La corte suprema de Brasil sacudió los cimientos del sistema político al autorizar la detención del expresidente Lula, un mito de la izquierda, en el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el país.

El fallo, pronunciado después de la medianoche del miércoles tras más de diez horas de debates, también impacta de lleno la carrera presidencial de la mayor economía latinoamericana que se dirimirá el 7 de octubre, al dejar prácticamente fuera del tablero al favorito en las encuestas.

Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en la trama de sobornos de la estatal Petrobras, Lula pretendía conservar su libertad hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico brasileño.

Pero con un apretado resultado de 6 a 5, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazaron el recurso (habeas corpus) presentado por la defensa del exmandatario (2003-2010), de 72 años.

«La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad» , dijo la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el sexto voto que selló el resultado.

La detención

La detención de Lula, que niega todas las acusaciones en su contra, podría producirse a partir de la semana próxima, una vez que su defensa presente sus últimas objeciones, si es que decide hacerlo, informó el tribunal de apelaciones (TRF4) que lo condenó en segunda instancia.

La asesoría del equipo de abogados del exmandatario dijo a la AFP que esa posibilidad estaba bajo análisis.

«No será detenido de inmediato porque lo que juzgó el STF es un habeas corpus que autoriza la expedición de una orden de prisión», explicó a la AFP el criminólogo Jovacy Peter Filho. Quedan aún por analizar «posibles nuevos recursos en el TRF4 y solo entonces podría llegar la orden del juez Sergio Moro», añadió.

Moro es el magistrado de primera instancia que desde su despacho de Curitiba (sur) se convirtió en ícono de la lucha contra la corrupción para muchos brasileños. De su pluma salieron la condena contra el expresidente y contra otros políticos y empresarios enredados en la Operación Lava Jato.   La megainvestigación iniciada hace cuatro años puso en la mira de la justicia al actual presidente conservador, Michel Temer, y a buena parte de su gabinete, junto con decenas de diputados y senadores.

Desazón y festejos

Lula siguió el debate sin hacer declaraciones en una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Avanzada la noche se dirigió a su departamento, en la misma localidad.

«La presunción de inocencia, ese derecho fundamental que fatalmente volverá a valer para todos, no valió hoy para Lula. Un día triste para la democracia y para Brasil», escribió en su cuenta de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El partido de Lula prometió defender en las calles y ante todas las instancias su candidatura presidencial «hasta las últimas consecuencias».

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se sumó a las críticas: «No es sólo a Lula al que quieren arrestar, sino también el sueño de un país más justo. Jamás lo permitiremos. La lucha continúa».

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, también estuvo entre los primeros en reaccionar a la decisión: «No solo Brasil, el mundo entero te abraza @LulapeloBrasil», escribió en Twitter. «La derecha, ante su incapacidad de ganar democráticamente, eligió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares».

Esas palabras se mezclaban con los festejos de los rivales políticos del hombre que en 2010 dejó el Palacio de Planalto con los mayores niveles de popularidad de la historia moderna.

En Brasilia, sede del tribunal, se lanzaron fuegos artificiales cuando la votación aún no había concluido y en Sao Paulo se escucharon bocinazos celebrando la decisión.

El PSDB del exmandatario Fernando Henrique Cardoso, que perdió las últimas cuatro elecciones que disputó contra el PT, emitió un comunicado firmado por su líder en la Cámara baja, Nilson Leitao: «El expresidente no está por encima de la ley, sino al alcance de ella como todos los brasileños. Una decisión en sentido contrario frustraría a la sociedad y sería un retroceso en el combate a la impunidad».

Candidatura en jaque

Incluso si Lula evitara permanecer encarcelado, su candidatura seguiría en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.

La posibilidad de que llegara a la presidencia un candidato que enfrenta otros seis procesos, por delitos como obstrucción de la justicia y tráfico de influencia, alimentó la polarización que vive Brasil y que ya había conducido en 2016 a la destitución de Dilma Rousseff, sucesora y protegida de Lula, por manipulación de las cuentas públicas. (05/04/2018)

El juicio que el próximo miércoles podría llevar a prisión al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva extremó la polarización del gigante sudamericano y condujo a la presidenta de la corte suprema, Cármen Lúcia, a un inusual pedido por la paz social.

El Supremo Tribunal Federal (STF) dirá el miércoles si acepta un recurso (habeas corpus) presentado por la defensa de Lula (2003-2010) para evitar que empiece a purgar una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero hasta que no haya agotado todas las instancias judiciales.

Si deniega el recurso, nada se interpondrá en principio a un arresto de Lula, de 72 años. De lo contrario, el camino de los tribunales podría extenderse y dejarlo libre durante la campaña para las elecciones de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.

«Vivimos tiempos de intolerancia y de intransigencia contra personas e instituciones. Por eso, este es un tiempo en el que hay que pedir serenidad. Serenidad para que las diferencias ideológicas no sean fuente de desorden social», escribió la jueza Cármen Lúcia en un texto divulgado por su asesoría.

«Los problemas se resuelven garantizando el cumplimiento de la Constitución, papel fundamental conferido al Poder Judicial, que lo viene cumpliendo con rigor», agregó la magistrada, que apoya públicamente la jurisprudencia vigente que permite encarcelar a condenados en segunda instancia, como Lula.

El caso enfrenta a jueces «garantistas» y a defensores de la Operación Lava Jato, vistos como más severos, y partidarios del uso de la prisión preventiva, las delaciones premiadas y el cumplimiento de penas después de una condena en segunda instancia para desvendar una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos.

Y alimenta las divergencias políticas. La semana pasada, la polarización derivó en violencia cuando dos ómnibus de una comitiva proselitista de Lula fueron alcanzados por tres disparos en el sur del país, sin provocar heridos.

El ayuno del fiscal

A medida que se aproxima el 4 de abril, la presión sobre el STF aumenta.

Arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, el propio Lula lanzó un mensaje a los magistrados este lunes desde Rio de Janeiro, donde volvió a defender su inocencia frente a la persecución de las élites de la que afirma ser víctima.

«Quiero que la corte suprema apenas haga justicia. No quiero ningún beneficio personal, solo quiero que haga justicia y señale qué crimen cometí», lanzó durante un acto por la democracia al que también acudieron varios familiares de la concejala asesinada Marielle Franco.

Del otro lado, el ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5.000 integrantes de la justicia para que la corte suprema no modifique su interpretación actual, lo que pondría a Lula tras las rejas.

Dallagnol, que se define como «seguidor de Cristo», anunció además una jornada de rezo y ayuno.

«El miércoles es el día D de la lucha contra la corrupción para Lava Jato. Una derrota significará que la mayor parte de los corruptos de diferentes partidos, en todo el país, jamás serán responsabilizados, ni en Lava Jato ni más allá. El escenario no es bueno. Estaré en ayuno, en oración y apoyando al país», escribió en Twitter el domingo.

Su mensaje generó un torrente de apoyos y cuestionamientos. En simultáneo, diversos grupos de la sociedad civil, muy activos durante el impeachment que derrumbó el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff en 2016, convocaron manifestaciones en todo el país en la víspera de la sesión del máximo tribunal.

«Politización de la justicia»

Lula fue sentenciado por recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la trama de desvíos de la estatal Petrobras. Además, enfrenta otros seis juicios por diversos delitos que incluyen tráfico de influencia y obstrucción de la justicia.

Pese a su delicada situación, el exmandatario es amplio favorito para ganar las elecciones, incluso con la perspectiva de que la justicia electoral debería bloquear su candidatura en agosto -cuando se abra la ventana oficial para inscribir las postulaciones- por tener ya una condena ratificada en segunda instancia.

«Hay una politización de la justicia. El poder judicial se posiciona como un actor que busca sanear la política por una vía externa y eso genera inestabilidad», dijo a la AFP Emerson Cervi, profesor de la Universidad Federal de Paraná (sur).

«La expectativa es que las elecciones consigan señalar un camino, una salida política, no policial, para la crisis brasileña», añadió. (02/04/2018)

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el martes un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.

«Deniego» el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: «La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)», que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.

El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado «sobre la posibilidad» de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.

Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.

«Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones», dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa «todos los días» en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

Espaldarazo a la Lava Jato

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.

La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

En 2016 el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada serán pasibles de ser arrestados. Esa decisión buscó limitar los aplazamientos durante años de las ejecuciones de penas gracias a la multiplicación de recursos.

Fue además un arma esencial de la Operación Lava Jato (Lavadero de Carros)-junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción público-privadas.

Centenas de empresarios y políticos, entre ellos el presidente conservador Michel Temer, sus principales ministros y buena parte de sus aliados, están bajo la mira de la justicia por esa tentacular investigación.

La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante esa corte suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, el partido de Lula), Paulo Pimenta, consideró «urgente» que el STF agende una audiencia para discutir el caso. (06/03/2018)

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó el martes un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación. Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.

«Deniego» el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: «La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)», que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.

El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado «sobre la posibilidad» de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.

Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.

«Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones», dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa «todos los días» en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

Espaldarazo a la Lava Jato

Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.

La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

En 2016 el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada serán pasibles de ser arrestados. Esa decisión buscó limitar los aplazamientos durante años de las ejecuciones de penas gracias a la multiplicación de recursos.

Fue además un arma esencial de la Operación Lava Jato (Lavadero de Carros)-junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción público-privadas.

Centenas de empresarios y políticos, entre ellos el presidente conservador Michel Temer, sus principales ministros y buena parte de sus aliados, están bajo la mira de la justicia por esa tentacular investigación.

La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante esa corte suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda, el partido de Lula), Paulo Pimenta, consideró «urgente» que el STF agende una audiencia para discutir el caso. (06/03/2018)

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prestó declaración el miércoles en Curitiba (sur) durante unas cinco horas ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras, en un juicio que puede abortar sus pretensiones de volver al poder en 2018.

El interrogatorio del exmandatario de izquierda (2003-2010), de 71 años, empezó poco después de las 14.00 locales (17.00 GMT) y concluyó después de las 19.00.

La ciudad de Curitiba vivió una jornada de tensiones, con miles de partidarios de Lula en sus calles y un fuerte despliegue de seguridad.

La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas y su filmación debería liberarse en unas pocas horas.

Los abogados hablarán con la prensa y Lula podría dirigirse a sus partidarios.

Al llegar al tribunal el exsindicalista y cofundador del Partido de los Trabajadores (PT), vestido de traje oscuro y corbata con los colores de Brasil, saludó a los manifestantes, que coreaban: «íLula guerrero del pueblo brasilero!».

La policía vedó el acceso a quienes no tuviesen que ver con el proceso, e incluso a los residentes de esta zona de Curitiba, denominada ya la «capital de la Operación Lava Jato», por el nombre de la investigación que desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

Moro busca determinar si Lula es propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de «ventajas indebidas».

La sentencia debería conocerse en un plazo de 45 a 60 días, aunque algunos analistas apuntan que podría ser en apenas un mes.

El expediente, conocido como el «apartamento de Guarujá», es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan contra Lula por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse a las elecciones de octubre de 2018 si una eventual condena es ratificada en segunda instancia. Este proceso suele demorar un año.

El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una persecución para impedirle volver al poder. Los sondeos dan a Lula ampliamente ganador, aunque también muestran que es uno de los políticos con mayores índices de rechazo.

Polarización

Moro, de 44 años, considerado un ícono de la lucha contra la corrupción, había instado a sus admiradores a permanecer en sus casas para evitar enfrentamientos.

Pero no todos siguieron sus consejos y algunos grupos se manifestaban con un muñeco gigante que figuraba a Lula vestido de presidiario, al grito de «Lula, ladrón, tu lugar es la prisión».

«Hoy es un día importantísimo, porque una personalidad de la importancia de un expresidente está aquí como acusado y no como invitado», afirmó Marli Resende, una profesora jubilada, de 59 años.

El presidente conservador Michel Temer, acusado de «golpista» por el PT, llamó el miércoles a superar la polarización del país, en recesión desde hace dos años y con un índice récord de desempleo de 13,7%, o 14,2 millones de desocupados).

Los brasileños tienen que «eliminar cierta rabia», dijo Temer en Brasilia. «Necesitamos pacificar el país. Necesitamos tener más tranquilidad. No podemos permanecer en nuestra posición de permanente enfrentamiento entre brasileños», declaró, sin referirse expresamente al proceso de su predecesor, que durante años fue también su aliado.

La batalla entre sus partidarios y adversarios arreciaba en las redes sociales, a través de las etiquetas «#LulaEuConfio» (Confío en Lula) y «#MoroOrgulhoBrasileiro» (Moro, orgullo de Brasil).

En el primero de ellos se expresó Dilma Rousseff, su heredera política, destituida en 2016 bajo la acusación de manipular las cuentas públicas, que viajó a Curitiba para arropar a su mentor.

«Ya estoy en Curitiba para expresar mi solidaridad total al presidente Lula (…). La verdad se impondrá», tuiteó la expresidenta.

«Para mí, (Lula) es inocente. Si hubiese algo concreto en su contra, ya estaría preso. Lo que aquí se plantea es una lucha de clases», dijo a la AFP Gerson Castellano, un militante sindical del sector petrolero de 50 años.

La fiscalía acusa a Lula de haber recibido 3,7 millones de reales (1,16 millones de dólares al cambio actual) de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá y el costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016. (10/05/2017)