Los ecos de las decisiones que hasta los minutos finales adoptó la socialista Michelle Bachelet resuenan aún en Chile, a tres días de dejar el poder, eclipsando la instalación del conservador Sebastián Piñera y la valoración final de los cuatro años de gobierno.
La decisión de cerrar o no Punta Peuco -la cárcel especial ubicada en las afueras de Santiago en la que cumplen condena una decena de represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- tensionó al gobierno de Bachelet hasta los últimos minutos.
Los detalles de las gestiones -incluso en conversaciones que sostuvo la propia Bachelet en el momento de tomarse la última foto oficial con su gabinete en el palacio de La Moneda- dan cuenta de la «guerra interna» que enfrentó hasta el final. La versión de parte de cercanos a Bachelet afirma que, honrando un compromiso que selló hace año y medio con una de las víctimas de la dictadura, Bachelet resolvió cerrar el penal pero su ministro de Justicia, Jaime Campos, se habría negado a firmar el decreto que materializaba la medida.
Pero el propio Campos salió a desmentir esa versión.
«Habiendo tenido cuatro años para legislar o para regular esta materia, no lo podíamos hacer (a última hora)», explicó a medios locales el exministro, endosándole la responsabilidad completa a la mandataria, que mantuvo la expectativa sobre este tema hasta minutos antes de entregarle la banda presidencial de Piñera.
De fiscal a notario
El entrevero por la cárcel se suma a la designación -también a última hora- del juez que investigó en el inicio el caso de corrupción que involucra al hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su nuera, como notario, un cargo muy codiciado por su retribución económica.
El fiscal Luis Toledo abrió un juicio en contra de Natalia Compagnon pero no así sobre el hijo de Bachelet. Inicialmente, no había obtenido el cargo pero por «orden superior» -según relató el ministro Campos- se revirtió la decisión inicial y se lo nombró en el puesto, volviendo a instalar un manto de dudas sobre los alcances del caso de corrupción que marcó al gobierno de Bachelet y desplomó su popularidad.
«¿Tenía que extenderse la muy larga sombra de ese infortunio hasta los ultísimos días del gobierno?», se cuestionó el destacado columnista Ascanio Cavallo.
Y aunque una vez que asumió Piñera el exfiscal renunció al cargo, el episodio dejó la duda sobre cuál es el «favor» que eventualmente Bachelet le estaría devolviendo a Toledo, según Cavallo.
En su última semana, Bachelet anunció, además, una propuesta de cambio a la Constitución que había comprometido en su programa, cuyo texto se conoció solo después de su ingreso al Congreso y que incluye, entre otras modificaciones, un cambio en la edad para postularse la Presidencia, de 36 a 40 años, lo que postergaría las ambiciones de los antiguo líderes estudiantiles se plantearon como oposición a su gobierno.
También, cumpliendo su advertencia de que gobernaría «hasta el final» aceleró la tramitación legislativa de un proyecto de ley sobre identidad de género, con impulso de la obtención del Oscar por parte la película chilena «Una mujer fantástica», protagonizada por la actriz transexual Daniela Verga.
«Es parte de su estrategia de final de mandato. Eclipsar lo que el gobierno de Piñera quería instalar en el arranque», a costa incluso del deterioro de la imagen interna de Bachelet, que dejó su segundo gobierno con la mitad de lo que lo hizo en su primera gestión (2006-2010), dice a la AFP el analista Guillermo Holzmann.
Pero para Bachelet el balance del cierre eso otro: «Me voy con la satisfacción del deber cumplido», afirmó la mandataria, que en sus cuatro años dejó instalada la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes, cambió la matriz energética de Chile y dio pasos gigantescos en la protección medioambiental.
(14/03/2018)