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martes 13 abr 2021 | Actualizado a 04:35

Suicidio, cárcel, escándalos… el trágico destino de los presidentes de Brasil

Los presidentes de Brasil viven en un increíble palacio, disponen de grandes reservas petroleras, gobiernan un país con 209 millones de habitantes, con la mayor selva del mundo y, posiblemente, también con la mejor selección de fútbol... pero, por alguna razón, las cosas acaban torciéndose.

/ 9 de abril de 2018 / 12:59

Suicidio, golpe de estado, impeachment, escándalo o prisión: si eres elegido presidente en Brasil tienes prácticamente garantizado un trágico destino.

El encarcelamiento el sábado en Curitiba de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a más de 12 años de prisión por corrupción, cayó como una bomba.   No solo porque el expresidente (2003-2010) dejó el cargo como uno de los gobernantes más populares del planeta, sino porque también lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre.

Pero, si se mira desde otra óptica, la vertiginosa caída de Lula fue ‘business as usual’.

Los presidentes de Brasil viven en un increíble palacio diseñado por Oscar Niemeyer, disponen de grandes reservas petroleras, gobiernan un país con 209 millones de habitantes, con la mayor selva del mundo y, posiblemente, también con la mejor selección de fútbol… pero, por alguna razón, las cosas acaban torciéndose.

Al menos, Lula culminó sus dos mandatos.   Su sucesora Dilma Rousseff, a la que ayudó a ganar en 2010, fue destituida por el Congreso acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2016, a mediados de su segundo mandato.

  • Dilma Rousseff y Lula da Silva en una fotografía tomada el día en el que el expresidente ingresó a prisión. Foto: EFE

Quien tomó la banda presidencial verde y amarilla fue su vicepresidente, Michel Temer, quien cuenta con una popularidad del 5%.

El mandatario se mantiene en pie pese a que su futuro es incierto: el año pasado, fue denunciado dos veces por corrupción, convirtiéndose en el primer presidente de Brasil en ejercicio en ser señalado de un crimen común. Por el momento, está protegido por la inmunidad presidencial.

Si viajamos un poco hacia atrás, hasta 1992, toparemos con Fernando Collor de Mello. Él también sufrió un impeachment acusado de corrupción y dejó el cargo tras dos años de mandato.

Los fiscales están ahora acusándole nuevamente y en 2015 confiscaron su espectacular colección de carros de lujo.

Y solo como muestra, otro de los cinco expresidentes vivos del país, Jose Sarney (1985-1990), también es investigado por corrupción.   Sarney llegó a la presidencia como compañero de fórmula de Tancredo Neves, que ganó la primera elección democrática tras la dictadura iniciada en 1964, pero murió antes de tomar posesión.

Tragedia

«Hacer política es una operación de riesgo», decía Angela Alonso en su columna del domingo en el diario Folha de S.Paulo. «En Brasil, hay riesgo de perder la elección, tu libertad (la prisión está en boga) y tu vida».

Eso era especialmente cierto para el presidente Joao Goulart, popularmente conocido como Jango.

Se convirtió en presidente en 1961 después de la renuncia de Janio Quadros, que apenas duró medio año en el puesto. Luego, en 1964, Goulart sufrió un golpe de estado que instauró una dictadura de dos décadas.

  • El expresidente de Brasil Joao Goulart. Foto: claudemirpereira.com.br

Pasó el resto de su vida en el exilio y murió en Argentina en 1976 oficialmente de un ataque al corazón, aunque hay versiones de que fue envenenado.

Pero el caso más trágico de los presidentes de Brasil fue, sin duda, el de Getulio Vargas. El populista gobernó el país en dos periodos entre los años 1930 y 1950 haciendo grandes esfuerzos por transformarlo hacia su industria energética.

El 24 de agosto de 1954 se disparó en el corazón con un revólver dentro del palacio presidencial, dejando una nota al pueblo brasileño: «Les di mi vida, ahora les ofrezco mi muerte».

Cuestión de democracia

Si uno escarba en la historia brasileña, no mejora mucho la situación. De hecho, el primer presidente del país fundó la República con un golpe de estado en 1889, acabando con el Imperio de Brasil.

Mauricio Santoro, profesor de ciencia política de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ), considera que la triste vida de los presidentes refleja problemas profundos con respecto a la democracia brasileña.

«La democracia de hoy es más amplia que antes, pero sigue marcada por la inestabilidad», afirma. «Eso dificulta que los presidentes puedan desarrollar políticas a largo plazo», considera.

La buena noticia es que la campaña anticorrupción que ha colocado en problemas a tantos políticos brasileños refleja la creciente madurez del país.   «La diferencia es que tenemos un poder judicial que tiene una cierta autonomía, sobre todo en los escalones más bajos, con una capacidad grande de investigación», afirma Santoro.   «La sociedad cambió mucho más rápido que el propio sistema político», remata.

Los brasileños estarían cada vez más listos para elegir presidentes estables y honestos.   ¿Podría ser eso posible en octubre próximo?  «A juzgar por los actuales candidatos presidenciales, temo que aún va a tomar un poco más de tiempo», lamenta el analista. (09/04/2018)

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Merkel toma las riendas frente a las regiones en gestión del COVID-19 en Alemania

Hasta ahora las medidas para luchar contra el coronavirus eran responsabilidad no solo del gobierno, sino también de las regiones, competentes en el ámbito sanitario en virtud del federalismo alemán.

La canciller de Alemania, Angela Merkel.

Por AFP

/ 13 de abril de 2021 / 02:31

El gobierno de Angela Merkel prevé endurecer este martes la ley de protección contra las infecciones, lo cual le otorgará más poder frente a las regiones alemanas en la lucha contra la pandemia tras los fracasos de las últimas semanas.

El texto, respaldado por los conservadores y su aliado socialdemócrata, tiene como objetivo imponer restricciones en todo el territorio, siempre que la tasa de incidencia de la epidemia sea alta.

«Estamos en una situación dramática (…) Se trata de salvar vidas», afirmó el jefe del grupo parlamentario conservador Ralph Brinkhaus en la televisión pública ARD. Hay que «tirar ahora del ‘freno de emergencia'», un dispositivo que activa reglas obligatorias cuando se alcanza un umbral de infección.

Hasta ahora las medidas para luchar contra el coronavirus eran responsabilidad no solo del gobierno, sino también de las regiones, competentes en el ámbito sanitario en virtud del federalismo alemán.

Pero estas últimas han actuado más o menos a su antojo: algunas aplicaban las medidas y otras las ignoraban a pesar de que se habían decidido con su visto bueno en reuniones maratónicas con Merkel.

De resultas de ello las reglas varían de un lugar a otro y la confusión aumenta.

Esto, junto con la lentitud de la campaña de vacunación, ha provocado una pérdida de confianza en la capacidad de las autoridades para manejar la crisis, cuando faltan menos de seis meses para las elecciones legislativas.

La ola «más dura»

Merkel lleva meses intentando convencer a algunos líderes regionales de la importancia de un enfoque estricto. Concretamente, desde que la segunda ola de la pandemia azotó el país en el otoño boreal, seguida de una tercera en marzo con la llegada de las variantes.

«Esta tercera ola es quizás la más dura para nosotros», estimó la canciller el lunes, cuando la tasa de incidencia se situaba en 136,4 casos por cada 100.000 habitantes en el país y se superaron los tres millones de infecciones desde el comienzo de la pandemia.

La imposibilidad de imponer un confinamiento estricto en Semana Santa, por lo que tuvo que pedir «perdón» a la población, y la flexibilización de las restricciones en algunas regiones fueron la gota que colmó el vaso para la canciller.

En virtud del proyecto de ley, del que la AFP obtuvo una copia, el Estado federal puede decidir toques de queda desde las 21.00 hasta las 05.00, la reducción de los contactos entre particulares y el cierre de comercios considerados no esenciales, cuando se supere el umbral de 100 nuevos casos por 100.000 habitantes durante tres días.

Por encima de este valor, los colegios solo aceptarán alumnos que realicen dos tests de detección por semana. Cerrarán cuando la incidencia sobrepase 200.

«Actualmente hay más de 300 cantones que superan este umbral [de 100], y en más de 50 la incidencia es superior a 200», afirmó el lunes el portavoz de la canciller, Steffen Seibert.

Críticas

La idea es «llegar lo más rápido posible a una situación con tasas de infección más bajas gracias a las que podremos aligerar las restricciones mediante el uso de tests», resumió.

El proyecto se presentará al gabinete este martes y tendrá que ser ratificado en el mejor de los casos esta semana en la cámara baja del parlamento, el Bundestag, según los deseos del gobierno.

La mayoría de las regiones se han unido a él pero algunas mantienen reservas, como Baja Sajonia, que considera «que tomar el poder de las regiones en medio de una crisis [es] un gran error».

La asociación de ayuntamientos estima por su parte que imponer toques de queda puede ser «problemático a nivel constitucional».

Los Verdes son bastante favorables pero los liberales del FDP, la izquierda radical Die Linke y la extrema derecha de la AfD se oponen al texto, que podría ser adoptado sin pasar por la cámara alta del parlamento, el Bundesrat, según Brinkhaus.

«No necesitamos tener a todos a bordo con nosotros», aseguró.

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Japón verterá al mar agua de Fukushima una vez tratada

La decisión pone fin a siete años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami del 11 de marzo de 2011.

Foto: AFP

Por AFP

/ 13 de abril de 2021 / 02:28

Japón verterá al mar más de un millón de toneladas de agua procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima una vez tratada, anunció este martes el gobierno pese a la oposición de los países vecinos y de los pescadores locales.

La decisión pone fin a siete años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami del 11 de marzo de 2011.

Alrededor de 1,25 millones de toneladas de agua contaminada están almacenadas en más de 1.000 cisternas cerca de la central nuclear, en el noreste de Japón.

El agua será vertida «después de asegurarnos de que se halla a un nivel (de sustancias radiactivas) claramente inferior a los estándares de seguridad», declaró este martes el primer ministro Yoshihide Suga, quien añadió que el gobierno tomará «medidas» para impedir que esto perjudique la reputación de la región.

Urgía tomar una decisión porque el agua se acumula rápidamente: en 2020 el lugar generó cada día unos 140 metros cúbicos de agua contaminada y en el otoño de 2022 se podría llegar a los límites de capacidad de almacenamiento de agua, según Tepco, el operador de la central.

El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas (radionucleidos), pero no el tritio, porque no se puede quitar con las técnicas actuales.

La operación tardará dos años en comenzar y podría tomar décadas.

Fuerte oposición

Se ha dado preferencia a esta opción sobre otras, como la evaporación en el aire o el almacenamiento sostenible.

Los pescadores y los agricultores de Fukushima la critican porque temen que deteriore aún más la imagen de sus productos entre los consumidores.

«La gestión del agua contaminada es un tema que no se puede evitar» en la reconstrucción de Fukushima, declaró Suga a la prensa el miércoles pasado después de reunirse con el jefe de la federación de cooperativas pesqueras de Japón, opuesto categóricamente al proyecto.

El gobierno «nos dijo que no vertería agua [al mar] sin la adhesión de los pescadores», declaró a la cadena de televisión pública NHK Kanji Tachiya, director de una cooperativa pesquera local de Fukushima, este martes por la mañana antes del anuncio de la decisión.

«Ahora vuelven con lo mismo y nos dicen que verterán el agua, es incomprensible», añadió.

«El gobierno japonés ha abandonado una vez más a la gente de Fukushima», reaccionó Greenpeace este martes, criticando una «decisión completamente injustificada de contaminar deliberadamente el océano Pacífico con residuos nucleares».

La organización ecologista Greenpeace ha insistido en que se siga almacenando el agua hasta que la tecnología permita descontaminarla por completo.

Apoyo estadounidense

Al comienzo de 2020, expertos comisionados por el gobierno recomendaron el vertido en el mar, una práctica ya existente en Japón y en el extranjero en instalaciones nucleares activas.

«Hay un consenso entre los científicos sobre el hecho de que el impacto para la salud [de verter al mar agua tritiada] es minúsculo», declaró a la AFP Michiaki Kai, profesor y experto en los riesgos de las radiaciones en la universidad de ciencias de la salud en Oita (suroeste de Japón).

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) también aboga por la opción de diluirla en el mar.

«Tomamos la decisión [del gobierno] en serio», declaró el martes Tomoaki Kobayakawa, jefe de Tepco.

«Tomaremos medidas para evitar que circulen rumores nefastos» contra la agricultura, los bosques, la pesca y el turismo locales, añadió.

Los vecinos de Japón, con los que Tokio mantiene relaciones agitadas por disputas históricas, están descontentos.

China calificó de «extremadamente irresponsable» la decisión de Japón que «dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de los países vecinos».

Corea del Sur ha expresado un «gran pesar» por la decisión que representa «un riesgo para el entorno marítimo».

El gobierno estadounidense, aliado de Tokio, expresó sin embargo su apoyo en un comunicado poco después del anuncio. Japón «sopesó las opciones y los efectos, fue transparente en su decisión y parece haber adoptado un enfoque acorde con las normas de seguridad nuclear reconocidas internacionalmente», señala.

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Presidente de Haití promete un ‘mayor esfuerzo’ ante multiplicación de secuestros

El domingo, la ira se desató en el país más pobre de América ante los secuestros de 10 personas en Croix-des-Bouquets, una ciudad al noreste de la capital, Puerto Príncipe.

Foto: AFP

Por AFP

/ 13 de abril de 2021 / 02:24

El presidente de Haití, Jovenal Moise, prometió hacer un «mayor esfuerzo» para combatir los secuestros en el país luego de una decena de casos, incluidos miembros del clero y ciudadanos franceses, que provocó airadas críticas de inacción al gobierno.

Los secuestros extorsivos han aumentado en los últimos meses en Puerto Príncipe y en el interior de Haití, lo que refleja la creciente influencia de las bandas armadas en la nación caribeña, vecina de República Dominicana.

El domingo, la ira se desató en el país más pobre de América ante los secuestros de 10 personas en Croix-des-Bouquets, una ciudad al noreste de la capital, Puerto Príncipe.

Entre los plagiados figuran siete clérigos católicos -cinco haitianos, así como una monja y un cura franceses- y tres familiares de un sacerdote que no está entre los religiosos secuestrados. Los secuestradores exigen un rescate de un millón de dólares.

Moise prometió que no se rendirá y hará «todo lo que la ley permita» para asegurar la liberación y abordar el problema de manera más amplia.

«Soy consciente de que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo en la batalla contra este desastre que es el secuestro y el crimen organizado en el país», dijo en una ceremonia de inauguración de las instalaciones aduaneras en Puerto Príncipe.

Moise habló después de las duras críticas de la Iglesia católica, que dijo este lunes que Haití descendió «al infierno» y el gobierno hace caso omiso.

«Desde hace algún tiempo, hemos sido testigos del descenso a los infiernos de la sociedad haitiana», dijo la Arquidiócesis de Puerto Príncipe, en un comunicado, en el que afirma que «la violencia de las bandas armadas» está adquiriendo proporciones «sin precedentes».

«Las autoridades públicas, que no hacen nada para resolver esta crisis, no son inmunes a la sospecha. Denunciamos la complacencia y la complicidad de donde venga», añade el comunicado.

El plagio tuvo lugar cuando los religiosos se dirigían «a la instalación de un nuevo párroco», el padre Loudger Mazile, dijo a la AFP el portavoz de la Conferencia Episcopal de Haití, una excolonia francesa.

El caso ha sido confiado a la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado (OCLCO), dijo la fiscalía de París, que tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos contra ciudadanos franceses en el extranjero.

«Estamos negociando»

Los cinco religiosos haitianos pertenecen a la Sociedad Sacerdotal de Santiago, con sede en Francia, confirmó este lunes a la AFP su superior general, Paul Dossous.

«Estamos tratando de rezar mientras también estamos activos. Estamos negociando. El contacto se hace, eso es importante», dijo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia anunció que activó su unidad de crisis tras el secuestro, aunque no dio más detalles «por razones de eficiencia y seguridad».

Las autoridades sospechan que una banda armada activa en la zona, apodada «400 Mawozo», está detrás del secuestro, según fuentes policiales.

«Llantos y temores»

La Conferencia de Religiosos de Haití (CHR) criticó la inacción del gobierno y expresó su «profundo pesar» y «enojo por la situación inhumana que el país atraviesa desde hace más de una década», aludiendo a la violencia de las pandillas y la crisis política.

«No pasa un día sin llantos y temores y, sin embargo, los llamados líderes de este país, mientras se aferran al poder, son cada vez más impotentes», agregó en un comunicado.

«Esto es demasiado. Ha llegado el momento de que cesen estos actos inhumanos», dijo por teléfono el domingo monseñor Pierre-André Dumas, obispo de Miragoâne.

En marzo, el gobierno declaró el estado de emergencia por un mes en ciertos distritos de la capital y una región del interior con el fin de «restaurar la autoridad del Estado» en áreas controladas por pandillas.

La medida fue motivada por el accionar de bandas armadas que «secuestran a personas para pedir rescate, robando y saqueando bienes públicos y privados, y enfrentando abiertamente a las fuerzas de seguridad pública», según el decreto presidencial.

Estos secuestros afectan a los habitantes más ricos, pero también a aquellos bajo el umbral de la pobreza, que constituye la mayoría de la población.

Junto con la violencia delincuencial, Haití sufre una profunda crisis institucional.

Mientras Moise estima que su mandato finalizará el 7 de febrero de 2022, para la oposición y parte de la sociedad civil concluyó el 7 de febrero pasado.

Este desacuerdo se debe a que Moise fue elegido en unos comicios anulados por fraude y reelegido un año después.

Sin un parlamento que funcione, en 2020 el país se hundió en la crisis y el presidente gobierna por decreto, lo que alimenta una creciente desconfianza.

En este contexto, Moise decidió convocar a un referéndum constitucional para junio.

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La muerte de un joven negro a manos de la policía sume a Minneapolis en la tensión

Wright, de 20 años, murió tiroteado por "accidente" cuando conducía por Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis el domingo, según la policía.

Foto: AFP

Por AFP

/ 13 de abril de 2021 / 02:16

Minneapolis vivía el lunes su segunda noche de protestas pese al inicio de un toque de queda en esta ciudad del norte de Estados Unidos, agitada tras la muerte supuestamente accidental de un joven negro a manos de una policía, mientras se desarrolla el juicio por el asesinato de George Floyd.

Más temprano, el presidente Joe Biden se pronunció sobre el incidente ocurrido el fin de semana, en el que murió el afroestadounidense Daunte Wright, y dijo que las manifestaciones pacíficas son comprensibles.

Sin embargo, dijo que «no hay absolutamente ninguna justificación» para los pillajes.

Después de protestas la noche del domingo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, decretó un toque de queda que entró en vigor desde las 19.00 (00H00 del lunes, también en la vecina Saint Paul y en los tres condados del área metropolitana, incluyendo Hennepin, donde ocurrió el incidente.

Wright, de 20 años, murió tiroteado por «accidente» cuando conducía por Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis el domingo, según la policía.

Los agentes habían ordenado detener al conductor del vehículo por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo.

Al toque de queda se suma el despliegue de un millar de soldados de la Guardia Nacional para evitar más desbordes.

Pero, haciendo caso omiso a la disposición de la alcaldía, decenas de manifestantes continuaron agitando sus pancartas y cantando consignas bajo la lluvia, frente a la estación de policía de Brooklyn Center City.

El lunes, el comandante de la policía de esa localidad, Tim Gannon, señaló que el incidente fue «accidental», y dijo que la agente involucrada no quería disparar, pero que confundió su arma de fuego con su pistola inmovilizadora o taser.

«Fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte» de Wright.

La policía, que según su superior era una agente experimentada, fue suspendida y su nombre no ha trascendido.

Muerte por asfixia

Esta nueva muerte de un ciudadano negro a manos de la policía revivió el trauma de una ciudad que sufrió varias noches de incidentes tras la muerte de George Floyd, un afroestadounidense, el pasado 25 de mayo.

En la noche del domingo la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a una multitud afuera de la estación de policía local.

Tras los incidentes, la defensa del exagente acusado por la muerte de Floyd, Derek Chauvin, le pidió al juez que dirige el proceso que aislara al jurado, preocupado de que las protestas pudieran influir en su decisión.

Pero tanto la fiscalía como el juez se negaron a aislar al jurado.

«Los vamos a aislar el lunes, que es cuando anticipamos los alegatos de cierre», indicó el magistrado.

Chauvin enfrenta cargos de asesinato y homicidio por su rol en la muerte de Floyd, después de inmovilizarlo colocándole su rodilla en el cuello cuando le arrestaba por supuestamente haber pagado con un billete falso.

Varios videos muestran a Chauvin presionando el cuello de Floyd durante más de nueve minutos mientras éste le dice en reiteradas ocasiones que no puede respirar.

Las imágenes desataron una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos y alrededor del mundo.

La fiscalía busca probar que la muerte de Floyd se produjo por asfixia causada por la acción de Chauvin durante el arresto y para ello han llamado al estrado a varios médicos.

Por su parte, la defensa argumenta que el fallecimiento está relacionado con el consumo de fentanilo, encontrado en la sangre de Floyd, sumando a factores de salud.

El lunes testificó el reconocido cardiólogo Jonathan Rich, quien afirmó que la muerte se debió a los bajos niveles de oxígeno inducidos por «asfixia posicional» a la que fue sometido.

«No veo ninguna evidencia de que una sobredosis de fentanilo haya provocado la muerte de Floyd», afirmó Rich.

«Un hijo de mamá»

Además, fue interrogado Philonise Floyd, uno de los hermanos del fallecido.

El hermano de Floyd contó, con la ayuda de sus fotos familiares, sobre la predilección de George por los bocadillos de mayonesa y banana, su afición por el deporte y su cercanía con su madre, muerta en 2018. «Era un hijo de mamá», dijo con lágrimas.

En tanto, la poderosa organización de derechos civiles ACLU indicó que el fallecimiento de Wright es una de las 260 muertes provocadas por la policía en lo que va de 2021.

«¿Qué es lo que tiene que pasar para que las fuerzas del orden dejen de matar a personas de color?», dijo en un comunicado Ben Crup, el abogado de la familia Floyd, que también representará a los deudos de Wright.

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El jefe de la ONU deplora el fracaso del multilateralismo ante la pandemia del virus

"Promover una respuesta y una recuperación global equitativa de la pandemia está poniendo a prueba el multilateralismo", dijo Guterres en un discurso ante el Foro de Financiamiento para el Desarrollo del organismo mundial.

Foto: AFP

Por AFP

/ 13 de abril de 2021 / 02:13

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo una dura evaluación el lunes del fracaso de la comunidad internacional para afrontar la pandemia de forma coordinada, al señalar que el multilateralismo ha fallado tanto en la distribución de vacunas como en las medidas de rescate económico.

«Promover una respuesta y una recuperación global equitativa de la pandemia está poniendo a prueba el multilateralismo», dijo Guterres en un discurso ante el Foro de Financiamiento para el Desarrollo del organismo mundial.

«Hasta ahora, es una prueba en la que hemos fallado», indicó.

El jefe de Naciones Unidas señaló, como ejemplo de ese fracaso, que solo una decena de países está recibiendo aproximadamente el 75% de las vacunas disponibles en el mundo.

«Muchos países aún no han comenzado a vacunar a sus trabajadores de la salud y a los ciudadanos más vulnerables», dijo Guterres.

«Una brecha global de vacunas amenaza la salud y el bienestar de todos», agregó. Y pidió: «Necesitamos un acceso equitativo a las vacunas para todos, en todas partes».

Una «falta de solidaridad» similar en el frente de la recuperación económica significa disparidades masivas entre los países mientras luchan contra la pandemia, indicó Guterres.

Si bien algunas naciones han movilizado paquetes de ayuda de varios billones de dólares, muchos estados en desarrollo enfrentan «cargas de deuda insuperables que pondrán [los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU] completamente fuera de alcance si no se corrigen», señaló Guterres.

Incluso en 2019, antes de la pandemia, 25 países gastaban más en el servicio de la deuda que en educación, salud y servicios sociales combinados, precisó el jefe de la ONU.

Según Guterres, «la asistencia para el desarrollo es más necesaria que nunca», e instó a los donantes y a las instituciones internacionales a que «den un paso adelante».

Naciones Unidas saludó al apoyo del G20 a una postergación de la suspensión temporal de los pagos del servicio de la deuda, pero pidió «una mayor extensión hasta el 2022».

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