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Saturday 25 May 2024 | Actualizado a 19:06 PM

Fiscal venezolana desafía a Nicolás Maduro: ‘Me mantendré en mi cargo’

"Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (...) Me han tratado como si hubiera cometido un delito", dijo este martes Luisa Ortega.

/ 12 de julio de 2017 / 00:40

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, advirtió que se mantendrá en el cargo aun si la máxima corte la destituye como parte de un juicio planteado por el oficialismo.

«Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia (…) Me han tratado como si hubiera cometido un delito», dijo este martes Ortega en una entrevista a la emisora argentina Radio Con Vos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, anunciará a más tardar el miércoles su decisión, luego de la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo la señaló de mentir en afirmaciones contra los magistrados.

«Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, puede pasar cualquier cosa», agregó Ortega.

Luego, la fiscal descartó someterse a un juicio «que no esté contemplado en la ley», con unos jueces que -aseguró- no son sus «jueces naturales».

«Ese antejuicio perdió toda formalidad. Empezó como un antejuicio por faltas graves y terminó como una persecución penal, con la congelación de bienes o la prohibición de salida del país», señaló en entrevista a Unión Radio.

El mismo día de la audiencia en su contra, el 4 de julio, el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, polémica abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo cargos de violación de derechos humanos.

Ortega rompió con el gobierno en medio de una convulsión social y política por las protestas opositoras, que dejan 93 muertos desde el 1 de abril y que exigen la salida de Maduro.

Su suerte será decidida en una semana de intensa movilización de la oposición y el oficialismo en contra y a favor de una Asamblea Constituyente convocada por Maduro, y que la fiscal rechaza por considerarla violatoria de la democracia.

Plebiscito y Constituyente

El gobierno realiza esta semana actos de campaña para promocionar a sus candidatos de cara a la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indeterminado y que según la oposición busca imponer un «régimen al estilo Cuba».

Ortega dijo que desea convertirse en un «factor de diálogo» entre gobierno y oposición. «Ojalá pudiera tener una reunión franca con el presidente, también (con el presidente del TSJ, Maikel Moreno) y con la oposición», acotó.

«A los traidores no los quiere nadie, no sé cómo pueden dormir pensando que a los que te ayudaron le das una puñalada por la espalda», dijo Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, aludiendo a la fiscal y a chavistas críticos.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) organizó un plebiscito simbólico para el próximo domingo, confiada en mostrar un rechazo masivo a la Constituyente, con la que, asegura, Maduro busca perpetuarse en el poder.

El diputado oficialista Pedro Carreño, quien solicitó el antejuicio contra Ortega, presentó el lunes un recurso de nulidad del plebiscito, porque se hará sin el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de oficialista.

«Ese plebiscito sólo tiene la intención de echar a andar un plan golpista. Es inconstitucional», aseveró el diputado.

Guerra abierta

Para Ortega, abogada de 59 años, la decisión de la corte está «cantada» y rechazó asistir a la audiencia por considerar «ilegítimos» a los magistrados, nombrados por el anterior Parlamento chavista.

La fiscal aceleró una serie de imputaciones y resoluciones contra funcionarios civiles y militares, atizando el enfrentamiento con el gobierno.

Asimismo, este martes anunció que en los próximos días citará para imputar a «varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado» en favor de varias empresas y que «recibieron comisiones» por obras de la constructora brasileña Odebrecht que «nunca se concluyeron».

El Parlamento, de mayoría opositora, tenía previsto debatir la tarde de este martes sobre el proceso de destitución contra la funcionaria, a quien respalda, pero su directiva suspendió la sesión al denunciar «restricciones» de la militarizada Guardia Nacional.

Ésta iba a ser la primera sesión del Congreso tras la violenta irrupción, el pasado miércoles, de un grupo de chavistas que hirió a siete diputados, según ellos con la complicidad de la Guardia Nacional.

La Fiscalía imputó el lunes por presunta violación de derechos humanos al jefe militar responsable de la seguridad de la cámara, coronel Bladimir Lugo, a quien citó para el jueves.

También abrió una investigación contra 43 militares por supuestamente haber «despojado» de sus pertenencias a manifestantes en protestas, y citó a dos empresarios cercanos al gobierno por supuestos «sobreprecios» en la compra de suministros para la petrolera estatal PDVSA. (11/07/2017)

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Ortega, reelegido sin sorpresas en Nicaragua, enfrenta amenaza de sanciones

Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

/ 8 de noviembre de 2021 / 21:53

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrenta este lunes amenazas de nuevas sanciones de Estados Unidos y críticas de la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos, tras ganar sin sorpresas un cuarto mandato consecutivo en unas elecciones celebradas con siete aspirantes opositores detenidos.

Ortega, quien llegó al poder por las urnas en 2007, fue reelegido con un 75,92% de los votos tras el escrutinio del 97,74% de las mesas, según un reciente reporte del Consejo Supremo Electoral (CSE).

«Recibimos estos votos con humildad y con sentido enorme de responsabilidad», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que estas elecciones, donde no se autorizó el ingreso de observadores de la OEA o la UE, fueron «soberanas».

Las reacciones no se hicieron esperar. Incluso apenas cerradas las urnas, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó los comicios de «farsa», y la UE aseguró que «carecen de legitimidad». El gobierno español, en particular, tildó el proceso de «burla».

Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años, asumirá otros cinco años como presidente a partir del 10 de enero, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), junto a su poderosa esposa Rosario Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.

El exguerrillero sandinista, quien también gobernó el país en los años 1980 luego de ayudar al FSLN a derrocar en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno, que en total obtuvieron el restante 25% de los votos.

Tras 14 años en el poder, Ortega es acusado por sus críticos y opositores de «nepotismo» y de instaurar una dictadura. Pero él asegura que su gobierno es del «pueblo» .

Los comicios «completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático», dijo la UE en un comunicado. «Fue una elección solo de nombre», estimó el Reino Unido.

Ortega, que acusa al «imperio» y a la UE de «injerencia» e «irrespeto a la soberanía» de su país, recibió la felicitación de sus aliados de Venezuela, Cuba, Bolivia y Rusia, que condenó la postura de Washington y consideró los comicios «en pleno respeto» de la ley.

En Latinoamérica, Costa Rica, vecino de Nicaragua y que da refugio a decenas de miles de exiliados nicaragüenses, desconoció las elecciones, al igual que Chile.

Los comicios también designaron a 90 diputado, de los que el FSLN, obtuvo 75, nueve el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y seis para otros cuatro agrupaciones.

Oposición acorralada

Los comicios se celebraron tres años y medio después de las protestas de 2018 que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados, sumiendo al país centroamericano de 6,5 millones de habitantes en una profunda crisis política.

Desde junio fueron ilegalizados tres partidos y detenidos 39 activistas sociales, políticos, empresarios y periodistas -entre ellos siete aspirantes presidenciales-, sumándose a unos 120 opositores que siguen presos desde 2018.

El gobierno «ha perdido una buena parte de su base social» y, por lo tanto, de «poder real», por lo que «recurre a una creciente represión» para evitar su «implosión», afirmó el sociólogo Oscar René Vargas.

«La integridad del proceso electoral fue aplastada» por el encarcelamiento, «hostigamiento» e «intimidación» de opositores, señaló el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a nombre de los 27 países del bloque.

En virtud de leyes aprobadas a fines de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, de promover sanciones internacionales, de «traición a la patria» y «lavado de dinero». El domingo, Ortega acusó a los opositores de conspirar contra la «paz» del país, al tiempo que los tildó de «terroristas».

Los opositores habían llamado a la abstención. El CSE dijo que hubo un 65,23% la participación, aunque el observatorio independiente Urnas Abiertas, que denunció el «hostigamiento a trabajadores del Estado» para forzarlos a votar, aseguró que la abstención habría alcanzado un 81,5%. Estos datos no se han podido verificar.

Sanciones y aislamiento

Tras los arrestos de los opositores, Estados Unidos y la UE impusieron sanciones al círculo íntimo de Ortega.

Biden se apresta a firmar un arsenal de medidas bajo la ley RENACER -aprobada por el Congreso la semana pasada-, para aumentar la presión sobre el gobierno.

La situación en Nicaragua se debatirá esta semana en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que podría suspender al país del bloque regional, aunque expertos creen que el aislamiento empeorará la situación y disparará aún más la migración.

«La liberación de todos los presos políticos tiene que ser prioridad», escribió el lunes en Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El nuevo mandato de Ortega y Murillo «vaticina la perpetuación» de la «estrategia represiva contra voces críticas» y «la continuidad de la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz», dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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Ortega rumbo a una segura reelección, con opositores presos y exiliados

En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores

/ 4 de noviembre de 2021 / 18:40

Ninguna sorpresa. Nicaragua celebrará el domingo unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, bajo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.

Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama «copresidenta», a la cabeza del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

En las calles nadie lo duda. Ortega se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.

La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. «No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa», dijo a AFP una mujer de 46 años en su casa en Masaya (sur). Pidió anonimato: «No se puede hablar, vas preso», afirmó.

Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar -también elegirán 90 diputados-, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN.

De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario.

Los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, «traición a la patria» o «lavado de dinero», conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.

Más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son políticos, sino «golpistas» patrocinados por Washington.

Arsenal de sanciones

La oleada de arrestos tensó las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) -que sancionaron a familiares y allegados de Ortega-, pero también con gobiernos progresistas como México y Argentina.

El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley «Renacer», un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones «libres».

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que las elecciones serán «ilegítimas» y según la CIDH solo buscan «la perpetuación en el poder en forma indefinida».

Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de «injerencia»: «Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender».

El gobierno asegura que con «paz» llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar un diálogo tras los comicios.

Para el analista Eliseo Núñez, el diálogo es «estrategia para buscar la legitimidad que no ganó en las urnas» y la experta en gobernabilidad, Elvira Cuadra, augura con el aislamiento un deterioro social y más emigración. Ambos están exiliados.

El politólogo costarricense Kevin Casas opinó que, «igual que con Venezuela», difícilmente la comunidad internacional podrá maniobrar para cambiar -dijo- la «autocracia» que ha construido Ortega desde que volvió al poder en 2007, instaurando la reelección indefinida.

Polarización

El exguerrillero ya había gobernado en los años 1980 tras ayudar a derrocar al dictador Anastasio Somoza. Sus opositores lo acusan de convertirse en lo mismo, mientras él llama a su gobierno «Pueblo-presidente».

«El comandante se preocupa por el pueblo porque andábamos como sardinas en chunches viejos (buses)», dijo a AFP Jorge García, empleado público de 47 años, celebrando la puesta en circulación de autobuses rusos.

Mientras el gobierno multiplica la inauguración de puentes y carreteras, la oposición, desde el exilio, descabezada y fragmentada, pide a los nicaragüenses «quedarse en casa». En San José, Miami, Madrid y otras ciudades harán protestas el domingo.

«Por quienes queríamos votar están presos, entonces ¿para qué ir? Esto es una dictadura», dijo a la AFP Cipriano Góngora, de 70 años, quien tuvo a su hijo preso por ayudar como enfermero a manifestantes en 2018.

Afectados por la pandemia, el costo de vida, el desempleo y la crisis política, los nicaragüenses muestran apatía electoral. «Aquí la pobreza reina (…) Si no trabajo no como», dijo a AFP Eduardo González, de 76 años, vendedor de espejos ambulante en Masaya.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, hay un «Estado policial» para el «control social de la población» y la «represión de opositores».

Decenas de periodistas nicaragüenses trabajan desde Costa Rica y varios medios internacionales denunciaron que les negaron ingresar al país.

Más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las 13.00 GMT y cerrarán 11 horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo «acompañantes invitados». El resultado se sabrá la misma noche.

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Guaidó y Maduro se alistan para el duelo del sábado por la ayuda humanitaria

Guaidó anunció que brigadas de voluntarios irán por la ayuda a varios puntos en los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira -los dos principales puertos del país.

/ 20 de febrero de 2019 / 23:10

El presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó afinaban este miércoles estrategias de cara al duelo del sábado por la ayuda humanitaria: dos conciertos a 300 metros en el límite con Colombia, manifestaciones en toda Venezuela y el control de las fronteras.

Guaidó anunció que brigadas de voluntarios irán por la ayuda a varios puntos en los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira -los dos principales puertos del país.

«Por mar y por tierra… Debemos abrir el canal humanitario sí o sí», aseguró Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, ante transportistas que le ofrecieron apoyo para las caravanas que irán por las medicinas y alimentos.

Pero el gobierno ordenó la suspensión de los zarpes en todos los puertos del país y ordenó además el cese de los vuelos privados y comerciales -además del cierre marítimo- con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde también se acopia ayuda.

«Es un show que lo único que procura y pretende es la intervención (militar) de Venezuela», declaró la vicepresidente Delcy Rodríguez, al anunciar el cierre de fronteras con Curazao.

Guaidó, también jefe legislativo, convocó a manifestaciones para acompañar las caravanas y una movilización a las guarniciones militares. El gobierno, igualmente, llamó a sus seguidores a marchar.

«A pesar de que nos apunten con armas (….) no nos da miedo, con el pecho descubierto seguimos en la calle, exigiendo por la libertad de toda la Venezuela», dijo Guaidó, a quien este miércoles el presidente brasileño Jair Bolsonaro le garantizó en Twitter que la ayuda será puesta a su disposición.

Conciertos pro-Guaidó y pro-Maduro

Un día antes del día «D» se hará en Cúcuta, en un extremo del puente binacional Tienditas, el concierto «Venezuela Aid Live» para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, organizado por el multimillonario Richard Branson y al que acudirán los presidentes colombiano, Iván Duque, y chileno, Sebastián Piñera.

En contrapartida, el gobierno anunció conciertos el jueves, viernes y sábado, en el otro extremo del mismo puente, bloqueado por militares venezolanos con camiones de contenedores, y que comunica a Cúcuta con Ureña, en Táchira.

«Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos (…) Nosotros defenderemos nuestro territorio», dijo este miércoles a la prensa el dirigente chavista Darío Vivas a la entrada del puente.

Una multitud es esperada para el concierto en Cúcuta, que contará con artistas de la talla de los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra, los colombianos Carlos Vives y Juanes, y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Aún no se anunciaban los participantes del concierto chavista, llamado ‘Hands off Venezuela’ (Manos fuera de Venezuela) y que inicialmente se realizaría en el puente Simón Bolívar, principal paso peatonal binacional que comunica a San Antonio de Táchira -a 15 km de Ureña- con Cúcuta.

«No descartamos nada»

Pero la gran incógnita es cómo pasarán la carga si Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, ha rechazado la ayuda por considerarla una «limosna» y la puerta a una invasión militar estadounidense.

«Señores de la Fuerza Armada tienen tres días para ponerse de lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas», aseguró Guaidó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una acción armada en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que «lo perderán todo».

Altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia aumentaron la presión este miércoles sobre los militares venezolanos en un encuentro en Miami en el que les pidieron «hacer lo correcto» y permitir el ingreso de ayuda humanitaria el sábado a su país.

«Cada día esto es más arrecho (duro), todo más caro. Tienen que dejar entrar la ayuda. Hay mucha gente muriéndose, por que no consigue medicina», dijo Richard Quintero, de 19 años, en el puente Simón Bolívar.

Angustiados por la escasez y la voraz hiperinflación, todos los días pasan cientos de venezolanos también por algunos de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con Cúcuta.

«No descartamos absolutamente nada», dijo Guaidó, al ser consultado si la ayuda puede pasar por esos caminos.

«Control de daños»

Por la frontera con Colombia «entra y sale todos los días mercadería por las narices de las autoridades de los dos países, por la montaña, por la trocha, por el río. No hay forma de controlar a esa gente si lleva una bolsa de ayuda humanitaria», aseguró el analista Luis Vicente León.

Maduro, que también enviará a Cúcuta alimentos y atención médica gratuita, anunció que este miércoles llegan 300 toneladas de medicinas compradas a los rusos, tras las 933 toneladas que ingresaron la semana pasada, vendidas por China, Rusia y Cuba.

«Es un «damage control» (control de daños). El gobierno no tiene como ganar esta partida, está buscando minimizar los daños», opinó León.

Amnistía Internacional llamó este miércoles a Maduro a reconocer la grave crisis socioeconómica y permitir la ayuda humanitaria.

Guaidó, quien dice esperar que los brigadistas sean un millón, fijó para el ingreso de la ayuda el día en que cumple un mes de haberse autoproclamado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro «usurpador». (20/02/2019)

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Guaidó y Maduro se alistan para el duelo del sábado por la ayuda humanitaria

Guaidó anunció que brigadas de voluntarios irán por la ayuda a varios puntos en los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira -los dos principales puertos del país.

/ 20 de febrero de 2019 / 23:10

El presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó afinaban este miércoles estrategias de cara al duelo del sábado por la ayuda humanitaria: dos conciertos a 300 metros en el límite con Colombia, manifestaciones en toda Venezuela y el control de las fronteras.

Guaidó anunció que brigadas de voluntarios irán por la ayuda a varios puntos en los estados Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira -los dos principales puertos del país.

«Por mar y por tierra… Debemos abrir el canal humanitario sí o sí», aseguró Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, ante transportistas que le ofrecieron apoyo para las caravanas que irán por las medicinas y alimentos.

Pero el gobierno ordenó la suspensión de los zarpes en todos los puertos del país y ordenó además el cese de los vuelos privados y comerciales -además del cierre marítimo- con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde también se acopia ayuda.

«Es un show que lo único que procura y pretende es la intervención (militar) de Venezuela», declaró la vicepresidente Delcy Rodríguez, al anunciar el cierre de fronteras con Curazao.

Guaidó, también jefe legislativo, convocó a manifestaciones para acompañar las caravanas y una movilización a las guarniciones militares. El gobierno, igualmente, llamó a sus seguidores a marchar.

«A pesar de que nos apunten con armas (….) no nos da miedo, con el pecho descubierto seguimos en la calle, exigiendo por la libertad de toda la Venezuela», dijo Guaidó, a quien este miércoles el presidente brasileño Jair Bolsonaro le garantizó en Twitter que la ayuda será puesta a su disposición.

Conciertos pro-Guaidó y pro-Maduro

Un día antes del día «D» se hará en Cúcuta, en un extremo del puente binacional Tienditas, el concierto «Venezuela Aid Live» para recaudar 100 millones de dólares de ayuda, organizado por el multimillonario Richard Branson y al que acudirán los presidentes colombiano, Iván Duque, y chileno, Sebastián Piñera.

En contrapartida, el gobierno anunció conciertos el jueves, viernes y sábado, en el otro extremo del mismo puente, bloqueado por militares venezolanos con camiones de contenedores, y que comunica a Cúcuta con Ureña, en Táchira.

«Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos (…) Nosotros defenderemos nuestro territorio», dijo este miércoles a la prensa el dirigente chavista Darío Vivas a la entrada del puente.

Una multitud es esperada para el concierto en Cúcuta, que contará con artistas de la talla de los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra, los colombianos Carlos Vives y Juanes, y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Aún no se anunciaban los participantes del concierto chavista, llamado ‘Hands off Venezuela’ (Manos fuera de Venezuela) y que inicialmente se realizaría en el puente Simón Bolívar, principal paso peatonal binacional que comunica a San Antonio de Táchira -a 15 km de Ureña- con Cúcuta.

«No descartamos nada»

Pero la gran incógnita es cómo pasarán la carga si Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, ha rechazado la ayuda por considerarla una «limosna» y la puerta a una invasión militar estadounidense.

«Señores de la Fuerza Armada tienen tres días para ponerse de lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas», aseguró Guaidó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una acción armada en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que «lo perderán todo».

Altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia aumentaron la presión este miércoles sobre los militares venezolanos en un encuentro en Miami en el que les pidieron «hacer lo correcto» y permitir el ingreso de ayuda humanitaria el sábado a su país.

«Cada día esto es más arrecho (duro), todo más caro. Tienen que dejar entrar la ayuda. Hay mucha gente muriéndose, por que no consigue medicina», dijo Richard Quintero, de 19 años, en el puente Simón Bolívar.

Angustiados por la escasez y la voraz hiperinflación, todos los días pasan cientos de venezolanos también por algunos de los 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, conectan Venezuela con Cúcuta.

«No descartamos absolutamente nada», dijo Guaidó, al ser consultado si la ayuda puede pasar por esos caminos.

«Control de daños»

Por la frontera con Colombia «entra y sale todos los días mercadería por las narices de las autoridades de los dos países, por la montaña, por la trocha, por el río. No hay forma de controlar a esa gente si lleva una bolsa de ayuda humanitaria», aseguró el analista Luis Vicente León.

Maduro, que también enviará a Cúcuta alimentos y atención médica gratuita, anunció que este miércoles llegan 300 toneladas de medicinas compradas a los rusos, tras las 933 toneladas que ingresaron la semana pasada, vendidas por China, Rusia y Cuba.

«Es un «damage control» (control de daños). El gobierno no tiene como ganar esta partida, está buscando minimizar los daños», opinó León.

Amnistía Internacional llamó este miércoles a Maduro a reconocer la grave crisis socioeconómica y permitir la ayuda humanitaria.

Guaidó, quien dice esperar que los brigadistas sean un millón, fijó para el ingreso de la ayuda el día en que cumple un mes de haberse autoproclamado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro «usurpador». (20/02/2019)

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Maduro contraataca ante ofensiva de Guaidó por el control de PDVSA

PDVSA, otrora una de las cinco mayores petroleras del mundo, está colapsada por la caída de su producción (1,1 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años), la corrupción, el default, la falta de inversiones y las sanciones estadounidenses.

/ 15 de febrero de 2019 / 01:53

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldado por unos 50 países en la ONU, recibió apoyo de la justicia -de línea oficialista- para contrarrestar la ofensiva de Juan Guaidó por el control de la estatal petrolera PDVSA.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó un proceso de «enjuiciamiento penal» contra 15 ejecutivos que el Parlamento, presidido por Guaidó, nombró el miércoles para formar cuatro nuevas juntas administradoras ad hoc en PDVSA y sus filiales en Estados Unidos.

Reconocido también por 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó, de 35 años, celebró los nombramientos como «un paso adelante en la reconstrucción de PDVSA».

El Congreso de mayoría opositora nombró en Citgo Petroleo Corporation, filial de PDVSA en Estados Unidos, a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Édgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. Además, a las juntas directivas de PDVSA, de PDV Holding Inc y Citgo Holding Inc.

El TSJ consideró que todos fueron nombrados por un Legislativo en desacato, cuyas decisiones son «nulas», y que los designados incurren en delitos de «usurpación», «corrupción», «delincuencia organizada» y «terrorismo».

La resolución del TSJ dispuso el inicio de los trámites para el traslado a Venezuela de los acusados, la mayoría de los cuales están en Estados Unidos, al tiempo que ordenó congelar sus cuentas.

Colapso petrolero

Las designaciones del Legislativo buscan inhabilitar a las directivas designadas por el gobierno de Maduro, pero de momento se desconoce cómo operarán las empresas con esa situación.

El anuncio del TSJ se produjo apenas horas después que la fiscalía abriera una investigación a los nuevos directivos de PDVSA y Citgo, que incluye además a embajadores designados por Guaidó en una decena de países.

Maduro había advertido que quienes aceptaran nombramientos «ilegales» iban a enfrentarse a la justicia.

PDVSA, otrora una de las cinco mayores petroleras del mundo, está colapsada por la caída de su producción (1,1 millones de barriles diarios, la más baja en 30 años), la corrupción, el default, la falta de inversiones y las sanciones estadounidenses.

Estados Unidos congeló cuentas y activos venezolanos -cuyo control entregó a Guaidó-, y desde el 28 de abril embargará la vital exportación de crudo venezolano a su mercado. Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por el «bloqueo estadounidense».

La petrolera, que financia 96% del presupuesto del país, exporta a Estados Unidos cerca de la mitad de su producción, lo que representa 75% de su flujo de caja.

Pero, según la agencia estadounidense de Energía (EIA), las compras de crudo venezolano totalizaron 117.000 barriles por día la semana pasada, cinco veces menos que los 587.000 de la semana cerrada el 25 de enero.

«La ayuda entra sí o sí»

La ONU está dividida entre la cincuentena de países que apoyan Guaidó y los que apoyan a Maduro.

El gobierno venezolano anunció el jueves en Nueva York la creación de un grupo de unos 50 países como Rusia, China e Irán para defender la Carta de las Naciones Unidas ante la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos.

Maduro sostiene que Venezuela es centro de una lucha geopolítica, en la que Washington busca apropiarse de su petróleo usando a Guaidó como «títere».

Estados Unidos envió ayuda humanitaria para los venezolanos a la frontera con Colombia, pero el gobierno socialista la rechaza al considerarla la vía a una intervención.

«La ayuda humanitaria entra sí o sí, la usurpación cesa sí o sí, porque hay un pueblo decidido», aseguró este jueves Guaidó en un encuentro con trabajadores.

Guaidó asegura que esa asistencia ingresará el 23 de febrero, cuando cumplirá un mes de haberse autojuramentado luego de que el Parlamento declarara a Maduro «usurpador» al denunciar su reelección como «fraudulenta».

Delegados de Guaidó anunciaron el jueves en la sede de la OEA haber recaudado más de 100 millones de dólares en ayuda para su país en las últimas tres semanas.

Por otra parte, el multimillonario británico Richard Branson organiza un concierto para el 22 de febrero en Cúcuta, con artistas internacionales, con el que espera recaudar otros 100 millones de dólares.

El sitio del evento anuncia artistas como el venezolano Nacho, el español Alejandro Sanz, los intérpretes colombianos Carlos Vives y Juanes, la brasileña Anita, el español Miguel Bosse y el británico Peter Gabriel.

El gobierno anunció a la vez la llegada de cerca de 1.000 toneladas de medicinas e insumos médicos provenientes de Cuba y China, tras lo que Guaidó acusó a Maduro de mentir sobre un «bloqueo».

El 25 de febrero se reunirá en Bogotá el Grupo de Lima (Canadá y 13 países de Latinoamérica) para dar su apoyo al opositor.

El país con las mayores reservas petroleras vive la peor crisis de su historia reciente, que ha provocado el éxodo de unos 2,3 millones de venezolanos desde 2015, según la ONU. (14/02/2019)

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