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Celac concluye cumbre con apoyo a Venezuela y ‘tímida’ declaración contra EEUU

En el día en el que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la "construcción inmediata" del muro en la frontera con México, la Celac se limitó a condenar la "criminalización de la migración irregular" y evitó cualquier pronunciamiento contra el muro.

/ 26 de enero de 2017 / 00:57

La Celac concluyó hoy en República Dominicana su V cumbre con una tímida declaración en contra de las nuevas políticas de EE.UU., a pesar de que la mayoría de los presidentes asistentes fueron del eje bolivariano, y con una defensa del diálogo en Venezuela y del fin del bloqueo en Cuba.

En el día en el que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la «construcción inmediata» del muro en la frontera con México, la Celac se limitó a condenar la «criminalización de la migración irregular» y evitó cualquier pronunciamiento contra el muro.

En la llamada Declaración Política de Punta Cana, adoptada al final de la cumbre y que lleva anexos 70 puntos entre declaraciones especiales y planes de acción, los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazaron «el racismo y la xenofobia» y pidieron simplemente reconocer las «contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino».

Ni siquiera la representante de México en la cumbre, la vicecanciller para América Latina y el Caribe, Socorro Flores, se refirió en su discurso en la plenaria de la cumbre al muro.

Se trataba de la primera cumbre de la Celac después de la llegada a la Casa Blanca del magnate inmobiliario y representaba una ocasión de oro para que la región construyese una postura homogénea contra la retórica antiinmigración del nuevo mandatario estadounidense.

Sin embargo, ha sido la cumbre que ha reunido al menor número de presidentes desde que se creó este foro regional en 2011. Los presidentes de México, Panamá y Colombia cancelaron su participación ayer a última hora, alegando motivos de agenda, y las expectativas sobre este foro se empezaron a desinflar.

Sí participaron en cambio los mandatarios del eje bolivariano (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua) y los de República Dominicana, El Salvador, Dominica, Haití, Guyana y Jamaica, pero pronunciaron unos discursos manidos, largos y poco contundentes para lo que la coyuntura política mundial requiere.

El tema que, sin embargo, ocupó los primeros puntos de la declaración final de la cumbre fue el diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, que en diciembre entró en una «fase de revisión» porque ambas partes se acusaron de incumplir los acuerdos.

La Celac, en el documento final de la cumbre, apoyó «el proceso de diálogo nacional» en Venezuela y alentó a las partes «a retomar las conversaciones de buena fe y con alto compromiso constructivo y con pleno apego al Estado de derecho, a los derechos humanos y la institucionalidad democrática».

Los mandatarios también consensuaron exigir la derogación del «Decreto Ejecutivo de los Estados Unidos de América aprobado originalmente el 9 de marzo de 2015», que dicta sanciones económicas contra funcionarios venezolanos, el fin del bloqueo de EEUU a Cuba y la devolución de Guantánamo.

La entrega a la isla caribeña de esta base militar estadounidense es, según la declaración, «un elemento relevante del proceso de normalización de relaciones entre ambos países» iniciado en 2014 y acogido «con beneplácito» hoy en la cita presidencial de Punta Cana.

El texto final de la cumbre recoge además una serie de compromisos de los jefes de Estado que ya habían sido adoptados en otras cumbres y que no han supuesto ninguna novedad.

Entre ellos, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el cambio climático, la mejora de la cooperación judicial, la erradicación del hambre y el impulso de políticas a favor de la igualdad de género y de la juventud.

Como acto final y tras el discurso de los representantes latinoamericanos, la República Dominicana traspasó a El Salvador la presidencia temporal del organismo.

El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, recordó al recibir la presidencia que «una comunidad implica unidad y hermandad respetando la diversidad», una frase que, dada la escasa asistencia de mandatarios y el marcado cariz bolivariano, parece más necesaria que nunca. (25/01/2017)

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Panamá busca unirse a la cruzada mundial contra las bolsas de plástico

El objetivo del proyecto es reemplazar las bolsas de plástico por alternativas menos contaminantes, como las biodegradables, los cartuchos de cartón, de tela o de hilo, de tal modo que el consumo de plástico se reduzca hasta 20 % en Panamá.

/ 8 de mayo de 2017 / 00:18

En un país como Panamá, donde los comercios regalan las bolsas de plástico y usan dos para guardar un simple cartón de leche (una dentro de otra), proponer una ley para prohibirlas y sustituirlas por otras biodegradables es cuanto menos osado.

«Tenemos que entender que el plástico no es biodegradable y que las bolsas demoran 450 años en desaparecer. Hoy en día, el 20 % del plástico que se recoge en Panamá son bolsas», explica a Efe el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Samir Gozaine.

Gozaine es uno de los principales impulsores del proyecto de ley 492, que fue aprobado el pasado 27 de abril en la Asamblea, en el primero de tres debates, y que busca fomentar el uso razonable de las bolsas de plástico y eliminar el abuso actual.

«Seríamos el primer país de Centroamérica en tener una ley como esta que ya está vigente en Europa y en algunos países latinoamericanos como Colombia. Los cambios son difíciles pero es cuestión de acostumbrarse», asegura el político.

El objetivo del proyecto es reemplazar las bolsas de plástico por alternativas menos contaminantes, como las biodegradables, los cartuchos de cartón, de tela o de hilo, de tal modo que el consumo de plástico se reduzca hasta 20 % en Panamá.

«Las bolsas de plástico biodegradable tardan solo 25 ó 30 años en descomponerse», cuenta Gozaine, quin se muestra convencido de que la iniciativa saldrá finalmente adelante a pesar de que ahora hay algunos diputados en contra.

Los supermercados, las farmacias y las pequeñas tiendas tendrían doce meses para adaptarse a la nueva normativa, mientras que los almacenes y los comercios mayoristas contarían con 24 meses, y todos tendrían la opción de cobrarles a los consumidores las nuevas bolsas biodegradables, según el texto aprobado en el primer debate parlamentario.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sería la institución encargada de velar por el cumplimiento de la norma y los fondos que se recauden en concepto de multas irían destinados a programas de reciclaje.

«Cuando nos concienciemos de que el plástico es un problema mundial, buscaremos prohibir otros productos como las botellas», anuncia el diputado.

Según la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Panamá, con sus casi 4 millones de habitantes, es el país que genera más residuos per cápita de Latinoamérica, cerca de 1,2 kilogramos de basura al día por persona, la gran mayoría de los cuales son plásticos.

La iniciativa ha sido muy aplaudida por los ambientalistas, quienes defienden que es necesario la existencia de legislación porque, aunque las campañas ecologistas surten cierto efecto, la gente «no cambia de manera voluntaria», reconoce la directora de ANCON, Rita Spadafora.

«Es una idea muy atinada. La mayor parte de la basura que llega a  nuestros ríos y nuestros mares son bolsas plásticas. Esperemos que la industria apoye la idea y que entienda que hay que hacerlo por un bien superior que es el país», dice Spadafora.

La activista, sin embargo, cree que el proyecto legislativo se ha quedado corto y que debería haber abarcado al poliespan, conocido en la región por el término inglés «foam», «un material altamente contaminante y difícil de recoger porque se deshace en pedazos».

Las críticas al proyecto vienen principalmente de los comerciantes, que temen que este encarezca la canasta básica y provoque el cierre de fábricas de plásticos y, por tanto, aumente el desempleo.

«Es una locura. Combatir el desempleo es más importante que el medioambiente», afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes y distribuidores de víveres y similares de Panamá (ACOVIPA), Iván Ríos. El comerciante no cree que la iniciativa se vaya a aprobar al final porque «los intereses de la industria plástica son muy fuertes en Panamá».

«Cobrar por las bolsas es una costumbre que está de moda en Europa y que allí funciona porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que Latinoamérica. Los legisladores se piensan que somos como ellos y somos muy distintos», zanja Ríos. (7/05/2017)

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El objetivo del proyecto es reemplazar las bolsas de plástico por alternativas menos contaminantes, como las biodegradables, los cartuchos de cartón, de tela o de hilo, de tal modo que el consumo de plástico se reduzca hasta 20 % en Panamá.

/ 8 de mayo de 2017 / 00:18

En un país como Panamá, donde los comercios regalan las bolsas de plástico y usan dos para guardar un simple cartón de leche (una dentro de otra), proponer una ley para prohibirlas y sustituirlas por otras biodegradables es cuanto menos osado.

«Tenemos que entender que el plástico no es biodegradable y que las bolsas demoran 450 años en desaparecer. Hoy en día, el 20 % del plástico que se recoge en Panamá son bolsas», explica a Efe el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Samir Gozaine.

Gozaine es uno de los principales impulsores del proyecto de ley 492, que fue aprobado el pasado 27 de abril en la Asamblea, en el primero de tres debates, y que busca fomentar el uso razonable de las bolsas de plástico y eliminar el abuso actual.

«Seríamos el primer país de Centroamérica en tener una ley como esta que ya está vigente en Europa y en algunos países latinoamericanos como Colombia. Los cambios son difíciles pero es cuestión de acostumbrarse», asegura el político.

El objetivo del proyecto es reemplazar las bolsas de plástico por alternativas menos contaminantes, como las biodegradables, los cartuchos de cartón, de tela o de hilo, de tal modo que el consumo de plástico se reduzca hasta 20 % en Panamá.

«Las bolsas de plástico biodegradable tardan solo 25 ó 30 años en descomponerse», cuenta Gozaine, quin se muestra convencido de que la iniciativa saldrá finalmente adelante a pesar de que ahora hay algunos diputados en contra.

Los supermercados, las farmacias y las pequeñas tiendas tendrían doce meses para adaptarse a la nueva normativa, mientras que los almacenes y los comercios mayoristas contarían con 24 meses, y todos tendrían la opción de cobrarles a los consumidores las nuevas bolsas biodegradables, según el texto aprobado en el primer debate parlamentario.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia sería la institución encargada de velar por el cumplimiento de la norma y los fondos que se recauden en concepto de multas irían destinados a programas de reciclaje.

«Cuando nos concienciemos de que el plástico es un problema mundial, buscaremos prohibir otros productos como las botellas», anuncia el diputado.

Según la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Panamá, con sus casi 4 millones de habitantes, es el país que genera más residuos per cápita de Latinoamérica, cerca de 1,2 kilogramos de basura al día por persona, la gran mayoría de los cuales son plásticos.

La iniciativa ha sido muy aplaudida por los ambientalistas, quienes defienden que es necesario la existencia de legislación porque, aunque las campañas ecologistas surten cierto efecto, la gente «no cambia de manera voluntaria», reconoce la directora de ANCON, Rita Spadafora.

«Es una idea muy atinada. La mayor parte de la basura que llega a  nuestros ríos y nuestros mares son bolsas plásticas. Esperemos que la industria apoye la idea y que entienda que hay que hacerlo por un bien superior que es el país», dice Spadafora.

La activista, sin embargo, cree que el proyecto legislativo se ha quedado corto y que debería haber abarcado al poliespan, conocido en la región por el término inglés «foam», «un material altamente contaminante y difícil de recoger porque se deshace en pedazos».

Las críticas al proyecto vienen principalmente de los comerciantes, que temen que este encarezca la canasta básica y provoque el cierre de fábricas de plásticos y, por tanto, aumente el desempleo.

«Es una locura. Combatir el desempleo es más importante que el medioambiente», afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes y distribuidores de víveres y similares de Panamá (ACOVIPA), Iván Ríos. El comerciante no cree que la iniciativa se vaya a aprobar al final porque «los intereses de la industria plástica son muy fuertes en Panamá».

«Cobrar por las bolsas es una costumbre que está de moda en Europa y que allí funciona porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que Latinoamérica. Los legisladores se piensan que somos como ellos y somos muy distintos», zanja Ríos. (7/05/2017)

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