El aeropuerto internacional de Katmandú recibe cada día una media de dos ataúdes con los restos de inmigrantes nepalíes muertos en el extranjero, un trágico y a la vez común modo de regresar a casa que organizaciones de derechos humanos vinculan a los abusos y las malas condiciones de vida de estos trabajadores.
«Me pagan por trasladar los cadáveres, pero rezo a diario para que nadie muera en el extranjero. Resulta siempre muy duro ver el dolor de las familias», afirma a Efe en el aeropuerto Prakash KC, director de Transportes Siddhi Ganesh, una de las cuatro compañías encargadas de llevar los ataúdes hasta las residencias familiares.
Los operarios de estas empresas son fundamentales, no solo para el traslado del difunto, sino para ayudar también a las familias a rellenar el papeleo necesario para la retirada del ataúd del recinto y para que éstas puedan acceder luego al cobro de indemnizaciones.
El director de la compañía FEPB, Raghu Raj, detalló a Efe que este año, hasta finales de noviembre, habían llegado al aeropuerto los cuerpos de 763 inmigrantes, una cifra que solo incluye a los inmigrantes que viajaron legalmente y murieron mientras trabajaban.
El pago a estas empresas corre a cargo del Gobierno nepalí, que gasta al año alrededor de 185.000 dólares, una suma que se ve compensada por las cuantiosas remesas que envían los inmigrantes a sus familias y que suponen cerca del 30% del PIB nacional.
Entre los destinos más comunes en el extranjero de los 3,8 millones de nepalíes -en un país de 28 millones de habitantes- se encuentran además de la vecina India, donde no necesitan permiso de trabajo, los países del Golfo Pérsico, Corea del Sur o Malasia.
Poco más de un millón de nepalíes recibieron permisos para trabajar en este último país, en el que han muerto 375 inmigrantes desde 2003, según datos del Departamento nepalí de Empleo Exterior y de su embajada en Malasia.
Ramananda Chamar, de 42 años, emigró a Malasia en 2014 y hace un par de semanas llamó a su familia, que vive a unos 250 kilómetros al oeste de Katmandú, para anunciarles que había conseguido un permiso y que en marzo volvería de visita por primera vez desde su marcha.
Una semana después, los familiares recibieron otra llamada desde el sudeste asiático, aunque en este ocasión Ramananda no estaba al otro lado de la línea, sino un amigo suyo, que les informó de que éste había muerto de una cardiopatía mientras dormía.
«Mi cuñada no ha parado de llorar desde entonces, igual que mi madre», relató a Efe Chakrabhan Chamar, de 28 años, mientras espera en el aeropuerto de Katmandú la llegada del ataúd metálico con el cadáver de su hermano, que trabajaba en una empresa de hierro.
Con la muerte de su hermano, ahora recae sobre él la responsabilidad de mantener a una familia de 12 miembros, incluidas las cinco hijas del primogénito fallecido.
La tragedia se produjo cuando Ramananda al fin había conseguido pagar el préstamo de 1.384 dólares para viajar a Kuala Lumpur, una gran suma si se tiene en cuenta que la renta per cápita media anual en el país del Himalaya ronda los 730 dólares.
«Hacía poco que a duras penas había empezado a ahorrar cuando ocurrió la tragedia», explicó el joven Chakrabhan, que se pregunta cómo hará ahora para mantener a la familia, con el único alivio a la vista de los alrededor de 6.500 dólares que les pagará el seguro.
Sabedor de las duras condiciones de vida que padecen los trabajadores nepalíes en el extranjero, el Gobierno de la nación del Himalaya ha tratado durante los últimos años de alcanzar acuerdos sobre el respeto a los derechos humanos con varios países de destino.
La última firma de este tipo se produjo el domingo en Katmandú, coincidiendo con el Día Internacional del Migrante, entre el juez Anup Raj Sharma, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nepal, y su homólogo catarí Ali Bin Samikh Al-Marri.
Catar, con una fuerte demanda de trabajadores con motivo de los preparativos para el Mundial de fútbol que se celebrará en el país en 2022, acogía, según los últimos datos disponibles de 2014, a 400.000 inmigrantes nepalíes, de los cuales 173 murieron ese año.
Muchos de ellos «padecen abusos sistemáticos», denunció recientemente la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que explicó que el 90% de la mano de obra catarí, que ronda los 1,6 millones, es extranjera.
«El abuso de los trabajadores emigrantes es una mancha en la conciencia del fútbol mundial. Para los futbolistas y seguidores el estadio de fútbol de un Mundial es un lugar para soñar. Para algunos de los trabajadores que hablaron con nosotros es una pesadilla», denunció el secretario general de AI, Salil Shetty.
(21/12/2016)