Autoridades de Colombia informaron el viernes que los sospechosos del asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, abatido a balazos en una playa del Caribe colombiano el mes pasado, fueron capturados y serán llevados ante la justicia.

El presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Estados Unidos, anunció la noticia en una declaración en video, en tanto su homólogo de Paraguay, Mario Abdo, agradeció en Twitter el apoyo de los organismos colombianos en las pesquisas.

Pecci fue asesinado en la playa de Barú, muy cerca de Cartagena, el 10 de mayo, mientras disfrutaba de su luna de miel. Se había casado el 30 de abril con la periodista Claudia Aguilera, quien está embarazada.

El fiscal, de 45 años, investigaba casos de narcotráfico y crimen organizado. Su asesinato, cometido por sicarios que le dispararon desde motos de agua, conmovió a la sociedad paraguaya.

«En una operación de trabajo compartido por parte de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, y también con la colaboración de las autoridades paraguayas, hemos capturado a todos los presuntos involucrados, incluyendo al autor material, del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, fiscal de Paraguay», dijo Duque.

Desde la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, el presidente colombiano expresó su solidaridad con la familia del fiscal y con el pueblo paraguayo, y felicitó la celeridad de la actuación de las autoridades «para mostrarle al mundo que nadie está por encima de la ley».

«Esta es una operación de inteligencia, de trabajo meticuloso que nos ha permitido llegar a esta estructura criminal, y estos criminales serán puestos a disposición de un juez de control de garantías», aseguró.

«La evidencia con que se cuenta es importante, robusta. Se ha hecho una labor de pesquisa de investigación al detalle y quiero felicitar el trabajo compartido», agregó.

Precisó que los detalles sobre las capturas se harán públicos una vez que termine el proceso de legalización de las detenciones y pasen por la revisión del juez.

«Creemos que con este importante paso se va a esclarecer este horrendo crimen y todos los que participaron en él tendrán su merecido», subrayó Duque, antes de partir a Reno, Nevada, para participar en una reunión de alcaldes estadounidenses.

Cinco detenidos en Medellín

«Agradecemos el compromiso de los organismos del Estado colombiano», tuiteó de su lado el presidente paraguayo.

«La investigación sobre la trágica muerte del fiscal Marcelo Pecci, en la que policías y fiscales de ambos países trabajan cooperativamente buscando justicia, avanza con la captura de los sospechosos de su muerte», dijo Abdo.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó en Twitter que cinco personas fueron capturadas este viernes en Medellín en el marco de las investigaciones por el asesinato de Pecci.

«Mediante dos diligencias de allanamiento y registro realizadas por parte del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía y de la policía nacional, fueron capturadas cinco personas en la ciudad de Medellín por su presunta participación en el homicidio del señor Marcelo Pecci», señaló en un video.

Barbosa agregó que en las próximas horas todos los detenidos serán puestos a disposición de la justicia con solicitud de medidas de aseguramiento.

Especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Pecci había investigado a los grupos criminales de origen brasileño Primeiro Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera con Brasil y Argentina.

También estuvo a cargo de casos de fuerte repercusión en los medios, como el secuestro y asesinato en 2005 de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro retirado del fútbol brasileño Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de pasaporte paraguayo.

Colombia incentiva la vacunación contra el covid-19 y puede llegar a imponer restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas, advirtió el jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, de visita esta semana en Washington.

El gobierno de Iván Duque considera que todas las personas en Colombia deben vacunarse en aras de la protección colectiva.

«El principio fundamental del plan de vacunación colombiano no es el derecho individual sino el interés general», explicó Ruiz en entrevista con la AFP.

«Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras personas a protegerse de la enfermedad», señaló.

Ruiz se mostró afín a exigir en el futuro la presentación de un certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes, centros comerciales, hospitales y transportes públicos.

«Es una medida perfectamente posible y razonable bajo la primacía del derecho colectivo a la salud», afirmó.

El ministro, un médico cirujano de 62 años con maestría en economía y doctorado en salud pública, también enfatizó la necesidad de usar mascarilla para frenar la propagación del virus, tanto en espacios públicos cerrados como abiertos.

«El mensaje que le estamos mandando a la población colombiana es: ‘No nos podemos quitar la mascarilla hasta que no estemos completamente vacunados'», dijo, subrayando la gran dificultad que supone reimponer el uso del tapabocas una vez que dejó de exigirse.

Más de 11,6 millones de personas han completado el esquema de vacunación anticovid en Colombia, lo cual representa el 30% de la meta de tener 35 millones de personas totalmente inmunizadas para diciembre.

Colombia empezó a inocular en febrero, un poco más tarde que otros países, pero ya se ubica tercero en Latinoamérica, detrás de Chile y Uruguay, en proporción de su población completamente vacunada, destacó Ruiz.

El país sudamericano, que está aplicando las vacunas de Pfizer, Sinovac, J&J, AstraZenca y Moderna, analiza administrar un refuerzo para quienes recibieron la china Sinovac.

«Es muy factible que lo hagamos», dijo Ruiz. Y para esa tercera dosis, «quisiéramos tener una vacuna de la plataforma de ARN mensajero, ya sea Pfizer o Moderna», agregó.

Preocupación por Delta

Ruiz no negó su preocupación por la detección el pasado fin de semana en Colombia de la variante Delta, inicialmente reportada en India y muy contagiosa.

«Todavía no hay transmisión comunitaria de Delta, pero obviamente es muy difícil contenerla», dijo. «En Colombia tenemos una variante predominante, que es la B1.621. Estamos viendo cómo se comporta Delta frente a ella».

La variante B1.621, identificada por primera vez en enero en Colombia y altamente transmisible, es considerada una Variante de Interés con impacto aún incierto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diferencia de Delta, que está etiquetada como una Variante de Preocupación con impacto significativo.

La aparición de Delta se produce cuando las infecciones están disminuyendo en Colombia luego de «un abrupto crecimiento en el número de contagios», que Ruiz atribuyó en gran parte a las masivas movilizaciones sociales que estallaron en el país desde fines de abril.

«Llegamos a tener en el pico máximo cerca de 700 muertes diarias reportadas y en este momento estamos en unas 300. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero vamos bajando mucho y los servicios de salud están más liberados», sostuvo el ministro.

Con 50 millones de habitantes, Colombia acumula más de 119.000 muertos y 4,7 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y es el cuarto país de las Américas con el mayor número de fallecidos, detrás de Brasil, México y Estados Unidos.

En Washington, adonde vino a agradecer al gobierno de Joe Biden la donación de seis millones de vacunas, Ruiz se reunió con su contraparte estadounidense, Xavier Becerra, con quien analizó, entre otros temas, los retos que supone la crisis migratoria venezolana.

En Colombia hay unos 800.000 migrantes venezolanos regularizados, que están siendo vacunados junto al resto de la población, explicó, pero poco más de un millón aún deben ser incluidos en el sistema en el marco del estatuto de protección temporal aprobado por el gobierno.

«Necesitamos vacunar a estas personas», resaltó Ruiz, quien para eso busca el apoyo de la cooperación internacional. Reconoció que no son tiempos fáciles para un ministro de Salud.

«A mí me quita el sueño el covid, me quita el sueño no tener totalmente vacunada a la población en Colombia. Creo que es lo más importante en este momento», confesó.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró que los opositores detenidos en su país son «agentes» de Estados Unidos que querían derrocarlo, mientras la CIDH atribuyó los arrestos a «una nueva fase de la represión» en la nación centroamericana, a cinco meses de las elecciones.

Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por «incitar a la injerencia extranjera» y «aplaudir sanciones» contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.

Pero, para el gobernante, no se trata de «candidatos» ni «políticos» sino de «criminales» que atentaron «contra la seguridad del país», al tratar de organizar un «golpe de Estado».

«Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento», dijo. Los acusó de ser «agentes del imperio yanqui», que «conspiran contra Nicaragua, para derrocar al gobierno».

«Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato», aseguró Ortega, quien había mantenido silencio desde que inició la ola de arrestos en el país.

En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que «no hay un paso atrás, solo hacia adelante».

«Criminales»

Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

Para el gobierno de Ortega esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.

«No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril [en alusión a las protestas de 2018], eso es lo que se está investigando y se castigará tal y como lo mandan las leyes», sostuvo.

Las detenciones le han valido al gobierno sanciones de Estados Unidos y la condena de la comunidad internacional. Ortega aseguró que sus opositores están «de rodillas pidiendo sanciones, ante el imperio yanqui».

«Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua», agregó.

CIDH: Grave escalamiento

Antes del discurso de Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA sobre un «grave escalamiento» de la situación en Nicaragua con la detención de los opositores.

«Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de la represión de cara a las próximas elecciones, que pone en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes», afirmó.

Urrejola recordó que la CIDH señala el quebrantamiento del Estado de derecho en Nicaragua desde 2018, cuando la respuesta del gobierno de Ortega a multitudinarias protestas en su contra tuvo conductas que «deben considerarse crímenes de lesa humanidad».

El «estado de excepción de facto» en Nicaragua no sólo se mantiene, sino que ahora se ha «intensificado», aseguró.

Urrejola señaló la «aprobación de leyes contrarias al derecho internacional», «falta de garantías judiciales mínimas», «arbitrariedad» del gobierno e «impunidad generalizada».

«Que no ose la CIDH (…) venir a cuestionar nuestra institucionalidad», dijo el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, y consideró «falaz y mal intencionado» el reporte de Urrejola.

«El verdadero objetivo maquiavélico de estos informes no creíbles y vilipendiosos es facilitar condenas y linchamientos políticos en la OEA, presiones diplomáticas y la aplicación de medidas unilaterales violatorias del derecho internacional», aseguró.

Una resolución de condena de la OEA a los recientes hechos en Nicaragua fue aprobada el 15 de junio con el apoyo de 26 de los 34 miembros activos.

Protección

En redadas iniciadas el 2 de junio, la policía detuvo a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y favorita para enfrentar una posible candidatura de Ortega.

También a los aspirantes Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y Félix Maradiaga.

Entre los opositores detenidos, Urrejola destacó la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
La CIDH solicitó a la Corte IDH proteger con medidas provisionales a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a Violeta Granera (activista) y José Adán Aguerri (empresario).

La CIDH, con sede en Washington, ya había emitido medidas cautelares para ellos en 2018 y 2019.

Las medidas provisionales de la Corte IDH, con sede en Costa Rica, se dan «en casos de extrema gravedad y urgencia» y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros.

Durante la sesión de la OEA, el representante de Estados Unidos, Bradley Freden, citando al secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que «es hora de que el régimen de Ortega-Murillo cambie de rumbo» y «permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó el miércoles tranquilizar a la población y a los mercados, preocupados por la propagación del nuevo coronavirus, minimizando el riesgo para el país, pero sin descartar nuevas restricciones de viaje.

El mismo día en que las autoridades dijeron haber identificado el primer caso en Estados Unidos de origen desconocido, el mandatario recalcó que el contagio "no es inevitable".

"No creo que sea inevitable. Creo que existe la posibilidad de que pueda empeorar, una posibilidad de que pueda empeorar bastante, pero nada es inevitable", dijo Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca, al anunciar que nombró al vicepresidente Mike Pence para dirigir la respuesta a la enfermedad.

Flanqueado por Pence, a quien consideró un "experto" por haber liderado en 2014 la lucha contra otro coronavirus, el MERS, cuando era gobernador de Indiana, y por las principales autoridades sanitarias, Trump saludó las primeras medidas tomadas, como la prohibición de ingreso al país de extranjeros que en las últimas dos semanas estuvieron en China, origen de la epidemia.

Trump dijo sin embargo que decidiría "a su debido tiempo" si suma a la lista a Corea del Sur e Italia. Corea del Sur tiene casi 1.600 casos, el mayor número fuera de China, mientras que Italia tiene 400. Ambos países han reportado 12 muertes.

El miércoles por la noche, el Departamento de Estado elevó su nivel de precaución de viaje para Corea del Sur al segundo más alto, instando a los estadounidenses a reconsiderar ir a ese país.

Consultado sobre Brasil, que este miércoles anunció el primer caso de coronavirus en América Latina, Trump dijo que se fortalecieron las medidas de control aunque no detalló cuáles, y enfatizó su buena relación con su homólogo Jair Bolsonaro.

El secretario de Salud, Alex Azar, advirtió por su parte que si bien el avance del nuevo coronavirus en el país permanece contenido, la situación podría escalar. "El grado de riesgo tiene el potencial de cambiar rápidamente, y podemos esperar ver más casos en Estados Unidos", dijo.

Estados Unidos está preparado para intensificar su respuesta en "mucho mayor escala" de ser necesario, aseveró Trump, y dijo que en algunos estados los hospitales están liberando habitaciones y construyendo áreas de cuarentena y el gobierno ha "ordenado" muchas máscaras protectoras "por si acaso".

Caso en California

Trump prometió además gastar "lo que sea apropiado" para responder al nuevo virus. El gobierno solicitó al Congreso 2.500 millones de dólares en fondos para tratamientos, vacunas y equipamiento esencial, pero el presidente republicano dijo que con gusto gastaría más si la oposición demócrata lo ofrecía.

Legisladores demócratas acusaron al gobierno por tratar de recortar fondos para las agencias de salud pública en su propuesta de presupuesto para 2021, incluido el servicio federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Trump se pronunció un día después de que un alto funcionario de salud pública advirtiera que es inevitable que la enfermedad COVID-19 se propague en Estados Unidos.

El CDC llamó el martes a los estadounidenses a prepararse para cancelar eventos e instó a las escuelas y empresas a desarrollar planes de teletrabajo, en medio de advertencias de la OMS que los países no están listos para contener un brote que ha infectado ya a 80.000 personas en 34 países, principalmente en China, y causado la muerte de más de 2.700.

Hasta el miércoles, había 60 casos en Estados Unidos: 15 detectados a través del sistema de salud pública y 45 repatriados desde el extranjero, tanto desde un crucero frente a Japón como desde Wuhan, la ciudad china donde se identificaron los primeros casos.

El CDC dijo que el último caso detectado en California "no tenía antecedentes de viaje relevantes o exposición a otro paciente conocido", con lo cual podría representar la primera instancia de "propagación comunitaria" en Estados Unidos, aunque esto aún no se confirmó.

Una "propagación comunitaria" significa que se desconoce la fuente de infección.

Las acciones de Wall Street terminaron principalmente a la baja el miércoles, estabilizándose un poco después de una caída de dos sesiones en medio de crecientes preocupaciones sobre el impacto económico de la epidemia de coronavirus. (27/02/2020)

Julián Castro, el único aspirante hispano a desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca en 2020, abandonó el jueves la carrera por la nominación presidencial demócrata tras no lograr despegar en las encuestas luego de casi un año en liza.

"He determinado que simplemente no es nuestro momento", dijo Castro al anunciar su retiro "con gran pesar y profunda gratitud" en un video de tres minutos publicado en su cuenta de Twitter, que comenzó y finalizó en español.

Nieto de una inmigrante mexicana que llegó huérfana a Estados Unidos cuando era una niña, este abogado de 45 años dijo estar "muy orgulloso" de todo lo logrado y prometió seguir "luchando por un Estados Unidos donde todos cuenten, una nación donde todos puedan obtener un buen trabajo, buena atención médica y un lugar decente para vivir".

"íGanaremos un día!", afirmó.

En el video, Castro nombró en particular a los latinos y afroamericanos víctimas de violencia policial en los últimos años, quienes, dijo, "merecen justicia sin importar el color de su piel", un tema recurrente durante su campaña, al igual que la reforma migratoria.

Hermano gemelo del congresista Joaquín Castro, el candidato había ganado protagonismo en el primer debate televisado de la interna demócrata en junio pasado, con su planteo de revaluar las restricciones de inmigración vigentes desde 2017 y eliminar la ley que criminaliza el ingreso ilegal a territorio estadounidense.

En "Un viaje improbable: Mi despertar del sueño americano", sus memorias publicadas en 2018, Castro relató una infancia difícil en un barrio pobre donde creció criado por Rosie Castro, una madre soltera y activista por los derechos de los inmigrantes hispanos.

El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Barack Obama, oriundo de San Antonio, Texas, ciudad de la cual fue alcalde, fue uno de los primeros en anunciar su candidatura en la interna demócrata en enero del año pasado.

Pero al retirarse no lograba más que 1,2% de intención de voto a nivel nacional, según el promedio del sitio especializado RealClearPolitics.

Hace meses que la campaña de Castro parecía estar acercándose al final, en medio de los esfuerzos del candidato por recaudar suficiente dinero para mantenerse en el ruedo sin alcanzar adhesiones significativas.

El "Obama latino"

Apodado el "Obama latino" por su elocuencia y presencia ante cámaras, Castro estudió con su hermano en la Universidad de Stanford y se graduó en la Escuela de Derecho de Harvard.

De los más de 20 contendientes demócratas que aspiraban a disputar la reelección a Trump, solo quedan 14.

La senadora negra Kamala Harris y el excongresista Beto O'Rourke, un carismático texano cercano a la comunidad hispana, también renunciaron en los últimos meses.

El video en el que anunció su salida,  Castro repasa su recorrido proselitista y sus esfuerzos para atender los problemas migratorios, raciales y sociales del país, en imágenes que parecen expresar su frustración ante la disminución de la diversidad en el campo demócrata.

Su salida es un golpe en ese sentido, en una interna dominada por hombres blancos septuagenarios: el exvicepresidente de Obama, Joe Biden, de 77 años, y el senador independiente Bernie Sanders, de 78.

"Su voz y campaña fueron invaluables para defender a las comunidades subrepresentadas", dijo el jueves el senador Cory Booker, el único candidato afroamericano entre los 10 primeros en carrera.

Biden, un moderado con amplia trayectoria política, lidera la contienda demócrata con un 28,3% de apoyo según los sondeos, seguido de Sanders (19,1%) y de la senadora Elizabeth Warren (15,1%), ambos con una postura mucho más a la izquierda que él.

Pete Buttigieg (8,3%), hasta el miércoles alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, es visto sin embargo como la revelación de la interna. Exmilitar y abiertamente declarado homosexual, este político de 37 años encabeza las encuestas en Iowa, el primer estado que inaugura las primarias demócratas el 3 de febrero.

Castro, cuyo nombre circuló como posible vicepresidente de Hillary Clinton en 2016, no dijo cuál será su próximo paso, pero muchos aseguran que seguirá en la arena política.

"Continuarás siendo un líder en nuestro partido y en nuestro país durante muchos años", tuiteó Warren. (02/01/2020)