La Contraloría de Venezuela, de línea oficialista, informó el miércoles que inhabilitó políticamente a cinco opositores, dos alcaldes en ejercicio y tres exdiputados, que se suman a una extensa lista de dirigentes que incluye a la líder María Corina Machado.

Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo. Apuntó a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas; aun así quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.

Las sanciones se anunciaron por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas; así también a José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).

También quedaron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017). Se sancionó por 12 meses al exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017. 

Leer también: Arce, Ortega y Díaz-Canel acompañan a Maduro en cumbre ALBA en Venezuela

Opositores

Las resoluciones donde están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial.

Capriles, Ocariz, Guanipa y Caldera forman parte del partido Primero Justicia (PJ). Su control se otorgó al disidente José Brito, señalado como colaboracionista del gobierno, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tachado de ser afín al chavismo gobernante.

Los cinco inhabilitados son «potenciales candidatos a cargos regionales y parlamentarios», indicó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, en un mensaje en X. 

En 2025 deben celebrarse elecciones a alcaldes y gobernadores en Venezuela.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió archivar una investigación sobre la estadía del expresidente Jair Bolsonaro en la embajada de Hungría en Brasilia, al no encontrar pruebas de que tuviera intenciones de solicitar asilo para eludir a la justicia.

«No hay elementos concretos que indiquen, efectivamente, que el investigado pretendía la obtención de asilo diplomático para evadirse del país y, consecuentemente, perjudicar la investigación criminal en curso», consideró el magistrado Alexandre de Moraes en su resolución difundida este miércoles.

Bolsonaro (2019-2022) es investigado como sospechoso de planear un golpe de Estado para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023. 

En el marco de esa pesquisa, lanzada el 8 de febrero, a Bolsonaro se le prohibió salir del país; además, la policía le retiró el pasaporte.  

Pero en marzo, el diario estadounidense The New York Times reveló que el exmandatario ultraderechista ingresó en la sede diplomática húngara el 12 de febrero y se retiró el 14, dos días después. 

Esto motivó la apertura de una investigación judicial sobre el episodio. 

Leer también: Arce, Ortega y Díaz-Canel acompañan a Maduro en cumbre ALBA en Venezuela

Bolsonaro

No obstante, en su estadía «no hay una desatención a las medidas cautelares impuestas» a Bolsonaro, concluyó Moraes, al negar que la embajada represente una extensión de territorio extranjero y, por tanto, una violación de la restricción.

La defensa de Bolsonaro había confirmado la visita. La justificó diciendo que había sido en atención a una invitación en la que el expresidente «conversó con numerosas autoridades del país amigo; además, actualizaron los contextos políticos de los dos países».

«Cualquier otra interpretación (…) es parte de la ficción», indicaron entonces los abogados.

La policía lanzó la operación Tempus Veritatis (la hora de la verdad, en latín). Estaba dirigida contra Bolsonaro y varios de sus estrechos aliados, incluidos exministros, por la supuesta trama golpista.

Bolsonaro lo niega. Dice ser víctima de una «persecución», argumento que reiteró el domingo en Rio de Janeiro, donde encabezó una manifestación para defender la «libertad de expresión». 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, consideró este miércoles «horrendas» las protestas propalestinas en las universidades estadounidenses y pidió actuar para que sean «detenidas».

«Lo que ocurre en los campus universitarios estadounidenses es horrendo. Turbas antisemitas se apoderaron de las principales universidades», declaró el mandatario conservador israelí en un comunicado.

«Esas manifestaciones llaman a la destrucción de Israel, atacan a estudiantes judíos, atacan a profesores judíos, recuerdan lo que ocurría en las universidades alemanas en los años 1930», agregó.

«Es algo inadmisible. Tiene que detenerse». afirmó.

Varias universidades estadounidenses se convirtieron en focos de protesta contra la ofensiva militar israelí lanzada por Israel en Gaza, en respuesta a la letal incursión de comandos islamistas en su territorio el 7 de octubre.

Algunos estudiantes y profesores acusan a los manifestantes de actos y discursos antisemitas, algo que otros niegan, denunciando tentativas de cercenar la libertad de expresión. 

Esa acusación se acentuó con la detención en los últimos días de un centenar de estudiantes en universidades de Nueva York, en intervenciones policiales solicitadas por las autoridades académicas.

Leer también: Sube a 34.262 la cifra de palestinos muertos en la guerra de Gaza

Protestas propalestinas

Dos presidentas de universidades, entre ellas la de Harvard, renunciaron a sus cargos hace unos meses, tras acusaciones de no actuar con determinación frente al antisemitismo.

La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre. Comandos islamistas mataron a 1.170 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales. 

En respuesta, Israel lanzó una operación militar. Hasta ahora ha dejado 34.262 muertos, en su mayoría civiles, según el ministerio de Salud del territorio, gobernado por el movimiento islamista Hamás.

En el ataque del 7 de octubre, más de 250 personas resultaron secuestradas, de las que 129 siguen cautivas en Gaza. Israel estima que 34 de ellas fallecieron.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este miércoles que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta «corrupción».

«Necesito parar y reflexionar» sobre «si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor», señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.

Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá «ante los medios de comunicación (…) el próximo lunes, 29 de abril» para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.

La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril. Todo ante una denuncia de Manos Limpias, con colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las diligencias son «secretas», indicó la corte.

Lea también: Sánchez reflexionará su continuidad en el Gobierno tras la investigación a su esposa

Investigación

Sánchez, de 52 años, reelegido por el Congreso en noviembre, defendió la inocencia de su esposa. Afirmó que la denuncia se enmarca en una «estrategia de acoso y derribo» en su contra de «medios de marcada orientación derechista y ultraderechista».

«No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (…), sino por ser mi esposa», escribió Sánchez.

«Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes», agregó.

(24/04/2024)

Estados Unidos envió misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania «este mes», incluso antes de que el Congreso estadounidense aprobara el martes un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev, anunció el miércoles el Departamento de Estado.

Este envío se hizo «por petición directa del presidente» Biden, declaró Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado. Añadió que los misiles, que formaban parte del paquete de ayuda a Ucrania anunciado el 12 de marzo, han «llegado a Ucrania este mes».

También consulte: Biden anuncia que comenzará a enviar ayuda militar a Ucrania ‘en las próximas horas’

Ayuda militar

La ley, que prevé 61.000 millones de dólares en ayuda militar y económica para Kiev, «reforzará la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo», dijo el presidente estadounidense, que reconoce que el proceso legislativo ha sido «difícil».

«No nos inclinamos ante nadie. Y ciertamente no ante (el presidente ruso) Vladimir Putin», dijo el demócrata de 81 años.

«No abandonamos a nuestros aliados, los apoyamos. Tampoco dejamos que ganen los tiranos, nos oponemos a ellos. No nos quedamos mirando cómo cambia el mundo, le damos forma», prosiguió, y alabó el consenso político alcanzado entre los demócratas y algunos republicanos, tras meses de difíciles negociaciones sobre el texto.

Dato

El proyecto recibió el martes el respaldo del Senado, días después de ser aprobado por la Cámara de Representantes.

En las redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expresó su agradecimiento al Senado «por aprobar una ayuda vital para Ucrania».

El Kremlin restó importancia a la ayuda. Estas armas «no cambiarán la dinámica en el frente», declaró el miércoles el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

(24/04/2024)