fiscalía, y agregó que los campesinos de la zona sufren la «persecución permanente» de la Policía, desde que hace siete años se instalaron en esos territorios.
Gómez afirmó que el terreno, de un total de 5.000 hectáreas, pertenecía al estatal Instituto de Bienestar Rural (IBR), el cual a comienzos de la década de 1990 dividió la finca en lotes para distribuirlos entre los campesinos sujetos a la reforma agraria.
Sin embargo, alrededor de 1.700 hectáreas de terreno fueron apropiadas de forma irregular por latifundistas, en su mayoría dedicados al cultivo de soja, que no están sujetos a la reforma agraria y carecen de títulos de propiedad sobre estos terrenos, según el portavoz de la FNC.
Hace siete años los campesinos ocuparon los territorios donde actualmente residen unas 500 personas, para pedir que se integren de forma efectiva a la reforma agraria.
La entidad que sustituyó al IBR, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), reconoció que una parte de esas tierras habían sido apropiadas de manera ilegal, y las entregó de forma oficial a los campesinos.
Pese a ello, los sojeros que operan en la zona cuentan con el respaldo de policías, jueces y fiscales, que amparan la intervención policial en el asentamiento y los intentos violentos de desalojo, explicó Gómez.
Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierras del mundo, donde cerca de 2,5 % de la población es dueña de casi el 90 % de la superficie cultivable, según la ONG Oxfam.
Un total de 8 millones de hectáreas de terreno fueron apropiadas de forma ilegal en el país desde que comenzó la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1954, hasta el año 2003, según un informe de la estatal Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay.
Por otra parte, un total de 117 campesinos fueron asesinados o desaparecidos en Paraguay desde el año 1989, fecha en que finalizó la dictadura de Stroessner, según un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). (09-09-2016)