Dos parientes de Maduro son declarados culpables de narcotráfico en EE.UU.
La condena, por unos delitos que tienen una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua, será dada a conocer más adelante por el juez, aunque, en principio, se ha fijado la fecha para el próximo 7 de marzo.
Un jurado declaró hoy culpables en Nueva York a dos familiares de la pareja presidencial de Venezuela, que durante dos semanas fueron sometidos a un juicio tras ser acusados de conspirar para exportar y distribuir cocaína en EE.UU.
Luego de seis horas y media de deliberaciones, el presidente del jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, dio a conocer su veredicto, que tenía que ser por unanimidad, contra Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, que vestían ropa de civil y que a partir de hoy cambiarán por el uniforme carcelario que usaron a inicios del caso.
La defensa había presentado una moción al tribunal para que durante el juicio se les permitiera no usar el uniforme de la cárcel federal donde están desde que fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015, en Haití, y después trasladados a EE.UU.
La condena, por unos delitos que tienen una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua, será dada a conocer más adelante por el juez, aunque, en principio, se ha fijado la fecha para el próximo 7 de marzo.
Campo Flores, de 30 años, y Flores de Freitas, de 31, sobrinos de la primera dama de Venezuela, la senadora Cilia Flores, quedaron impávidos cuando el presidente del jurado leyó la decisión. A
ntes de salir de la sala del juez Paul Crotty, quien presidió el caso, los reos dieron las gracias a sus abogados con un apretón de manos y un abrazo.
Hoy no estuvieron presentes la esposa de Campo Flores ni la novia de Flores de Freitas, quienes acudieron el primer día del juicio.
La defensa manifestó el desacuerdo de sus clientes con la decisión y señaló que presentarán mociones que no especificaron. «Queremos ver cuáles son los próximos pasos», dijo Randall Jackson, abogado de Campo Flores.
Durante el proceso de deliberación, en una habitación dentro de la sala del tribunal, y que comenzó luego de recibir las instrucciones del juez, se escucharon en varias ocasiones las voces subidas de tono de miembros del jurado.
Ello motivó que el secretario de Crotty pidiera a los periodistas que aguardaban por el veredicto que no se sentaran en los bancos cercanos a ese pequeño cuarto.
El juicio, que se realizó con la presencia del agente de la DEA a cargo del caso, Sandalio González, quien arrestó a los dos venezolanos, comenzó el pasado 7 de noviembre, un año después de que los acusados fueran detenidos en Haití y trasladados casi inmediatamente a Estados Unidos.
Ambos fueron acusados por la fiscalía federal para el distrito sur de Manhattan de conspirar para exportar y distribuir un millonario cargamento de 800 kilogramos de cocaína a este país, que sería enviado a Honduras desde el terminal presidencial en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela, y de allí a Estados Unidos.
Para probar su caso, la fiscalía presentó grabaciones de las conversaciones sostenidas por los ahora convictos con narcotraficantes que participarían en la conspiración, así como fotos y copias de mensajes.
Las evidencias fueron recopiladas por informantes que eran pagados por la DEA durante reuniones sostenidas por los acusados en Honduras y Venezuela.
Por su parte, la defensa enfocó su caso en contra de los informantes, a los que acusó de mentir, en un intento por desacreditarlos ante el jurado, luego de que Crotty aceptara las evidencias que habían recopilado como válidas para el juicio.
De hecho, la defensa logró que el principal informante de la DEA, José Santos Peña, que se hizo pasar ante los sobrinos de la primera dama de Venezuela como un miembro del cártel de Sinaloa, admitiera en corte que había mentido, y que mientras recibía dinero de la DEA por su trabajo, estaba involucrado en el narcotráfico.
Santos Peña, que desde el pasado agosto está en una cárcel de California por narcotráfico, testificó en el juicio bajo un acuerdo de cooperación con la fiscalía con miras a reducir su sentencia.
Ese acuerdo fue anulado cuando la defensa demostró con una grabación que Santos Peña continuaba haciendo tratos de narcotráfico desde la cárcel. Sin embargo, el juez decidió que las evidencias aportadas que él había recopilado seguían vigentes para el caso.
