Unos 600 de los 3.500 policías militarizados del suroriental estado brasileño de Espírito Santo, que completaban una semana de huelga, retornaron entre el sábado y hoy a su trabajo en las calles, según informó la Secretaría de Seguridad Pública regional.
Un grupo reducido, integrado por agentes que estaban en sus casas o de licencia en el momento que se desató la huelga, se presentó en la tarde del sábado en la terminal de transportes de Vitoria atendiendo un llamado del ministro de Defensa, Raúl Jungmann, quien visitó la ciudad, y pidió la vuelta inmediata de los policías.
En la mañana de este domingo, un grupo mayor hizo lo propio en la Plaza Oito, en el centro de Vitoria, y de nuevo en la terminal de transportes, con lo que el contingente en las calles de policías militarizados totalizó hasta el momento unos 600, de acuerdo con el órgano responsable de la seguridad pública en ese estado.
La secretaría dispuso de otros puntos de concentración, como la Plaza del Papa, terminales urbanas y en las Alcaldías de los municipios de Cariacica y Viana, además de batallones del Ejército, para que los policías militarizados se movilicen sin necesidad de ir a los cuarteles, cuyas puertas siguen bloqueadas por familiares de los propios agentes que piden reivindicaciones salariales.
Tres helicópteros de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), que acompañan el contingente de 3.130 efectivos del Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad -Policía Élite- enviados desde Brasilia para patrullar las calles, están retirando a los policías militarizados de los cuarteles en los que las aeronaves pueden aterrizar.
El sábado, los agentes policiales decidieron permanecer acuartelados a pesar del acuerdo anunciado la noche del viernes entre el Gobierno regional y representantes de las asociaciones de la Policía Militarizada, que reivindican mejores salarios, condiciones de trabajo y renovación de equipamientos.
Durante los últimos ocho días, los familiares de los policías militarizados han acampado en la puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga y en caso de hacerlo se enfrentan a una pena de dos años de prisión.
La crisis de seguridad pública llevó a que muchos locales comerciales, agencias bancarias y oficinas públicas permaneciesen cerradas todos estos días y el sindicato regional de los policías civiles -que en Brasil son los encargados de las investigaciones- totaliza ya 138 homicidios en ese período de paralización.
El servicio de autobuses, que fue varias veces suspendido por temores a vandalismo en los vehículos, comenzó a ser retomado gradualmente este sábado en Vitoria.
La protesta de Espírito Santo se extendió el viernes a los estados de Pará (norte) y al vecino Río de Janeiro, que está en plenos preparativos de los carnavales y donde varios batallones de la Policía Militarizada mantienen este domingo protestas similares en sus puertas por parte de familiares de los agentes, que no llegaron el sábado a un acuerdo con el Gobierno regional.
En Río de Janeiro los policías se mantienen normalmente en las calles, pero al igual que en Espírito Santo algunos de ellos debieron salir de los batallones en helicópteros de la Fuerza Aérea. (12-02-2017)