Bolivia quiere «desnarcotizar» su relación con Estados Unidos y volver a tener embajadores tras nueve años de distanciamiento en los que el país andino ha reivindicado su soberanía frente a «intervenciones» externas.

«Las relaciones entre Bolivia y EE.UU. tendrían que desnarcotizarse para que podamos tener avances en otras áreas», dijo hoy en entrevista con Efe el nuevo jefe de la misión diplomática del país andino en Washington, Pablo Canedo Daroca.

«El problema -agregó- ha sido no mirar a un país más que por una situación que es conflictiva, tenemos otros temas, como medio ambiente, seguridad nacional, crecimiento industrial, apertura de mercados, equidad de género, igualdad social, democracia».

El presidente boliviano, Evo Morales, siempre acusa a EE.UU. de usar la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y sostiene que los planes antidrogas en su país funcionan mejor desde su decisión de expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense.

También ese año, el mandatario expulsó al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, tras acusarlo de conspirar contra su Gobierno, algo que Washington ha negado siempre.

Desde entonces, ambos países se relacionan a través de encargados de negocios.

Canedo, que se instaló en la capital estadounidense hace una semana para desempeñar ese cargo, es «optimista» respecto al avance de las negociaciones que su Gobierno lleva a cabo con EEUU desde 2011 para mejorar relaciones hasta volver a tener la máxima representación diplomática.

«La relación es completamente fluida, diría que lo único que falta es la reposición de embajadores, hay relaciones entre el Departamento de Estado y nuestra Cancillería, toda la parte comercial, volumen de relaciones académicas, un turismo en permanente desarrollo», relató.

Bolivia considera que el nuevo Gobierno de Donald Trump «abre una oportunidad» para que ambos países entiendan sus «diferencias» y EE.UU. cree «una agenda con Bolivia» a partir de lo aprendido «del distanciamiento de los últimos años».

«Hemos tomado una distancia con EE.UU. que necesitábamos por aspectos relacionados con nuestra soberanía, queremos manejar nuestra política interna sin intervenciones de ningún país», indicó el diplomático.

El tema «más sensible» de la relación entre ambos países es el narcotráfico.

Bolivia cuestiona que el Departamento de Estado de EE.UU. señale al país, junto a Venezuela y Birmania, como naciones donde existe un «fracaso demostrable» a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas.

«Creo que tenemos que sentarnos nuevamente a ver qué información se maneja en el Departamento de Estado y cuál es la que tenemos en Bolivia y también la de otros entes internacionales como Naciones Unidas o ONGs», apuntó Canedo.

«Es un tema de gran preocupación bilateral y también nuestra (…) pero queremos que ese no sea el único aspecto principal relación con EE.UU.», agregó, para subrayar que Bolivia quiere crear «un escenario de respeto» a sus decisiones internas.

A mediados de enero de este año, ambos países establecieron unas «mesas de trabajo» para comenzar a tener «este nuevo capítulo» de relaciones, que coincidió con la remodelación del gabinete de Morales y la llegada al poder de Trump.

Evo Morales y Barack Obama nunca llegaron a reunirse, pero Bolivia espera que ese encuentro de presidentes sí pueda concretarse con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

«Es muy bueno para todos que nuestros presidentes puedan hablarse y buscar el momento adecuado para que eso suceda», anotó Canedo.

«Bolivia -concluyó- siempre está abierta al diálogo, especialmente con Donald Trump nos gustaría contribuir en cuanto a la agenda que pueda darse no sólo con Bolivia sino con Latinoamérica».

Los ministros de Relaciones Exteriores de América están divididos sobre el papel que debe jugar la región en la crisis de Venezuela, algo que debatirán mañana en una reunión de consulta en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A menos de 24 horas del encuentro, no hay una propuesta de consenso y están sobre la mesa varias opciones planteadas por diferentes grupos de países, según las fuentes diplomáticas consultadas por Efe.

El grupo impulsor del encuentro -liderado por países como México, EE.UU., Perú y Canadá- apuesta por aprobar una declaración contra la Asamblea Constituyente, en favor de un canal humanitario, que pida la liberación de los políticos presos y un calendario electoral con observación internacional.

Otra de las opciones que se estudian es la creación de un «grupo de contacto especializado» de la OEA para que «acompañe una nueva mediación» entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, según explicó hoy un alto funcionario de EE.UU. en una conferencia telefónica.

Los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), más reticentes a adoptar una posición dura con Caracas, han propuesto otro texto que no incluye esas demandas, pero que invita a Venezuela a reconsiderar su decisión de salir de la OEA.

Por tanto, parece difícil que mañana salga adelante una declaración o resolución, ya que cualquier decisión en la reunión requiere el voto de dos tercios de los países representados.

Si, como se espera, son 33 los Estados que participan, serían necesarios 22 votos, una cifra difícil de alcanzar, especialmente si el Caricom, como parece, opta esta vez por posicionarse en bloque.

La convocatoria de la reunión fue posible porque «el grupo de los 14» -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay- logró el apoyo de cinco países del Caribe -Guyana, Barbados, Bahamas, Jamaica y Santa Lucía-.

Pero en esta ocasión, esos 19 votos no serán suficientes porque el reglamento de la reunión obliga a los dos tercios, no solo a la mayoría simple, de manera que necesitarían el apoyo de al menos otros tres países.

Diez naciones no se espera que apoyen una declaración dura con Nicolás Maduro porque votaron en contra de convocar la reunión: Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Ecuador, Haití, Nicaragua, Venezuela, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Surinam.

Los Estados a convencer, por tanto, podrían ser los que se abstuvieron sobre la convocatoria de la reunión -Belice, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago- y Granada, que se ausentó en las últimas reuniones sobre este tema.

Si Venezuela diera la sorpresa de asistir mañana, todavía sería más difícil que se aprobara una declaración dura, ya que asistirían 34 Estados y, por tanto, los dos tercios serían 23 votos.

La OEA tiene 35 miembros, pero Cuba se niega a participar en el organismo pese a que su suspensión de 1962, efectuada tras la revolución de Fidel Castro, se levantó en 2009.

En principio, se espera que Venezuela sea el gran ausente de la reunión, ya que fue precisamente su convocatoria lo que provocó que solicitara el pasado 28 de abril su salida del organismo, que no será efectiva hasta 2019.

Desde entonces, Venezuela ha dejado de acudir a las sesiones de la OEA, pero podría asistir mañana para defender su posición ante los cancilleres y a hacer lo posible por que no salga adelante ninguna resolución contundente.

Hasta el momento, se han acreditado 22 delegaciones, de las cuales 18 han indicado que les representará su canciller.

Quince de esos 18 cancilleres, según han confirmado a Efe las respectivas delegaciones, serán los de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

EE.UU. considera que aún «es pronto» para dar esos números por definitivos y espera una «participación robusta», con «la mayoría de los principales ministros de Exteriores», indicó un alto funcionario.

Pese a que EE.UU. ve «muy importante» la reunión, no asistirá su secretario de Estado, Rex Tillerson, aunque estará en Washington y la reunión se celebrará en la sede de la OEA, a pocos minutos caminando de su oficina.

El representante estadounidense será el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, con amplia experiencia en la mediación con Venezuela. (30/05/2017)

Venezuela anunció hoy que este jueves iniciará el procedimiento para abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), un paso que no ha dado ningún otro Estado antes y que requiere dos años de espera hasta hacerse efectivo.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció hoy que mañana su Gobierno presentará «la carta de denuncia» a la OEA porque el organismo aprobó hoy la convocatoria de una reunión de cancilleres sobre la crisis política del país pese a la oposición frontal del Ejecutivo a esa sesión.

El proceso para pedir la salida de la OEA, algo sobre lo que no hay precedentes, comienza con que el Gobierno del país en cuestión presente una comunicación escrita a la Secretaría General en la que se anuncie la decisión de denunciar la Carta de la OEA, su documento fundacional de 1948.

«Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba», indica el artículo 143 de la Carta de la OEA.

«Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta», agrega.

Así, hasta que transcurran esos dos años, el país es «miembro pleno con todos sus derechos y obligaciones», explicó hoy a Efe el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro de la OEA, que hasta diciembre de 2016 ascendió a 8.764.449 millones, mientras que este año aún no ha pagado los 1.829.700 millones que le corresponden en función de criterios socioeconómicos.

Esa deuda que acumula Venezuela es anterior a cuando inicio el mandato de Luis Almagro como secretario general en mayo de 2015, con quien el Gobierno venezolano está enfrentado frontalmente por haber sido una de las voces internacionales más críticas con su gestión.

El Gobierno de Venezuela no se refirió hoy a esta deuda pendiente, por lo que está por ver si aceptara pagar el monto que debe.

Pero las obligaciones de la Carta de la OEA no son solo económicas, ya que estipula que los países miembros deben respetar la democracia representativa, los derechos humanos, la separación de poderes y la libertad de expresión, precisamente los elementos que Almagro y un grupo de entre 14 y 20 países (en función de qué cuestión se aborda) piden al Gobierno venezolano que respete.

Sin embargo, la canciller venezolana aseguró que su Gobierno no participará en lo sucesivo «de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz» en su país.

Ni siquiera Cuba, a la que se suspendió de la OEA en 1962 y se le levantó la suspensión en 2009, ha denunciado nunca la Carta de la OEA, por lo que sigue siendo un Estado miembro, aunque no participa y asegura que no tiene ningún interés en volver a hacerlo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido siempre pronunciándose y recibiendo casos de Cuba, al considerar que la sanción a su Gobierno no tiene por qué dejar desprotegidos a sus ciudadanos.

Venezuela denunció el 10 de septiembre de 2012 -y entró en vigor el 10 de septiembre de 2013- la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la CIDH solo puede enviar a la Corte casos de Venezuela ocurridos entre el 24 de junio de 1981 y el 10 de septiembre de 2013, informaron a Efe fuentes de ese organismo.

Para dejar de formar parte de la CIDH, y que este organismo no pueda pronunciarse sobre el país o atender casos del mismo, el Estado debe denunciar la Carta de la OEA, es decir, pedir la salida de la organización en su conjunto.

Pero aunque Venezuela pida, como ha anunciado, iniciar el proceso de abandonar la OEA mañana, la CIDH podrá seguir atendiendo violaciones de derechos humanos en el país hasta que se haga efectiva su salida de la organización dentro de dos años. (26/04/2017)

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no consigue artistas para su investidura pese a su pasado de televisivo y su gusto por convertir todo en un espectáculo.

A menos de un mes para la ceremonia, el equipo de Trump no ha conseguido ningún cantante de renombre y acumula decenas de rechazos de artistas como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion.

El magnate, habitual durante décadas en los círculos del famoseo, solo ha logrado confirmar la participación de la popular compañía de baile «The Rockettes», del coro mormón «Tabernacle» y de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo «America’s Got Talent».

Su pasado como presentador del programa de telerrealidad «The Apprentice» y de su posterior variación «The Celebrity Apprentice» no parece por el momento estar ayudándole en absoluto.

El paupérrimo cartel, a falta de nuevas incorporaciones, contrasta con el que tuvo Obama en su investidura de 2009, cuando estrellas como Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J.

Blige, y Stevie Wonder no solo cantaron en su honor sino que le expresaron su apoyo con entusiasmo.

Dos días antes, además, se organizó un gran concierto frente al Lincoln Memorial en honor de Obama en el que participaron Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Garth Brooks, John Legend, John Mellencamp, Josh Groban, U2, Usher, Stevie Wonder, Shakira, y Beyoncé.

El contraste entre las investiduras de Obama y Trump recuerda al que hubo entre las convenciones políticas y las campañas de Hillary Clinton y el magnate.

Con Clinton se volcaron estrellas mundiales como Madonna, Kate Perry, Beyoncé y Lady Gaga, mientras que Trump tuvo que recurrir a su familia y a algún famoso de segunda fila como el modelo Antonio Sabàto.

Durante la campaña, y fiel a su estilo desafiante, el magnate criticó a los artistas que apoyaban a Clinton y aseguró no necesitarles.

El mismo mensaje repitió este jueves en su cuenta de Twitter, el medio que utiliza para lanzar sus siempre controvertidos mensajes.

«La llamada lista ‘A’ de personalidades, todos quieren boletos para la investidura, pero mira lo que hicieron por Hillary, nada. Yo quiero a la gente», escribió.

En paralelo, sus asesores se han esforzado en quitar importancia al rechazo de los artistas al asegurar en numerosas entrevistas que la investidura no es un festival de música y que lo importante son Trump y los ciudadanos.

Entre las numerosas celebridades que han rechazado públicamente participar en la investidura, y por tanto ver asociado su nombre con el del explosivo magnate, están Elton John, Céline Dion, Andrea Bocelli, Garth Brooks, Idina Menzel, Ice T, John Legend, The Chainsmokers, Adam Lambert, David Foster y The Dixie Chicks.

Trump se esfuerza en desdeñar esta flagrante realidad, la comidilla de las tertulias televisivas esta semana, pero ha trascendido de fuentes de su entorno que está furioso por no poder conseguir que su investidura sea un espectáculo.

Aunque diga lo contrario, no se resigna a una investidura deslucida y ha pedido al productor de «The Celebrity Apprentice», Mark Burnett, que consiga más famosos. Sin éxito por el momento.

A la falta de artistas se suma la polémica que rodea a quienes sí han accedido a actuar para Trump.

El anuncio el viernes de que el grupo neoyorquino «The Rockettes», toda una institución de la ciudad natal de Trump, actuaría en la investidura suscitó una encendida discusión en las redes sociales sobre si las bailarinas podrán o no rechazar acudir a la gran cita política.

La compañía Madison Square Garden, que lleva el grupo, se vio obligada a aclarar en un comunicado que cada una de las Rockettes se apunta voluntariamente para bailar en el evento que le interese y que «nunca se les dice que tienen que actuar en un evento en particular, incluida la investidura».

Antes de esa declaración, una Rockette publicó en Instagram que estaba «avergonzada y decepcionada» de que hubieran tomado por ella la decisión de actuar en la investidura de Trump, según recogen varios medios.

Además, el famoso coro mormón «Tabernacle» también está recibiendo una lluvia de críticas e incluso una petición con miles de firmas en internet, para que dé marcha atrás en su decisión de cantar en la investidura de Trump.

Estados Unidos conmemoró hoy el 30 aniversario de la explosión del transbordador Challenger con siete personas a bordo, una tragedia que quedó grabada en las retinas de millones de personas que seguían el lanzamiento frente al televisor en todo el mundo.

El director de la agencia espacial estadounidense (NASA), Charles Bolden, presidió la tradicional ofrenda floral en el cementerio nacional de Arlington (Virginia), mientras que el Kennedy (Florida) y otros centros espaciales celebraron homenajes a las víctimas.

El presidente estadounidense, Barack Obama, pidió en un comunicado «no olvidar nunca a los valientes que hicieron el sacrificio de explorar las fronteras del entendimiento» a pesar de conocer los riesgos que eso entrañaba.

Obama recordó las palabras dichas por el entonces presidente Ronald Reagan tras la tragedia del Challenger: «El futuro no pertenece a los pusilánimes, pertenece a los valientes».

Reagan tenía que pronunciar en la noche de la tragedia el discurso anual sobre el Estado de la Unión, pero en su lugar dio un emotivo mensaje a la nación, sobre todo a los millones de niños ilusionados con el lanzamiento.

En el momento del despegue eran las 11:39 hora local (16.39 GMT) del 28 de enero de 1986 en la costa este de Estados Unidos, y los colegios habían parado sus clases para que los pequeños vieran en directo cómo viajaba al espacio la primera ciudadana común, la profesora Christa McAuliffe.

El lanzamiento se había retrasado y hasta se llegó a pensar que no podría efectuarse. La temperatura en el momento del despegue era de 2 grados centígrados, la más baja a la que había salido nunca un transbordador de la NASA.

Los ingenieros, como se supo después en la comisión de investigación de la tragedia, habían advertido que no debía lanzarse a menos de 11,7 grados centígrados.

Apenas un minuto después del despegue, pudo verse en directo cómo el Challenger se convertía en una bola de fuego. En el centro de control, en las redacciones y en miles de hogares se frotaban los ojos, no podían dar crédito a lo que estaba pasando.

«Obviamente ha ocurrido un fallo mayor», fueron las primeras palabras sobre el suceso de Stephen Nesbitt desde el control de la misión. «No tenemos enlace», dijo a continuación. «Nos informa un oficial de dinámicas de vuelo de que el vehículo ha explotado», añadió poco después.

Las imágenes televisadas de entonces muestran la confusión de los periodistas y los astronautas del centro de control que informaban de la tragedia en directo. Segundos más tarde, puede verse la incredulidad y el profundo dolor en los rostros de los familiares de las víctimas, que habían viajado a Florida para presenciar de cerca el lanzamiento.

El Challenger se desintegró poco más de un minuto después de su salida debido a una serie de fallos técnicos en los anillos «O», unas juntas que sellan el cohete de propulsión que proyecta la nave, lo que produjo un escape de gas que perforó el depósito principal e hizo que acabara envuelto en llamas.

Se tardaron casi dos meses en encontrar los restos de los siete fallecidos, que cayeron al Océano Atlántico, a unos 28 kilómetros de la costa de Cabo Cañaveral, desde donde habían despegado.

El dramático accidente del Challenger fue un duro golpe de realismo para una NASA en plena ebullición por enviar transbordadores al espacio rápido y con mucha frecuencia.

La tragedia cambió la agencia para siempre: se revisó toda la tecnología y el protocolo de los transbordadores y se frustró su aspiración de enviar civiles al espacio para involucrar a la sociedad en sus exploraciones.

No era la primera vez que morían astronautas en Estados Unidos, en 1967 los tres tripulantes del Apolo 1 perecieron al producirse un incendio en el módulo de comando durante un ensayo en Cabo Cañaveral (Florida).

Pero el Challenger tuvo un impacto mucho mayor, en buena medida por la emoción que había despertado en el país ver a una persona común, la profesora Christa McAuliffe, en el espacio.

El 28 de enero es el día en que la NASA honra a todos los astronautas fallecidos en sus misiones espaciales, con un recuerdo especial para sus tres peores tragedias: Apolo 1 (1967), Challenger (1986) y Columbia (2003).

Entre el 27 de enero y el 1 de febrero de este año se cumple el 49 aniversario del incendio en el que murieron los tres tripulantes del Apolo 1, el 30 aniversario del desastre del transbordador Challenger con siete víctimas y el decimotercer aniversario de la tragedia del transbordador Columbia, con otros siete fallecidos.

«Cada año por estas fechas, tomamos un momento para reflexionar como familia NASA sobre los amplios hombros sobre los que nos apoyamos: los de las mujeres y hombres de la NASA que dieron sus vidas para que ustedes y yo podamos continuar alcanzado nuevos hitos para el beneficio de la humanidad», dijo hoy Bolden en una nota.

En la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas guardaron hoy un momento de silencio por sus compañeros muertos en las misiones.

«Reconozcamos el sacrifico de los que fallecieron y cómo su espíritu y su legado viven en nuestros logros en el espacio», dijo el astronauta estadounidense Scott Kelly, quien, junto a su compañero ruso Mijail Kornienko, concluirá en marzo una histórica misión de un año, el doble de lo habitual en la EEI, para evaluar la resistencia del cuerpo humano en el espacio.