Asamblea de países firmantes de CPI temen la salida de más estados africanos
El Gobierno de Sudáfrica depositó el viernes su retirada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de este tribunal de la ONU, después del proceso de retirada iniciado recientemente por Burundi.
El presidente de la Asamblea de Estados partes del Estatuto de Roma, Sidiki Kaba, lamentó hoy la decisión del Gobierno de Sudáfrica de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), paso que ha dado también Burundi, y alertó de que otros países africanos pueden seguir esa senda.
«Esta señal perturbadora abriría el camino a la retirada de otros Estados africanos del Estatuto de Roma, debilitando la única corte permanente internacional a cargo de perseguir los más graves crímenes», como genocidio o crímenes de guerra o esa humanidad, indicó Kaba en un comunicado.
El Gobierno de Sudáfrica depositó el viernes su retirada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de este tribunal de la ONU, después del proceso de retirada iniciado recientemente por Burundi.
Kaba lamentó la salida de esos dos países y les pidió «reconsiderar sus posiciones».
«Les urjo a trabajar juntos a otros Estados en la lucha contra la impunidad, que a menudo causa violaciones masivas de derechos humanos», señaló.
El presidente de la Asamblea aseguró que la comunidad internacional «debe permanecer unida para hacer frente al enorme reto de evitar la comisión de tales crímenes, perseguir a los supuestos responsables, sean quienes sean y estén donde estén, para garantizar la paz, estabilidad y seguridad de nuestros países».
Según Sudáfrica, la CPI está «en conflicto» con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta negativamente a sus relaciones internacionales.
El anuncio de Sudáfrica se produce dos días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firmara también la retirada del tribunal, que investiga la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.
Según los estatutos de la CPI, la salida de un país sólo se hace efectiva un año después de la notificación oficial. (22-10-2016)