Por carecer de veracidad en los hechos que presenta y expone el editorial del New York Times «Un presidente atrincherado en Bolivia» que fue publicado el jueves en su portal digital, la ministra de Comunicación Marianela Paco, solicitó que se proceda a la rectificación de la información contenida en dicha publicación.
Mediante una nota enviada al presidente del New York Times, Arthur O. Sulzberger, la titular de Comunicación le hace notar que los juicios vertidos en el editorial se basan en información atrasada y descontextualizada de los hechos, lo que genera una interpretación errónea de la realidad.
Entre las principales inexactitudes que la ministra Paco reclama al New York Times destaca que este medio de comunicación, basándose en información sesgada y desactualizada señala que «el presidente Evo Morales y sus aliados en el Congreso boliviano están planeando cómo extender su tiempo en el cargo».
Al respecto la ministra le aclara que desde febrero de 2009 en Bolivia rige una nueva Constitución Política del Estado en la que el congreso ahora se denomina Asamblea Legislativa y que el Jefe de Estado no tiene aliados en ese Órgano del Estado debido a que en las elecciones presidenciales ganó con amplia mayoría de votos de la población que le faculta contar con dos tercios de representatividad parlamentaria.
«Sin embargo, no se entiende si el editorialista, se ha querido referir a la Asamblea Legislativa o al IX Congreso Ordinario del Movimiento del Movimiento Al Socialismo, que reunió en la ciudad de Montero, a 100 kilómetros de Santa Cruz, a más de 6.000 representantes de 30 organizaciones sociales y sindicales a nivel nacional, donde se aprobó cuatro vías alternativas para la postulación de Evo Morales en las elecciones presidenciales del 2019, a fin de que sea el voto del pueblo boliviano en las urnas, el que determine la continuidad de las políticas sociales, económicas y políticas para alcanzar las metas de la Agenda Patriótica 2025», precisa Paco, citada en un boletín de prensa de su despacho.
Más adelante el New York Times señala que Bolivia estaría en camino de la autocracia, por lo que la Ministra Paco a tiempo de rechazar dicha apreciación le explica que Morales sumó a los poderes del Estado, el Órgano Electoral Plurinacional y que a diferencia de los gobiernos neoliberales, el año 2011, se realizó la primera experiencia de elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por voto popular.
«Bolivia es un país profundamente democrático y participativo, ha incorporado la representatividad de los pueblos indígenas, de las mujeres y de los sectores más desprotegidos en las estructuras orgánicas del Estado con equidad e igualdad de oportunidades. Además, los ciudadanos bolivianos no sólo eligen con el voto directo a sus autoridades, también tienen la facultad de revocar, mediante voto, el mandato de los mismos», señala la misiva que fue enviada el viernes por la Ministra al rotativo norteamericano.
También la Ministra de Comunicación le reclama al New York Times afirmaciones difamatorias y temerarias al señalar que los aliados del presidente en el Poder Judicial mandaron a prisión a Gabriela Zapata, en un intento de silenciarla.
Al respecto la ministra aclaró que el presidente Evo Morales fue quien públicamente pidió que se investigue en la Contraloría General del Estado, en la Asamblea Legislativa y en instancias del Ministerio Público, de manera inmediata y sin ningún tipo de fueros ni privilegios, caiga quien caiga, el supuesto tráfico de influencias que se indilgaba al Primer Mandatario, en base a un certificado de nacimiento fraguado que presentó como prueba el periodista Carlos Valverde, hoy prófugo de la justicia; «el cual fue usado tendenciosamente por algunos medios de comunicación, en una espiral de mentiras, en los días previos al Referéndum Constitucional, con el objetivo influir negativamente en los votantes», precisó.
También les explica que el Morales se sometió, sin fuero ni privilegio alguno, a la jurisdicción ordinaria para que un juez competente determine la existencia física de su hijo, ante la duda generada por la imputada, sometiéndose incluso a una prueba de ADN sin hacer de uso de ninguna influencia. Asimismo, hace notar que habiendo el Juez de la causa, determinado la inexistencia del supuesto hijo de Zapata, y no habiendo ningún vínculo filial con la imputada, el supuesto tráfico de influencias tampoco existió.
«Además, las acciones investigativas del orden jurisdiccional determinaron que Gabriela Zapata, se encuentre recluida en un centro penitenciario de la Sede de Gobierno, procesada por la comisión de 8 delitos penales, entre los que destaca falsedad ideológica, uso instrumento falsificado, legitimación de ganancias ilícitas, trata de personas, uso de bienes y servicios públicos, entre otros», agregó.
(14-01-2017)